• 04/12/2024 00:00

Proyecto 163, una lesión al pueblo panameño

Hace 38 años, en 1986, se intenta sin éxito introducir las primeras reformas negativas a la CSS. El Dr. Mauro Zúñiga, secretario general de la Amoacss y diversos grupos organizados de la sociedad civil impidieron que la reforma fructificara.

El Dr. Zúñiga señalaba que la CSS es un espejo de la sociedad. Esto significa que “si vivimos en un país: con tasas de desempleo bajas; con salarios reales altos; con inclusión importante del trabajo informal a la CSS,’’ habrá aumento de los ingresos a la institución y la misma podrá responder a sus retos económicos, aumentando los beneficios de la población asegurada de forma sostenible.

Posteriormente, en la década de los 90, la aplicación de las medidas económicas neoliberales con la privatización (Irhe-Intel), los puertos, ingenios, entre otras acciones aplicadas, agudizaron la situación económica del país y por ende de la CSS. Sin una correspondencia con el modelo económico que se desarrolla, los gobiernos a lo largo del tiempo han impuesto reformas como:

1. Paramétricas contempladas en: disminución del monto de las pensiones; aumento de la edad de jubilación; aumento de la cantidad de cuotas; y disminución de la calidad de los servicios médicos.

2. Privatización de la Caja de Seguro Social: estableciendo una relación individual entre los asegurados “clientes” y la institución; favoreciendo solo a los asegurados de altos ingresos; y externalización de los servicios de la CSS.

La sociedad panameña, trabajadores, maestros, profesionales y la ciudadanía en general, han resistido a los distintos Gobiernos, desde los militares, para impedir la privatización de la CSS.

En el 2005 comienza la privatización con las cuentas individuales, medida esta que ha sido un rotundo fracaso en los países en los que se ha implementado y de igual manera en Panamá no podemos continuar con esa receta cuando ya fracasó. Actualmente, se discute una propuesta del Ejecutivo que plantea las cuentas individuales, (privatización), se elimina la tasa de reemplazo, o sea el 60 % del salario que se paga de la pensión.

Ahora, el anteproyecto de ley 163 en su artículo 62, dice, se modifica el artículo 101 de la ley 51 del 2005 para que quede así: artículo 101, recursos de la CSS, para cubrir los gastos de administración que demande la gestión administrativa de la institución y las prestaciones de los riesgos de enfermedad, maternidad, y de invalidez, vejez, y muerte, estarán constituidos por los siguientes ingresos. Se establecen 28 literales y el literal 21 dice lo siguiente: los montos que según la reglamentación vigente de la CSS sean pagados por los dependientes de los asegurados para cubrir las prestaciones en salud de riesgo de enfermedad y maternidad. O sea que el beneficiario tendrá que pagar su atención en la CSS.

La propuesta del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) plantea lo siguiente: el Beneficio Definido de una taza de reemplazo básica del 60% del salario, que se mantenga; la edad de retiro de mujeres a los 57 y hombres a los 62, y la mayor cobertura de toda la clase trabajadora, incluyendo a los trabajadores informales; la vuelta en su totalidad al Sistema Solidario.

Demandamos:

1. Que se retorne al sistema solidario de Beneficio Definido.

2. Que se mantenga la administración pública de las reservas.

3. Incrementar los rendimientos de las inversiones, y transformar las inversiones directas y en proyectos de desarrollo nacional.

4. Que el Estado cumpla con su responsabilidad constitucional con la seguridad social y aumente el gasto Público en Pensiones.

5. Que se facilite la incorporación de los trabajadores informales.

6. Que se establezca una pensión mínima por el orden del costo de la Canasta Básica Alimenticia.

7. Que las pensiones sean indexadas para que recuperen su poder de compra.

8. Que se cobre y aumente la penalización de la evasión y mora de las cuotas por parte de los empresarios.

9. Extender la pensión de viudez a 10 años en vez de 5.

Mención especial merece la mujer panameña, porque el Proyecto 163 violenta sus derechos al no reconocer el valioso aporte que hace la mujer a la sociedad:

• Hay más de 73 mil mujeres que son receptoras del programa 120 a los 65, programa de muy bajo monto ya que debiería ser de B/.400, que cubra la Canasta de Alimentos.

• Las mujeres tienen mayores tasas de desempleo que los hombres y se incrementa en el caso de mujeres jóvenes; en las campesinas, indígenas, afrodescendientes y migrantes.

• Las mujeres protagonizan alrededor del 74% del total de los contratos a tiempo parcial.

• Acceden a trabajos de baja calificación y menor remuneración, a pesar de tener mayor nivel de estudios académico.

• No se reconoce el trabajo no-remunerado que realizan las mujeres en los hogares, entre ellos: Cuidado de personas dependientes (niños, enfermos, adultos mayores), tareas domésticas, entre otras.

• Sufren interrupciones reiteradas de su carrera laboral debido a la maternidad y tareas de cuidados en el hogar.

• Por esto las mujeres participan menos en la vida laboral y acumulan menor densidad de cotizaciones.

• Se utilizan tablas de mayor esperanza de vida discriminatorias a las mujeres, no es lo mismo la esperanza de vida de una mujer rural que una del área urbana y depende del trabajo que realice.

• Las adultas mayores, como resultado de la desigualdad, viven condiciones de mayor pobreza, en viudez, soledad y peores condiciones de vida.

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