Parece que los diputados siguen unidos a la Gran Colombia

¿Será que la nueva modalidad de gobernar en el Legislativo panameño es copiar y pegar textos de proyectos de ley presentados en Colombia?

Dos propuestas presentadas en el Órgano Legislativo, relacionadas con temas de tecnología, han sido tomadas de propuestas regulatorias de nuestro país vecino, Colombia. Tal parece que nuestros diputados no son especialistas en tecnología y tienen la necesidad de hacer el conocido “Copy and Paste”, que aprendimos en la universidad para los trabajos que debíamos presentar; pero en esta ocasión, de un proyecto de ley de otro país y tomarlo como propio.

Una de las propuestas que fue presentada bajo esta modalidad fue la que pretendía gravar impuestos a las plataformas digitales, presentada por el diputado Raúl Pineda, mientras que la segunda, es la recién presentada por el diputado suplente Rolando Rodríguez, que pretende regular el uso de las criptomonedas en la República de Panamá.

Cabe señalar que, aunque no es delito “copiar y pegar” fragmentos de leyes de otros países, una cosa sería el fragmento y otra el proyecto de ley completo, tal cual ha sucedido con el anteproyecto 203 de 2020, “que busca regular el uso de las criptomonedas en Panamá”; incluso, sin cambiar los nombres de algunas instituciones que tendrían competencias por estos temas, como lo es la “Fiscalía General de la Nación” y la “Unidad de Información y Análisis Financiero” (UIAF) de Colombia, los cuales, homologados en Panamá, serían el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero.

También, es interesante que, hasta ahora, se preguntó a algunas organizaciones de la sociedad civil, especialistas en temas de tecnología, si habían recibido alguna consulta por parte de los asesores de los diputados o de los mismos diputados, y miembros de las mismas mencionan que hasta ahora no han sido consultadas acerca del documento presentado, pero que consideran que en el mismo no existen elementos sustanciales para querer regular la industria en Panamá, toda vez que no es una industria fuerte aún en nuestro país.

Pretender la creación de un marco regulatorio tecnológico, mediante la copia exacta de textos, en plena era digital, cuando la información y el conocimiento es abierto y universal, es simplemente, un acto que nos permite ver el desconocimiento y las falencias de nuestros diputados.

Proponer una regulación de esta naturaleza incluye que, quienes elaboren el documento, tengan conocimientos, no solo en derecho, economía o finanzas, sino técnico en computación, desde la práctica, hasta el análisis evolutivo de las tecnologías (algoritmos, protocolos, lenguajes de programación, etc.); valorando, también, la construcción social mostrada por actores que operan y trabajan con estas tecnologías.

Es necesario que existan actores coordinados en aspectos de educación en todos los niveles, sobre todo en el social (incluyendo a los diputados), con el fin de crear consciencia pública en la materia. Y que los individuos identifiquen que las criptomonedas son una realidad universal, de la cual, los actuales “operadores”, están obteniendo el máximo rendimiento posible, a partir del conocimiento técnico; incluyendo, también, conocer otros elementos tecnológicos con los cuales pudiéramos no estar muy familiarizados, como lo son aspectos de privacidad de datos, ciberseguridad, fraude cibernético e ingeniería social, entre otros.

Por lo tanto, debemos ser conscientes de que las criptomonedas se apoyan en tecnologías con existencia previa, estudiadas por científicos en computación, los cuales hasta el 2020 lograron tener la relevancia que merecían, gracias al proceso de digitalización acelerada, producto de la pandemia.

Emitir regulaciones es un tanto complejo, cuando se trata de tecnologías; no obstante, es posible establecer líneas de acción que orienten en el comportamiento de las personas con las tecnologías. Pero, estas líneas de acción deberán estar acordes con el contexto local, así como el internacional, para lograr que el país sea competitivo, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de incertidumbre financiera mundial.

Desde hace algunos años se menciona, constantemente, la idea de crear en Panamá un “Sandbox” regulatorio para que los fiscalizadores identifiquen el comportamiento de esta industria naciente (Fintech), con miras hacia el establecimiento de las mejores regulaciones, permitiendo la atracción de empresas internacionales y el desarrollo de “startups” locales, favoreciendo el desarrollo económico sostenible.

Nadie se opone a que existan regulaciones en torno a temas que favorecen el desarrollo y la competitividad del país, por lo que somos entusiastas de estas regulaciones; pero para establecer una regulación de esta naturaleza, es necesario crear una mesa técnica, conformada por miembros que conozcan sobre aspectos de tecnología, economía, finanzas y derecho, entre otros y debatan acerca de las mejores prácticas que Panamá puede adoptar frente a un marco regulatorio, considerando, incluso, las recomendaciones que la GAFI ha propuesto para sus países miembros, para luego, fortalecer las capacidades administrativas del Gobierno para hacerle frente a estos compromisos.

Para finalizar, se invita a los diputados a ser más analíticos en lo que proponen y dejar de copiar textos de otros países para tomarlos como propios en Panamá.

(*) El autor es comunicador, ejecutivo y corporativo, mediador y conciliador de la República de Panamá. Secretario de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain.