• 09/04/2022 00:00

El rampante juegavivo en el acero

“[...] estas empresas inescrupulosas no están pagando nada, lo que afecta en gran medida las finanzas del país, [...]”

A tres meses del inicio del nuevo año, hay situaciones y malas prácticas que no han cambiado. Por lo menos, esta es la realidad que se vive en la industria de acero y derivados.

Desde hace cinco años, al menos, siete importadores de diferentes materiales de acero han declarado valores arancelarios ridículamente bajos. Declaran 300 dólares cuando el valor es 1500.

Por ende, no están pagando el impuesto arancelario, tampoco pagan el Impuesto de Traslado de Bienes Materiales y Servicios (ITBMS) y, como paso siguiente, deja de cobrar el ITBMS a sus clientes. Además de esto, estas empresas dejan de facturar y tampoco pagan impuesto sobre las rentas o el Cálculo Alterno del Impuesto Sobre la Renta en Panamá (CAIR).

Es decir, estas empresas inescrupulosas no están pagando nada, lo que afecta en gran medida las finanzas del país, en este momento en que más necesitamos recaudar los recursos que establece la Ley y que son tan importantes para la reactivación económica del país, lo que nos beneficiará a todos.

Las denuncias de estas irregularidades han ido y venido, sin que se vea una posible solución, impulsando de manera directa o indirecta la competencia desleal que afecta gravemente la supervivencia de las empresas del sector acero, frenando la inversión y la generación de puestos de trabajo en esta industria que cuenta con miles de trabajadores.

Esta inacción y falta de compromiso demuestran y reafirman que las reglas y las leyes no son iguales para todos, lo que frena y afecta el clima de negocios y que se protege el juegavivo.

Así queda demostrado en los últimos cinco años. Pese a que se han presentado denuncias administrativas y penales, a la fecha estas empresas inescrupulosas siguen retando a las autoridades. Precisamente, durante marzo de 2022 la mala práctica de estas empresas se mantuvo.

Lo peor de todo es que las autoridades están haciendo muy poco por atender con prontitud este tema, que podría dar al traste con empresas serias y responsables con el cumplimiento de las leyes y el sistema tributario, que, ante la afectación y frustración, podrían cerrar sus puertas por la falta de seguridad jurídica y de igualdad de condiciones.

Esto, sin lugar a duda, no solo impactaría en la reactivación económica del país, por la deficiencia en la recaudación de impuestos y el clima de negocios, sino que, de manera directa, incidiría negativamente en la economía de los panameños que forman parte de la fuerza laboral de las empresas que se verían obligados a cerrar por la falta de garantías.

Si bien, en las últimas semanas diversas organizaciones empresariales y gremiales que han sido testigos de la situación irregular han expresado su preocupación a las autoridades competentes, lamentablemente, no ha habido cambios positivos y las acciones inescrupulosas de estas compañías siguen minando la confianza en las leyes, el clima de negocios y la seguridad jurídica que ofrece el país para las empresas.

Resulta muy difícil creer y entender que estas empresas que se dedican a la importación de productos de acero y derivados superen la capacidad de un Estado, lo reten, o, mejor dicho, se burlen del sistema y sigan actuando al margen de la Ley, tal vez, con la seguridad de que nada les pasará y, por lo tanto, podrán seguir multiplicando la defraudación al Estado en perjuicio de todos los panameños y de la tan anhelada recuperación económica que tanto deseamos y necesitamos.

Mientras las autoridades, entre vacíos administrativos y técnicos, siguen sin tener claro el camino a seguir para frenar la defraudación fiscal y aduanera en la industria de acero y derivados, y los defraudadores siguen tomando ventaja de esto, infringiendo la Ley y generando más dividendo y peor aún, perfeccionando los mecanismos a través de los cuales cometen sus fechorías.

De otro lado de la balanza se ubican las empresas que, pese a que tienen como objetivo contribuir con la reactivación del país, no se sienten acompañadas y respaldadas por el Estado, porque no se está velando por la igualdad de condiciones en sus operaciones.

Que esta realidad cambie o persista es decisión de las autoridades. Como dice el popular dicho: “amanecerá y veremos”, pero ojalá que ese nuevo amanecer no siga siendo oscuro y desesperanzador para la industria de acero y derivados.

Administrador, conocedor de la industria de acero.
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