Peligroso clientelismo

En la campaña presidencial de 2014, el entonces candidato Juan Carlos Varela prometió control de precios —a pesar de que como hombre de negocios seguramente sabe que tal cosa jamás ha sido efectiva donde sea que se haya intentado, y siempre termina creando graves distorsiones en el sistema productivo que perjudican precisamente a las personas a las que busca ayudar—. Antes de eso, en campaña para las elecciones de 2009, había propuesto crear un programa asistencialista para las personas en edad de 70 años o más, su famoso 100 a los 70 (que ahora ha sido aumentado a 120 a los 65 ), cosa que se implementó durante el Gobierno del quinquenio 2009-2014, creando así una obligación recurrente millonaria para Gobiernos futuros.

Ahora, en Gobierno, luego de transcurridos poco más de dos años de gestión, su Gobierno ha inflado la planilla estatal a más de 226 000 personas, y continúa aumentando; ha anunciado aumentos de salario a los policías y un nuevo privilegio de jubilación especial para los comisionados de la Policía Nacional —que podrán jubilarse con su último salario hasta de siete mil balboas mensuales—. Lo más reciente en esta tendencia de regalar lo que no le cuesta, ha sido su anuncio de un aumento del salario mínimo en el sector público a 600 balboas mensuales que entraría en vigor en enero próximo, cosa que anunció sin que siquiera hubiese sido contemplada en el proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2017.

¿A qué se debe tanta generosidad con la plata ajena —y tanta ligereza con las finanzas públicas—? El Gobierno presidido por Juan Carlos Varela continúa agravando una preocupante tendencia iniciada con el gobierno de Ricardo Martinelli, de gastar la plata de todos como si no hubiese mañana. Como bien demuestran los casos de Grecia en Europa, y ahora Brasil en nuestro continente, los países que se lanzan a incrementar el gasto público de manera desordenada, invariablemente terminan enfrentándose años después a severas contracciones económicas que convierten en mueca las risas del derroche de los años previos, y que imponen onerosas cargas a los ciudadanos cuando la fiesta acaba y toca pagar los platos rotos, momento que tarde o temprano siempre llega.

Preocupa además, en el caso de Panamá, que se va marcando un patrón tanto del anterior Gobierno como del actual, de incremento de gasto público como fórmula para comprar las lealtades de influyentes factores de poder político, como lo son el gremio de educadores (con aumento escalonado de B/900 anunciado por el Gobierno anterior), la Policía Nacional, y los empleados públicos en general.

Difícil encontrar un mayor contraste que el evidente entre la ligereza con la que se aumenta el gasto público de manera insostenible, hipotecando incluso las finanzas públicas más allá del presente período de Gobierno, como en el caso de las recién anunciadas jubilaciones especiales para los comisionados de la Policía Nacional, con el silencio absoluto que frente a la situación precaria del programa financiero de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, mantiene la actual administración, a pesar de que dicho programa entró en déficit operativo desde hace aproximadamente dos años.

Según estimaciones de la propia CSS, si no hacemos nada, las reservas del IVM se agotan en el 2024. Como es un tema actuarial, mientras más se postergue la discusión y posterior aplicación de las medidas que deban tomarse, más onerosos serán los sacrificios que tendremos que hacer asegurados y población en general para enfrentar el problema. Dejar esto sin hacer nada durante este quinquenio, sería un acto de absoluta irresponsabilidad que luego pagaremos todos los ciudadanos, asegurados o no asegurados de la CSS.

Urge que el Gobierno frene de lleno la ligereza mostrada con las finanzas públicas y asuma de inmediato su responsabilidad con el tema de la crisis actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

No hacerlo, será imperdonable.

ABOGADO