La exisla Pedro González

En un reportaje-anuncio de un canal de TV aparece la ‘maravillosa Pearl Island' (isla Perla, supongo) y se ve una muchacha muy bonita, morena, sirviéndole unos refrescos (¿tragos?) a una pareja de blancos, en una piscina, con un mar turquesa en el fondo. Luego anuncian un proyecto turístico, precioso, paradisíaco, ‘en un lugar de Panamá', con una inversión de unos 150 millones de dólares y presentan la inauguración y bendición en marzo 2017. En ningún momento se mencionan otros habitantes en la isla. En resumen: ¡una maravilla exclusiva para el turista!

¿De dónde surgió la tal ‘isla Perla'? ¿No había sido ‘descubierta'? Pues resulta que está en el golfo de Panamá y es la isla Pedro González, según todos los mapas. En ella habitan, desde tiempos coloniales, hermanos panameños de origen africano. Actualmente, hay unas 300 personas que, de golpe y porrazo (o ‘dolarazo') se han visto asustadas, divididas, engañadas, invadidas, rebautizadas, perseguidas, ‘electrificadas' y casi expulsadas. Gente que vivía en un paraíso, ahora está en un infierno.

El asunto no viene de hace unos días. La gente que vive en la isla Pedro González (no Pearl Island) alega que desde 1971 tiene derechos posesorios ahí. Sin embargo, los caminos normales ahora se encuentran con cercas electrificadas (sin avisos), resulta que ‘aparecieron' personas con ‘títulos sobre toda la isla' encima de los derechos de ellos. Ha habido protestas en 2009, 2010, 2013, 2014 y 2016. ¿Resultados? Tres heridos, tres presos, varios ‘huidos', 37 amenazados de arresto, la comunidad dividida, y el ‘ejército' (ilegal) panameño, llamado —en este caso— Servicio Nacional Aeronaval, disparó y persigue a la gente (¡!¿?) y es percibido como aliado de la empresa (¡obvio!).

Por si fuera poco, la gente perdió un ojo de agua que le servía porque ahí hicieron la pista de aterrizaje (¿?); la empresa sacó arena y piedra de una playa que el pueblo usaba para sus lanchas; ninguno fue consultado sobre la tramitación de ‘título' por parte de la empresa; para la gente, su pueblo son 1467 hectáreas, para la empresa, el pueblo solo posee 9.5 hectáreas (que se las ‘concedió' la empresa); según las personas del pueblo, el Senan los acusa de cargadores de droga y prostitutas (dice una habitante). Todos estos datos y más, pueden ser consultados en el informe de la Red de Derechos Humanos de Panamá, que realizó una gira de campo hace unos meses (19-20 noviembre 2016).

¿Qué hacer? Dice una señora: ‘No nos oponemos al turismo, pero la empresa nos quita la tierra'. Otra añade: ‘Ahora me siento presa aquí, mi esposo no sale porque lo apresan'. ‘Estamos peleando con un monstruo, tenemos la isla por cárcel', tercia una señora mayor.

Por lo pronto, hay que hacer una investigación más profunda de esta situación. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de dar continuidad al trabajo hecho por la Red de DDHH y acompañar a la comunidad de la isla Pedro González. Hay que aclarar quién dio títulos sobre esa isla, cuando ahí viven pobladores desde hace muchos años. ¿Qué dicen la Anati, el Ministerio de Ambiente, el INAC, el Ministerio Público, sobre todo esto? ¿Por qué el Senan defiende a la empresa? ¿Por qué en una sociedad que se dice cristiana los más pobres tienen tanto problema para defender sus derechos?

Esto tiene que cuestionarnos profundamente.

SACERDOTE