A propósito de las buenas prácticas en diplomacia

La defensa de los intereses estratégicos en el exterior es imprescindible en la construcción del bienestar social interno, promoviendo condiciones de cooperación a nivel gubernamental en todos los frentes de la gestión internacional, mientras se identifican espacios de buenas prácticas acorde con los imperativos que tiene el país en su reactivación económica.

En el siglo XXI, con la sociedad del conocimiento, la información es materia prima indispensable en la toma de decisiones, por tanto, la diplomacia digital está en la primera línea de la acción exterior de los Gobiernos, lo cual implica dotarse de herramientas tecnológicas para identificar y garantizar sus intereses, conforme al derecho internacional, la costumbre y normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

En efecto, las funciones imprescindibles en la acción diplomática consisten: en la representación del Estado, la protección de sus intereses como de los nacionales, la negociación, la captación de información sobre acontecimientos locales por medios lícitos y su transmisión; así como el fomento de las relaciones armoniosas.

La regla básica de la diplomacia es la observancia escrupulosa del respeto a las normas internas y la no intromisión en los asuntos internos. Por tanto, los diplomáticos somos observadores privilegiados en los países donde estamos acreditados, informados e interpretando con objetividad los fenómenos políticos, sociales, culturales y económicos como sus avances tecnológicos y políticas públicas inclusivas. Siempre con desempeños enmarcados en el profesionalismo, la integridad moral, conductas intachables y dignidad en la investidura que ostentamos, respondiendo con prudencia y firmeza cuando se ataque el prestigio de la nación.

En la nueva era digital y ante la progresiva complejidad que adquiere la cooperación multisectorial, el acceso a la big data es indispensable para el diseño de las políticas públicas. España es la décimo quinta economía, el segundo país más visitado del mundo por la calidad de sus servicios turísticos, destinos académicos de excelencia y reconocidas instituciones de socorro internacional. Una sociedad con instituciones robustas que promueve modelos inclusivos entre sus nacionales, dotada de estándares tecnológicos en su producción industrial, agroalimentaria, marítimas, farmacéuticas y con alta calidad de servicios sanitarios. España ocupa el puesto 25º entre los países del mundo con mejores condiciones de vida para el desarrollo humano.

No hay duda, las relaciones internacionales han cambiado de forma sustancial en los últimos años, en el caso de España estas transformaciones han favorecido la expansión de su diplomacia pública apoyada en estrategias de comunicación. Estos activos tienen clara expresión en la diplomacia verde como en las relevantes acciones de política exterior en sus vertientes comunitarias, latinoamericana, africana, asiática y estrategias de cooperación educativa, cultural y social.

El Instituto Cervantes, el ICEX, Instituto de Comercio Exterior, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Aecid, y la Fundación Carolina son instrumentos claves de su acción exterior. Avalado por un servicio exterior con 128 embajadas, 84 consulados, 96 secciones consulares, 103 oficinas comerciales, 27 centros de negocios y 33 oficinas de turismo.

Con España existe una treintena de acuerdos en diversos ámbitos, cooperación científica, técnica, económica, protección de inversiones, cooperación judicial y cultural, entre otros. Además de un mecanismo de consultas políticas que fortalece las relaciones existentes entre ambos países, el cual prevé evaluaciones en reuniones bilaterales anuales.

Panamá promueve sus servicios marítimos internacionales, logísticos portuarios y aéreos de calidad, con reconocida eficiencia, enfocada en el posicionamiento estratégico, acorde con las exigencias del mundo global. Una acción diplomática sostenida en defensa de sus servicios financieros, la que ha logrado recientemente su exclusión de la lista de paraísos fiscales por parte de España.

De allí, la importancia de identificar espacios para nuestra oferta exportadora, así como nuevas oportunidades de cooperación, incluso las buenas prácticas institucionales, que pueden ajustarse a nuestras realidades con el intercambio de experiencias legislativas, administrativas y técnicas en diversos ámbitos de los acuerdos bilaterales vigentes.

Las buenas prácticas de España en el manejo de crisis migratorias, podrían ampliar la cooperación con nuestro país, que, fiel a sus responsabilidades internacionales, con limitados presupuestos, garantiza los derechos humanos de los migrantes en tránsito. A tal punto, que nuestra Cancillería ha dedicado esfuerzos diplomáticos instando a la corresponsabilidad de países de origen como de destino en la administración de la crisis humanitaria.

La diplomacia pública española, sin duda, facilitan la cooperación bilateral y multilateral, uno los grandes retos de nuestra política exterior. Las experiencias de las buenas prácticas conllevan al desarrollo de proyectos sociales inclusivos de nuestro Gobierno para reducir la desigualdad acorde con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Como podemos observar, las políticas europeas más avanzadas en materia de cooperación incentivan a los Gobiernos locales a mejorar la gobernanza y la innovación. Aprovechando la inteligencia colectiva y la colaboración entre ayuntamientos y municipios es posible coadyuvar a los planes estratégicos de desarrollo inclusivos de la Autoridad Nacional de Descentralización.

Hoy, es más imprescindible que nunca asumir los retos de ampliar el marco estratégico de un modelo horizontal con España que facilite mayores espacios a la cooperación triangular, alianzas público-privadas y la transferencia de conocimiento con proyectos que incorporen tecnologías de información y comunicación (TIC), así como la atracción de inversiones a pymes y micro empresas del país. El futuro más que pronosticarlo hay que posibilitarlo.