¡Primero hay que decidir qué sistema de seguridad social!

Cuando hacía campaña y después de elegido, el presidente ha afirmado y ratificado que no rehuirá enfrentar la crisis del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte y de la Seguridad Social en general. Posteriormente, también tiene dicho que el pago de las pensiones no se interrumpirá y que la Caja no será privatizada. Además, en algún otro momento dijo que un grupo asesor le había ayudado a preparar una propuesta para rescatar la institución; pero, aclaró que se la reservaría para, previamente, abrir un espacio para conocer las posiciones de las diferentes dirigencias políticas, de los gremios y de todos los sectores directamente vinculados, como paso previo a la convocatoria de un “diálogo nacional para salvar la Caja de Seguro Social”.

Cumplida esa ronda de consultas, el presidente, en su comparecencia televisada del pasado 11 de septiembre, previa presentación de un descarnado resumen de los problemas que aquejan a la institución o que sufren los asegurados cuando acuden en busca de los servicios que está supuesta a prestarles, fijó el pasado 16 de septiembre de 2024 para dar inicio a las deliberaciones del diálogo que debe concluir el 31 de octubre próximo con propuestas concretas para reformar la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que serán discutidas durante las sesiones extraordinarias que se convocarán para el mes de noviembre.

Llamativo y a la vez preocupante del mensaje presidencial fue su exigencia de que las propuestas que pudieran presentar los participantes en el diálogo cumplan con el requisito indispensable de ser respaldadas con la correspondiente “sustentación económica”, o sea, de su viabilidad financiera o, más claro todavía: ¿Por quiénes y cómo se costearán?

Interpretando en sentido contrario (a contrario sensu, como suele decirse) esa precondición, es forzoso concluir que la advertencia presidencial lleva aparejada la penalidad de que aquellas propuestas que no cumplan ese requisito no serían consideradas. Si esa es la intención presidencial, convendría que, por ser saludable para las futuras instancias, desde su fuente originaria se la aclare, en la forma más diáfana posible, y ahora, cuando el proceso se inicia.

El diálogo, como se ha explicado, se desarrollará en dos mesas separadas: una presidida por el ministro de Salud y la otra por el nuevo director de la Caja. Bifurcarlo es conveniente metodológicamente, por la diferente naturaleza de las materias que deberán analizar. Pero, antes, es imprescindible definir el aspecto básico esencial: ¿Cuál será la fundamentación ideológica o la filosofía en que se sustentará la seguridad social panameña?

Hay tres opciones que no son desconocidas y que tienen sus partidarios, también conocidos, que pretenderán impulsarlas: a) volver al sistema universal solidario, que era el original; b) mantener el sistema mixto, introducido por la reforma del año 2005, o c) implantar un sistema exclusivamente individualista, o sea, de cuentas individuales.

Si esas posiciones se mantienen durante el diálogo, el desacuerdo es previsible y el Gobierno, que no hay que olvidarlo, es el que tiene la obligación constitucional de redactar, aprobar en Consejo de Gabinete y de presentar a la Asamblea el proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Seguro Social, tendrá que asumir la responsabilidad para la que reclamó el mandato de los votos y para la que fue elegido.

Harina de otro costal y muy diferente, por su esencia, son los temas que deberán resolverse en la mesa de la salud. Que vuelva a haber buena y pronta atención en las citas, que haya adecuada atención médica, que se cubran las moras quirúrgicas o que se suministren los medicamentos recetados, es más que obvio que no depende de soluciones financieras, sino de buenas y eficientes prácticas gerenciales. Sobre esos aspectos el diálogo solo deber servir, en lugar de tribuna para escuchar el rosario de ineficiencias que ya relató el presidente, para que sea caja de resonancia de las medidas concretas que se están adoptando, o mejor aún, que se han adoptado, en beneficio de los asegurados.