Preocupante realidad

Cuando me enteré del sorpresivo y repentino deceso de Daniel Delgado Diamante, pregunté cuál fue la causa de su muerte. Un amigo de ambos me dijo que fue a concretar realización de cirugía programada. Que, aparentemente, una bacteria nosocomial había invadido su organismo, lo que a la postre produjo tal desenlace. Hacía poco más de una semana había coincidido con el compañero, en la oficina de don Samuel Lewis Navarro, espacio que aprovechamos para saludarnos e intercambiar comentarios y opiniones, sobre aspectos del acontecer nacional. En virtud de no crear incomodidad o algún detalle que afectara el sentimiento y momento de dolor de familiares y deudos, decidí esperar unos días para elaborar este escrito.

La infausta noticia trajo a mi memoria una situación que viene agravándose cada día más. La invasión y permanencia de agentes nosocomiales en cuartos de cirugía y salas que albergan pacientes, incluyendo la vulnerabilidad de funcionarios que laboran en instalaciones del Complejo Hospitalario AAM. Tal situación se originó debido a la apresurada y desconcertante cancelación del contrato de descontaminación y esterilización que mantenía la empresa TOMI, cuyos resultados en la erradicación y controles de limpieza y desinfección con peróxido de hidrogeno ionizado mostraron tal eficacia, que los porcentajes de víctimas fatales en salas de neonatología, quirófanos y otros, disminuyeron de forma notoria en calidad cuantitativa.

La imprescindible faena obtuvo el reconocimiento y ponderación de funcionarios administrativos y personal médico en dichos centros de alojamiento al enfermo y atención al asegurado. Paradójicamente, la cancelación o suspensión del contrato fue para otorgársela a otra empresa. Ello no fuera censurable, si la misma tuviese mejor desempeño en neutralizar patógenos de bacterias como KPC, Acinetobacter y Pseudomonas entre otras.

Sin embargo, su trabajo profesional ha sido muy cuestionable por grados de ineficiencia. Una situación negativa y hasta criminal como esta, transita y se pavonea alegremente, sin la debida y urgente atención de la autoridad competente. Ello muestra una gran irresponsabilidad, en vista de que las consecuencias fatales, además de ser insostenibles, a mi entender, conllevan delito por omisión o comisión en deber del funcionario por razón del manejo en administración pública.

La vida y seguridad de los ciudadanos, en la institución más valorada y apreciada por los panameños, no puede ser tratada como si fuese objeto de segunda o tercera categoría. Es imperativo que la Dirección General y la Junta Directiva de la CSS tomen las providencias y cartas en el asunto, para que cualquier error o deficiencia en este delicado tema sea corregido y subsanado, de la forma más expedita posible.

No podemos creer que el interés individual de X o Y personería jurídica o sociedad anónima, por unos dólares más, atente contra la salud e integridad física del ser humano.

La mesa del diálogo nacional que se aglutina para revisar y resolver la situación financiera de los cuatros programas de la entidad, en especial el de Invalidez, Vejez y Muerte, IVM, tiene que considerar aspectos de relevancia e importancia como el que con seriedad y responsabilidad expongo. No para quitar o favorecer a nadie en particular, sino para dar lo que corresponde a quien lo merece. La salvaguarda y protección de los asegurados y que los bienes públicos se proyecten con honestidad y transparencia. Ineludible aspecto que beneficia la aspiración del querer colectivo.