¿A cuántos y a quiénes dejamos atrás?

Desde 1985 y por iniciativa de la Asamblea General de Naciones Unidas se conmemora el Día Mundial del Hábitat el primer lunes de octubre, con el propósito de reflexionar sobre lo imperioso de garantizar la construcción de ciudades sostenibles y la satisfacción del derecho a vivienda digna. Ese mismo año, como reacción a los acuciantes problemas que afligen a la población urbana, la ONU creó una agencia especializada en el desarrollo integral de los Asentamientos Humanos ONU-Hábitat.

En cada conmemoración se define un tema, este año es: “Cuidado con la brecha. No dejar a nadie ni ningún lugar atrás”, haciendo referencia a las profundas desigualdades y vulnerabilidades que devastan a las comunidades exacerbadas por las crisis de la triple C: Covid-19, clima y conflictos. La crisis afecta a una creciente población concentrada en las áreas urbanas: en el mundo 55 %, en América Latina 81.0 % y en Panamá 69.0 % (Banco Mundial, año 2021); consecuentemente las ciudades se han constituido en lugares estratégicos para el desarrollo humano.

La pandemia del COVID-19 evidenció los problemas urbanos que se venían gestando desde la crisis económica producida por la deuda externa en los años ochenta del siglo pasado y que produjo la desaparición del Estado de Bienestar -caracterizado por la existencia de una gran clase media con grupos minoritarios hacia arriba y hacia abajo. Desde entonces los Estados latinoamericanos, incluido el panameño, modificaron su vínculo con la sociedad, se alejaron de políticas desarrollistas y abrazaron otras de carácter mercantil, cuyo objetivo primordial es la rentabilidad económica.

Así las ciudades se fueron transformando bajo paradigmas tales como: desregulación del mercado de suelo urbano, pérdida de la función social y ambiental del suelo, menoscabo de los derechos colectivos ciudadanos y predominio de los derechos individuales cimentados en su potencial de consumo –temas todos contemplados en la Ley 6 de 2006 de ordenamiento territorial de Panamá, y paradójicamente incumplidos-.

Asimismo, en toda Latinoamérica se abandonan los esfuerzos por ejecutar planes de desarrollo urbano integrales, se enfocan las inversiones en los llamados grandes proyectos urbanos (GPU's -puentes, metros, aeropuertos, cintas costeras, etc.); y se renuncia a aplicar políticas públicas de ciudad que beneficien a las mayorías.

Como resultado de lo descrito se amplía la brecha social y se multiplican flujos migratorios, pobreza, delincuencia y destrucción ambiental. Es decir, se consolida una polarización que se manifiesta en términos socioespaciales y económicos, conocidos como Ciudad Dual (Castells, 1995 y Sassen, 2000), expresada en la existencia de zonas altamente cualificadas (infraestructuras, servicios y equipamientos de alta calidad) y otras con barrios marginales con insuficiencias significativas de acueductos, alcantarillado, áreas verdes, servicios de salud y educación, etc. Es fácil reconocer a Ciudad de Panamá como Ciudad Dual.

Informalidad, pobreza y desigualdad de ingresos están íntimamente vinculados y explican la vulnerabilidad de los más pobres y de las mujeres, afirma la Cepal. Los informes del Banco Interamericano de Desarrollo indican que la tasa media de informalidad de América Latina llegó a 54 % y la de pobreza a 34.7 % (BID, 2020) mientras en Panamá, para abril de 2022, la informalidad alcanzaba el 48.2 % y la pobreza 20.7 % a nivel nacional, 41.4 % en áreas rurales y 79.6 % en las comarcas indígenas, según la Encuesta de Propósitos Múltiples (EPM) del 24 de junio de 2022 (Inec). Además, el índice de GINI, habitualmente usado para medir la distribución de ingresos fue en Panamá de 49.8, mientras que el promedio de América Latina fue de 45.9 en el año 2019 (Martes Financiero 6/05/ 2019).

Según el índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad (CRI) del año 2020, Panamá quedó en el puesto 108 de 58 países. En la región, Chile alcanzó el puesto 34, Argentina 35 y Costa Rica 40. El índice muestra el compromiso para combatir las causas de la desigualdad a través de las evaluaciones de las políticas públicas en tres ámbitos directamente vinculados a la reducción de la desigualdad: 1. Servicios públicos (sistemas de salud, educación y protección social); 2. Fiscalidad (progresividad fiscal: impuesto a la renta, a la renta empresarial, IVA -impuesto al valor añadido- y prácticas fiscales nocivas) y 3. Derechos de las personas trabajadoras (derechos laborales de hombres y mujeres y salario mínimo). En este último aspecto Panamá obtuvo 78, la mejor calificación; en fiscalidad, que incluye las políticas, instituciones y prácticas impositivas aplicadas a la reducción de la desigualdad, Panamá tuvo su peor calificación 144 y en derechos laborales recibió el puesto 81. La ponderación final -donde la fiscalidad tiene un mayor peso- determinó que Panamá apenas alcanzara la posición 108 (OXFAM Oxfam y Development Finance International, 2020).

Es indudable que estamos ante un escenario explosivo: crecimiento urbano descontrolado, marginación social enorme, porcentaje elevados de informalidad laboral, condiciones crecientes de desigualdad y una distribución inequitativa de la riqueza. Es urgente diseñar y ejecutar políticas públicas para combatir las causas estructurales de la desigualdad, y empezar a construir un hábitat que no deje a nadie atrás.