Protestas, subsidios e inmigración ilegal afectaciones a la economía

Año nuevo, bisiesto y electoral, el que iniciamos con una economía frágil y agónica.

La afectación de una economía se da por variantes a factores endógenos y exógenos.

La economía panameña por años se ha visto impactada por factores endógenos, tales como: corrupción; estructuras gubernamentales dimensionadas e inoperantes; ineficientes en la generación de empleos; protestas, de gremios cerrando vías; subsidios inmortales; delincuencia local organizada; deficiencia educativa, etc.

Por otro lado, están factores exógenos: inmigración ilegal; delincuencia internacional organizada utilizando al país para sus actividades ilícitas, bajo la miopía y complicidad de autoridades, funcionarios públicos, organismos de seguridad, justicia y aduaneros; ciertas evaluaciones de organismos internacionales que influyen en el desarrollo del país; etc.

Estos fenómenos, combinados o por sí solos, impactan directamente la economía del país, alarmando a inversores que pudieran aprovechar la posición geográfica y logística de Panamá.

En esta ocasión, me referiré a las protestas, subsidios, migración ilegal y su afectación a nuestra economía.

Iniciaremos por las generalizadas protestas con cierres de vías para demostrar su disconformidad y frustraciones con las promesas, acuerdos o ineficiencias gubernamentales, impactando el libre tránsito, lo que es un derecho constitucional. Los gremios docentes que suspenden sus labores perjudicando a la juventud, atrasándolos en sus enseñanzas, que de por sí, son del siglo pasado.

Las reclamaciones pueden ser válidas. Pero no se puede pretender reivindicaciones y soluciones de problemas, afectando al resto de la sociedad, como las organizadas por ciertos grupos, cuyos intereses no son precisamente con el país.

Cada cierre, no solo produce congestionamientos, también es causante de impactos millonarios a empresas, sobre todo a las medianas, pequeñas y microempresas, así como a la economía del país. Esto está más que hartamente comprobado, pero impera la intransigencia de estos grupos.

Las mismas han pasado a un contexto de violencia desproporcionada, llegándose a atacar a los ciudadanos. Hemos visto como se impide el paso de ambulancias, de transporte de alimentos, medicamentos, etc.

“Aunque se respeta el derecho a las protestas, éstas están cayendo en excesos”, indica el gobierno, pero no actúa.

Esto demuestra una carencia de liderazgo de un gobierno, que en improvisadas mesas de negociaciones, prometen cosas que de antemano saben que no cumplirán... lo cual mantiene el ciclo “Protestas y Promesas”.

Los organismos de seguridad, que juraron proteger y cumplir con la constitución, no intervienen por temor o falta de determinación superior.

Los subsidios estatales, por definición, deben ser excepcionales y justificados por razones de interés público, social, económico o humanitario... y temporales. No inmortales.

El subsidio en los panameños es adictivo: gas, luz, agua, gasolina, viviendas, alimentación, etc. Están arraigados en el pueblo. Eso sí, celebramos todas las fiestas sin importar gastos.

El monto de los subsidios en nuestro país en los últimos 3 años ha sido de $6,592.4 millones (unos de $2,197.5 millones anuales), es decir, corresponde a 8% del presupuesto nacional... sin incluir las millonarias “dadivas de nuestros honorables diputados”.

Como información, en Costa Rica este gasto representa un 3% del presupuesto, que es 32% menor que el nuestro.

De acuerdo a los últimos informes sobre el programa de IVM de la CSS, se requieren unos B/.1,000 millones anuales para salvarlo. Es decir, el 56% del promedio destinado a subsidios. Para el 2024 se espera destinar unos B/.1,800 millones.

Estimular la inversión privada y por ende la empleomanía y la disminución de subsidios, debe ser prioritario.

Entiendo que emigrar es un derecho humano, pero la misma no puede ni debe ser ilegal. Es la mejor forma de poner en peligro la vida de un ser humano. Pudiera considerarse a los padres culpables de intento de homicidio, al imponer a sus hijos el acompañamiento en estas travesías en la que arriesgan sus vidas y la de los menores. Además, se promueve de un negocio millonario por una red de personas desconfiables que hasta venden cupos en los albergues. No se descarta una vinculación del crimen organizado.

Panamá no genera la migración ilegal, pero al Estado panameño le ha tocado invertir millones para brindar ayuda humanitaria. Solo en 2023 pasaron 573,782 migrantes (18% niños, la mitad, menores de 5 años).

Este desembolso impacta directamente a los panameños, mermando los recursos del estado destinados a mejorar la vida de sus connacionales.

Nos preguntamos, ¿dónde está la ayuda de las organizaciones internacionales para minimizar esa carga para Panamá, migración que no promueve, ni requiere? Un movimiento que incentiva una inmigración ilegal a EE.UU.

Nuestro gobierno, ante el temor de organismos internacionales, no adopta medidas que desincentiven esta migración. En todas las naciones, la inmigración ilegal está considerada un delito que conlleva penas de cárcel o deportación.

Panamá debiera proceder con deportación inmediata, lo que mandaría el fuerte mensaje de que: “la migración ilegal vía Panamá no será permitida”. Esto ayudaría a desincentivar el cruce por Panamá por el peligroso y mortal paso del Tapón del Darién, causante de tantas tragedias.

Así, el gobierno panameño disminuiría los gastos que esto ha venido ocasionando y salvaría muchas vidas.