Redefinir la gestión pública

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “gestión” como la acción y efecto de gestionar; acción y efecto de administrar.

La gestión pública se define como la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado; esto incluye el recurso humano, los recursos financieros, el cumplimiento de las normas y procesos establecidos, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y promover el desarrollo económico, social del Estado.

La palabra “administración” tiene su origen etimológico en la expresión latina (para) “ministrare” (servir), a su vez proviene la expresión “minister”, que es una palabra compuesta por “minis comparativos de inferioridad y sufijo “ter”, que significa subordinación u obediencia, administrar sería realizar una función o servicio para otro.

La Administración Pública se enmarca en una realidad social de personas, organización, presupuestos y administradores, para Caupers, “la administración pública debe ser considera a nivel macroestructural, y un conjunto de microorganizaciones: la microorganización se presenta como una forma estable de compartir misiones encaminadas al cumplimiento de uno o algunos de los fines de la colectividad”.

En perspectiva con las definiciones delineadas, el Estado panameño tiene una debilidad continua que muy pocos Gobiernos han querido erradicar, misma que ha sido un obstáculo para el desarrollo integral del país. El Estado tiene grandes deficiencias en la forma de administrar los recursos, en gran medida ante la falta de un desarrollo integral de una carrera pública, el abuso de poder y el exceso de discrecionalidad.

Para Víctor Lapuente y Carl Dahlstrom, autores del libro Organizando El Leviatán: “el abuso de poder será más habitual si en el nivel superior de una administración todo el mundo tiene los mismos intereses, porque nadie se interpondrá entre ellos y la corrupción y otros intereses personales. Por lo tanto, es vital mantener una separación entre las trayectorias profesionales de los políticos y las carreras de los burócratas, puesto que son dos grupos significativos que se encuentran en lo más alto del Gobierno”.

En el informe del PNUD sobre el Servicio Civil en Panamá, publicado en el 2019, la calidad del funcionariado es un prerrequisito para la implementación exitosa de las reformas económicas y sociales necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ellos están al frente de las instituciones, interactuado de manera cotidiana con el resto de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y con las empresas, de manera que su calidad integral afecta los servicios que prestan.

La situación de la gestión pública panameña, en primer lugar, conduce en ver el modelo desde la perspectiva jurídica, la República mantiene la organización básica con la división de poderes; además, la Constitución consagra las normas rectoras de organismos estatales esenciales para el funcionamiento del Estado. Esta normativa constitucional de principios rectores de algunas instituciones tiene su génesis en la debilidad institucional; buscar blindaje para impedir la intromisión político-partidista en el núcleo de dichas instituciones, como la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público; pero, en la práctica, sabemos que existen los medios para saltar esos blindajes, y actuar fuera del marco de un buen Gobierno.

Más allá de ello, y de enunciar los principios rectores en que se debe enfocar el servidor público, el Estado panameño carece de una línea de dirección y estructuración sobre la gestión administrativa, que esté al acceso de los ciudadanos, como principal socio de la República.

El principal problema, en mi concepto, de la administración pública panameña es que no se logra identificar cuál es el modelo de gestión que aplicamos, lo que trae como resultado el incumplimiento de las políticas públicas y la falta de estrategias en la resolución de los problemas nacionales. Bien lo define el economista Guillermo Chapman Jr., en su informe titulado: Hacia una nueva visión económica y social de Panamá: “Lo típico en nuestro país es que cada administración gubernamental, cuando inicia su gestión, desecha las políticas del Gobierno anterior y despide al personal que las ejecutaba para nombrar a sus partidarios”.

Peter Schröder, señala que el debate sobre la prestación de servicios de la administración pública se caracteriza mundialmente por la insatisfacción. Tanto políticos como ciudadanos, e incluso, de forma creciente, los empleados mismos de la administración pública la critican con frases como: “demasiado lenta”, “demasiado cara”, “demasiado alejada de las necesidades de las personas”, “corrupta”, “de mala calidad” y “derrocha recursos financieros y humanos”.

Debemos aprender que la administración pública surge como una característica del Estado moderno, se desarrolla en el ejercicio de tener un buen funcionamiento de los servicios públicos, en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; tomando en cuenta que son muchos los requerimientos, y pocos o mal distribuidos los recursos para mantener la paz social y el orden público entre los ciudadanos.

La gestión pública en las sociedades democráticas se debe caracterizar en la capacidad eficiente de dar respuesta a los problemas complejos que se presentan a diario en los espacios sociales, tales como educación, seguridad ciudadana, salud, vivienda, medio ambiente y transporte, entre muchos otros. La gestión pública es responsable de producir y desarrollar estrategias para llevar a cabo una acción conveniente y eficaz. Una reforma del Estado debe enfocarse en el papel adecuado del Gobierno y la sustancia de las políticas públicas. Para ello, es importante realizar una revisión de los sectores del Estado, su núcleo estratégico, las actividades exclusivas, los servicios no exclusivos del Estado, los sectores de producción, observando con ello el modelo de gestión entre lo burocrático y lo gerencial.

Es impostergable fortalecer los principios que rigen la Administración Pública, necesitamos un Gobierno con liderazgo efectivo, que practique la transparencia, evaluación de resultados, acceso a la información pública, rendición de cuentas; esto es fundamental en el fortalecimiento, la confianza y la apertura entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, lo cual traerá como resultado la redirección de la búsqueda del bienestar colectivo, el respeto de los derechos e intereses legalmente protegidos de los ciudadanos y la reconstrucción del Estado panameño en el siglo XXI.