El rechazo a lo público

Encuestas realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demuestran que solo 1 de cada 3 personas entrevistadas en América Latina confían en la administración pública de sus países. Estos datos son cónsonos con los de otras fuentes como Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas y las propias encuestas del Cieps, si los comparamos con otras regiones suponen 20 puntos porcentuales por debajo de los promedios de Asía, África, países árabes u Eurasia.

En la última encuesta de Ciudadanía y Derechos (CIEPS, 2023) un 70% de las personas entrevistadas en Panamá consideran que los servicios públicos funcionan mal o muy mal. Si analizamos la valoración de forma más detallada, un 54% considera que la educación pública funciona mal o muy mal, un 67% opina que la salud pública funciona mal o muy mal, un 61% valora de forma negativa o muy negativa los servicios de recogida de basura, y un 78% estima que las carreteras y vías están en mal o muy mal estado, entre otros servicios valorados. Estos datos son acordes con los resultados del Barómetro de las Américas 2023 en Panamá, en los cuales 55 % personas encuestadas están insatisfechas o muy insatisfechas con la calidad de las escuelas públicas, 17 puntos por encima del promedio regional, y 68% están insatisfechos o muy insatisfechos con los servicios públicos de salud, 15 puntos arriba del promedio de América Latina y el Caribe. Añadido a estos resultados, en Latinobarómetro 2023 solo un 16% expresa en Panamá algo o mucha confianza en el gobierno, frente a un 29% regional.

Desde diferentes sectores sociales se propone como alternativa a esta situación la transferencia de los servicios públicos a la empresa privada como una forma de solventar las ineficiencias del sector público que generan este gran descontento en las personas beneficiarias. Pero a pesar de este nivel de insatisfacción y de desconfianza en la administración pública en la Encuesta de Ciudadanía y Derechos 2023 (Cieps) menos del 3% de las personas encuestadas apuestan por una provisión privada de la educación, y en el caso de otros servicios como la salud, la vivienda, el agua y el transporte menos del 10% apuesta por una provisión exclusivamente privada de estos servicios, incluso en la telefonía e internet este porcentaje está por debajo del 20%.

En el caso de los sectores económicamente más vulnerables, muestran una mayor predisposición a una provisión exclusivamente pública de los servicios fundamentales. Por lo que la población en Panamá no parece elegir la privatización como su opción preferente, al contrario, en muchos casos realizan una apuesta por lo público que es paradójica, ya que rechazan los servicios públicos, pero a su vez identifican al sector público como la principal garantía de acceso a los servicios básicos.

Esta desconfianza generalizada y este alto nivel de insatisfacción con los servicios públicos está fuertemente asociada a una alta percepción de la corrupción en el sector público. En Latinobarómetro 2023, el 66% de las personas encuestadas en la región opinan que hay poco o ningún avance en la reducción de la corrupción en los últimos dos años. En las dos últimas encuestas de Ciudadanía y Derechos (2021 y 2023) del Cieps, las personas encuestadas señalan la corrupción como el principal de Panamá, lo que hace impostergable la necesidad de un adecuado manejo de las cuentas públicas, con transparencia y rendición de cuentas. Pero aun siendo una condición sine qua non para el buen funcionamiento de la administración pública existen datos de opinión que muestran que posiblemente no es suficiente con una gobernanza transparente y fiscalizada para atender las demandas de la ciudadanía. En este sentido es muy llamativo que en Panamá más del 60 % de personas encuestadas justifiquen el actuar fuera de la ley para cumplir las promesas (Barómetro de las Américas, 2023).

Una posible respuesta a esta paradoja es combinar la buena gobernanza con el atender a las deudas sociales históricas, como forma de enfrentar tanto la corrupción como la desigualdad. Esta respuesta constituiría un compromiso con el desarrollo humano y la integración social, afrontando deudas históricas incumplidas por las sociedades latinoamericanas durante décadas. En este sentido, es fundamental el rol del Estado en la atención de los anhelos de bienestar para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, que han sido muy afectadas por el impacto de la pandemia, las sucesivas crisis de los precios y el contexto internacional de volatilidad económica.

Cumplir con estos compromisos históricamente asumidos por las autoridades constituye una alternativa para abordar la crisis de legitimidad del sector público, fortaleciendo la democracia, evitando la tentación autoritaria y las salidas populistas que fragmentan a la comunidad política, polarizan a la sociedad y debilitan a la democracia, socavando los derechos políticos y civiles de la ciudadanía.