Planes vs voluntad política

Con frecuencia algunos comentaristas suelen criticar a candidatos presidenciales alegando que carecen de planes de gobierno, como si los gobernantes, en términos generales, tomaran sus planes como un compromiso sagrado con el electorado. La historia nos demuestra, no solo que no es así, sino que la mayoría de los candidatos suele utilizar los planes de gobierno solo como señuelo político. En otras palabras, formulan propuestas que no se proponen cumplir de alcanzar la presidencia.

La experiencia con los tres últimos presidentes nos revela que, cuando mucho, fueron pocas las propuestas que cumplieron. Sin la menor duda, que el ejemplo más elocuente fue el de Ricardo Martinelli, quien atrajo un apoyo solo comparable al que logró la ADO Civilista en 1989, cuando prometió combatir la corrupción y el presidencialismo. Hagamos un apretado repaso de los planes y la realidad de esos mandatarios.

Bajo el eslogan “por el cambio”, en la campaña presidencial de 2009 Martinelli prometió combatir la corrupción, pero en su gestión abundaron los escándalos por sobreprecios, contrataciones directas o mediante licitaciones sospechosas, que dieron lugar a los múltiples casos de corrupción que enfrentan en tribunales de justicia, no solo el expresidente sino algunos de sus funcionarios. Además, prometió combatir el nepotismo y el clientelismo, eliminar el Fondo de Inversión Social (FIS) y liderar una campaña para promover los valores éticos y morales. Los resultados saltan a la vista.

En 2010, su gobierno cambió el nombre del FIS por Programa de Ayuda Nacional (PAN), pero con peores resultados que su predecesor. De esa gestión surgieron 14 casos de presunta corrupción, de los cuales solo uno fue declarado culpable en decisiones que encendieron las alarmas en el sistema de justicia.

Martinelli también prometió “fortalecer la democracia y modernizar el Estado”, pero en su lugar fortaleció el poder del Ejecutivo y utilizó el clientelismo como arma política. Casi tan grave como la corrupción desenfrenada que propició, fue el abandono de su compromiso de darnos una nueva Constitución. En 2010 creó una Comisión Especial de notables que en 2012 le entregó un proyecto de reformas constitucionales de 590 artículos, que luego tiró literalmente a la basura. Su mayor logro fue la construcción de la primera fase del Metro, pero a un enorme sobrecosto, según los expertos.

Su remplazo en Palacio, Juan C. Varela, no lo hizo mejor en materia de corrupción. Siguió lidiando con empresas acusadas de corrupción otorgándoles jugosos contratos. Por ello enfrenta varios casos con la justicia penal. Además, tanto él como su predecesor fueron acusados por el secretario de Estado de Estados Unidos de participar en “actos de corrupción significativa”. Sus proyectos insignia Renovación Urbana de Colón y “100/Cero” para dotar de agua potable y letrinas a todo el país fueron rotundos fracasos. De su gestión se puede rescatar el plan de educación bilingüe (descontinuado por el actual gobierno) y el establecimiento de relaciones diplomáticas con China.

Bajo el lema “Uniendo fuerzas”, el actual presidente Laurentino Cortizo prometió que la estrella de su gestión sería la educación. En su plan de gobierno decía que “... la estrella que alumbrará nuestro gobierno será la educación de calidad, en valores y para la vida”. Pero nada de eso ocurrió; hoy día la educación está peor que nunca. Prometió derribar “la sexta frontera” (falta de justicia social, equidad y oportunidades), pero ello tampoco ocurrió. También prometió implementar la Estrategia Logística Nacional 2030, sin ningún resultado a la vista. Igual suerte corrió su promesa de reformar la ley de contrataciones públicas para defender los intereses del Estado y prevenir la corrupción.

Tan grave como lo señalado, censuró “la política de clientelismo, corrupción e impunidad”, en el ejercicio público. Prometió renunciar a esas prácticas y servir, en su lugar “al bien común”, pero los resultados están a la vista: rampante corrupción y clientelismo. Criticó a las dos administraciones anteriores por haber “aumentado la deuda pública de $10,972 millones en el 2009, a más de $26,000 millones en el 2018”, pero su gobierno la ha casi duplicado sumándole $20,687 millones. Y aún no ha terminado su gestión.

Y qué decir de su promesa de dotarnos de una moderna Constitución. Dijo que presentaría una propuesta a la primera legislatura (2019) basada en el proyecto surgido de la Concertación Nacional. Pero rápidamente lo olvidó. La más grave de sus omisiones, rayando en la irresponsabilidad, fue ignorar su compromiso de “Convocar el Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social, con la participación de todos los sectores... por el rescate de la Institución y lograr mayor sostenibilidad financiera”. Omitió este vital tema para el país, alegando pérdida de capital político”. Uno de sus pocos logros, es la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes, con sus fallos, han devuelto prestigio al cargo. Su fracaso y escasos logros los comparte con su vicepresidente y actual candidato presidencial, José G. Carrizo.

En conclusión, no basta que un candidato presente un atractivo “plan de gobierno” para que merezca el voto ciudadano. La historia reciente nos demuestra que los candidatos de partidos tradicionales han perdido credibilidad, por carecer de voluntad y carácter para cumplir sus promesas. La opción más creíble deberá surgir fuera de esos partidos alineados con el statu quo.