El Perú asumiendo el reto que exigen los tiempos

La trama Odebrecht y sus putrefactos tentáculos embebidos de corrupción, aún le están costando un alto precio a la institucionalidad del Perú.

Desde el 21 de diciembre del 2016, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que la constructora brasileña Odebrecht, en la últimas décadas, había realizado pagos de sobornos a funcionarios de 12 países (entre ellos el Perú) para hacerse de construcciones de millonarias obras públicas, desde allí y con esta declaración del Departamento de Justicia, estábamos frente a un gran iceberg de lo que sería uno de los más grandes escándalos de corrupción en Latinoamérica.

Como corolario de esta repulsiva trama que ha involucrado a muchos empresarios, políticos y funcionarios por la aceptación de coimas para beneficiar a dicha empresa en la licitación de obras públicas, y en consecuencia y en el peor de los casos el acceso a dineros de manera ilícita a favor de las campañas electorales, incluso de candidatos presidenciales, ha sido el total final de lo que hoy se vive en el Perú.

Cuatro expresidentes de ese país se han visto vinculados a esta dura trama de corrupción, desde Alejandro Toledo, pasando por Alan García, Ollanta Humala hasta Pedro Pablo Kuczynski, este último el escándalo de corrupción sobre dicha constructora terminó por costarle el cargo, convirtiendo así al vicepresidente Martin Vizcarra en nuevo mandatario, y quien hasta ahora ha tenido que enfrentar duros flagelos, como la corrupción, que afecta gravemente a todo el país.

El nuevo Ejecutivo promovió reformas que lo encararon con el Congreso, totalmente dominado por la oposición y sobre quien pesan graves acusaciones de corrupción, y considerado un organismo cuyos representantes son muy mal vistos por la mayoría de su población, quien salió a apoyar con alegría espontánea en las calles después de que el presidente anunciara su disolución.

Pero el Congreso quiso demostrar que no es un Órgano manco, y, horas después, respondió aprobando la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por “incapacidad temporal”. Y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones” del país.

Ahora, el presidente Vizcarra cuando tomas la decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas actuó dentro de lo que dictamina la Ley, aplicando una norma constitucional que le habilita a ello, si la Cámara le niega una cuestión de confianza a dos gabinetes presidenciales.

Mas no todo acaba para el disuelto Congreso aquí, pues la Constitución peruana contempla que las elecciones para conformar un nuevo Congreso deben realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de esa Cámara.

Elegido un nuevo Parlamento, este puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del ente haya expuesto los motivos de la suspensión parlamentaria.

Pero aquí juega la Carta Magna a favor de Parlamento interrumpido, porque si las elecciones no se celebraran en el plazo señalado, “el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y se destituye al Consejo de Ministros”.

Cabe destacar que, como búsqueda de solución a este choque de poderes, el actual presidente propuso el pasado mes de julio una reforma constitucional para adelantar los comicios generales a 2020 como salida a la “crisis institucional” del país, pero el Congreso rechazó su propuesta.

La Propuesta regional y el efecto internacional de la crisis del Perú ha procurado que la OEA se pronuncie al respecto, trayendo como consecuencia que el Organismo Multilateral considere que es el Tribunal Constitucional del país suramericano debe pronunciarse al respecto de la legalidad y legitimidad de las decisiones que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tomaron desde el pasado lunes.

En adición a lo anterior, la OEA ve con muy buenos ojos el llamado a elecciones, porque “es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”.

Considero acertada, desde todo punto de vista, la decisión de la OEA frente a esta nueva crisis peruana, pues debe ser de carácter prioritario que la ciudadanía, y según las propias conclusiones de ese foro internacional, “no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses a través de distintos puntos de posible escalada de conflictos sectoriales que, si bien son ajenos a la crisis de referencia, podrían complicar la coyuntura”.