Principios deliberadamente impracticables

En un país donde la corrupción y el clientelismo son moneda corriente en la política, resulta fácil perder la esperanza en un futuro más justo. Sin embargo, existen razones para mostrarse optimistas. Antes de explorar estas razones, consideremos tres principios esenciales con los que construir un Estado basado en el imperio de la ley.

El primer principio consiste en denunciar todos los actos corruptos de los dirigentes políticos. Pero ¿a quién se han de reportar? En muchos países, los funcionarios están al servicio de los políticos y, como parte de sus redes clientelistas, deben favorecer los intereses de sus patrones. Quien denuncia a un miembro de esta red puede verse sometido a la investigación que habría de aplicarse a los culpables, con lo que, a menudo, este principio tiende a evitarse.

El segundo principio implica resistirse a cualquier forma de extorsión: no se debe participar en la corrupción. No obstante, esto puede suponer un alto costo, como retrasos en permisos o trámites, lo que repercute negativamente en los negocios, la carrera o la familia, por lo que este principio también tiende a ignorarse.

El tercer principio conlleva elegir políticos sabios y justos. Sin embargo, en muchos países, las agrupaciones políticas son máquinas clientelistas en las que el patrocinio electoral se intercambia por favores estatales. Los candidatos no necesariamente se seleccionan por su sabiduría o capacidad para actuar con justicia, sino más bien por su disposición a utilizar el poder en favor de quienes los patrocinan. Esto reduce las opciones del ciudadano común en las urnas a candidatos que representan los intereses de distintos grupos clientelistas.

Es importante notar que estos principios no se cumplen cuando los políticos poseen herramientas con las que ejercer coerción. Estas les permiten influir en funcionarios y ciudadanos, socavando la imparcialidad y perpetuando el clientelismo. Por ejemplo, cuando alguien enfrenta un proceso penal y cuenta con un aliado político que puede influir en el bienestar del fiscal, este último se encuentra en un conflicto de intereses.

Como solución, a fin de garantizar la imparcialidad de jueces, inspectores y otros funcionarios, en los países anglosajones y de Europa Occidental se ha establecido un alto grado de independencia estructural con respecto a la jerarquía política. Esto se logra mediante herramientas, tal y como una autoridad autónoma que administre la contratación de los empleados públicos, gestionada por una comisión cuyos miembros son nombrados de ternas creadas por los presidentes de universidades, justo como lo dispone la Constitución de Luisiana.

Estas herramientas presentan múltiples beneficios. Primero, los políticos pierden la capacidad de distribuir arbitrariamente los bienes y servicios públicos, lo que dificulta el clientelismo y la impunidad. Además, sus colaboradores, antes beneficiarios de favores políticos, ahora sufren las mismas deficiencias gubernamentales que el resto de la población, lo que los motiva a buscar una mejor calidad de la gobernanza y candidatos más idóneos. Por último, se reduce la corrupción menor, ya que los funcionarios que actúan de manera corrupta ya no cuentan con una red de protección organizada.

Tales mecanismos han funcionado en todas las sociedades en las que se han aplicado debido a que se basan en incentivos. De esta manera, las herramientas para reducir los conflictos de intereses no responden a la cultura, sino que la moldean.

Cuando velar por el interés público conlleva beneficios personales y lo contrario trae consecuencias, florecen los principios y valores democráticos. En consecuencia, cuanto más se reduzcan los conflictos de intereses y las dependencias que permiten la coerción, mayor será el número de personas que actuará de forma apropiada.