La Corte, el papa y el Ejecutivo

¿La posibilidad de que el magistrado Jerónimo Mejía permanezca en el cargo por diez años más está sujeta a una eventual condena del expresidente Ricardo Martinelli?

Por el acentuado tono político que ha ido tomando ese proceso, y por el suspenso en que el presidente Juan Carlos Varela ha dejado el remplazo de Mejía, es dable pensar que en la designación de Mejía pueda existir una especie de recompensa, sobre todo por los apretados tiempos políticos que se marcan de aquí a mayo de 2019. 1. Extraordinarias de la Asamblea Nacional; 2. evento de la JMJ en enero próximo; 3. en febrero, fin de la veda electoral e inicio de los debates presidenciales; 4. marzo, inicio de campaña extendido hasta las elecciones de mayo y 6. antesala de la salida del presidente Varela del Palacio de las Garzas.

En los próximos siete meses esos escenarios tendrán como fondo una sórdida batalla entre un Gobierno que tratará de demostrar las bondades de un quinquenio en ocaso, y una oposición haciendo todo lo contrario.

Entre noviembre y enero, la atención de la opinión pública va a centrarse en la visita del papa Francisco, un activo que favorece con particularidad al Gobierno de Varela; el único tema que podría reñir con la proyección de la JMJ sería el caso Martinelli.

Tanto la Presidencia como la Corte tendrán que admitir que prolongarlo ha sido una estrategia equivocada. Por lo trascendido, el Palacio de las Garzas parece tener un marcado interés en la pronta solución de ese asunto. ‘No es posible que llegue el papa y aún estemos en esto', ha sostenido una fuente.

Pero no sería erróneo pensar que una cosa está ligada a la otra, y que ahora resultan incómodas, porque el mandatario dejó acumuladas muchas tareas.

El desenlace del caso Martinelli parece proyectarse como una urgencia en medio de una preocupación que el mandatario ha ido dejando traslucir: la necesidad de contar con una Corte que no se le proyecte como hostil en el futuro. Al menos es una afirmación que encuentra aval en la propuesta de Olmedo Arrocha como magistrado, el mismo abogado cuya firma actuó como representante de su hermano, el diputado José Luis Varela en una querella contra Ricardo Martinelli, en enero de 2015.

Un hecho que, obviamente, plantea un conflicto de intereses que no parece preocuparle al gabinete que discutió la promoción.

Antes, en enero de este año, Varela fue derrotado en la Asamblea, cuando trató de imponer como magistradas a dos funcionarias que eran de su entera confianza. Pero en el caso de Mejía la pregunta es obligante: ¿está sujeta su designación a la condena de Martinelli?

La decisión de la Corte sobre el caso Martinelli pasa por un agrio debate sobre un proyecto del magistrado Oydén Ortega, que debe decidir si esa corporación tiene o no incidencia en el proceso que se le sigue al expresidente. Si la propuesta de Ortega llegara a triunfar, quedaría anulado todo lo actuado por la Corte. Peores serán, además, las consecuencias políticas.

El tema Martinelli es casi un asunto personal, un buque insignia del presidente Varela y que salga de la máxima instancia judicial, representaría un duro golpe para el Ejecutivo. Ni pensarlo. Peor todavía, si no se lograra la condena por la que desde 2014 ha luchado el Ejecutivo. Martinelli puede ser culpable o no, pero es innegable que la forma como se ha llevado su proceso se ha convertido en un escenario que le viene muy bien, en un activo de favores no contabilizados aún.

PERIODISTA