Panamá: Una República de gobiernos corruptos y antidemocráticos

Sectores de la plutocracia (“bancocracia”) han procurado circunscribir la corrupción pública -su génesis- a las tropelías del régimen militar 1968-1989), sin embargo, existen hechos históricos como los “millones de la posteridad” que ubican este nocivo fenómeno desde los prolegómenos de la República. Demás está decir, que todos los gobiernos del “ancien regime” de la oligarquía liberal -con la excepción de los mandatos del doctor Belisario Porras, quién entro limpio al gobierno y salió más limpio que el agua de al tinaja- se aprovecharon de los dineros del erario para forjar o acrecentar sus fortunas.

De manera que el “pecado”, tanto de los militares como de los gobiernos de la plutocracia pos invasión no fue originar el cohecho con los dineros de los contribuyentes, sino la masificación, cinismo e impunidad con que se hacen de los haberes de la hacienda pública. Cada uno de los gobernantes de la plutocracia pos invasión instalada por el imperialismo estadounidense (siete en total) se han adueñado de decenas de millones de dólares del pueblo, mediante negociados y apropiación indebida, conductas ilícitas que no pasarían la “prueba de ácido” del enriquecimiento injustificado. Pero, por supuesto, ninguno ha sido sometido a la vindicta pública porque ésta además de “ciega”, es selectiva.

Pero hay conductas públicas que sin ser exactamente delincuenciales merecen el total reproche ciudadano por lo indigno, excluyente y nocivo para las presentes y futuras generaciones. Para muestra bastan tres botones. Primero, el excesivo endeudamiento público, segundo, las prácticas de clientelismo, fichaje político y de nepotismo descarado; y la insensibilidad y lo miserable de los gobiernos con los que menos tienen.

“En doce meses del gobierno de Laurentino Cortizo, Panamá aumentó el saldo de su deuda pública en 24%, esto son US$6,432 millones más para totalizar US$33,044 millones, de acuerdo con las cifras oficiales a junio de 2020”. (Solís, Alma). Pero entre julio y septiembre de 2020, la deuda pública se incrementó en alrededor de cinco mil millones de balboas más; solo este mes de septiembre panamá colocó en el mercado internacional “bonos” por la suma total de dos mil quinientos setenta y cinco millones de balboas ($2, 575, 000,000.00). Es decir, que la deuda pública podría rondar los 36 mil millones de dólares. Exponiendo la relación deuda pública/PIB por encima del 50% (52.5%), hecho que no sería reprochable si no existieran serios cuestionamientos en el pago de salarios del personal médico, compra de equipo e insumos médicos con sombras y claros oscuros y, sobre todo, el pago del ridículo “bono solidario” de cien balboas mensuales (Cuando el costo de la canasta básica de alimentos es superior a los 300 balboas mensuales ($300.00). Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la deuda pública se ha incrementado teniendo como prioridad –no la pandemia y sus efectos sociales- sino para satisfacer una costosa burocracia clientelar del gobierno y el negociado con los allegados al poder.

Decenas de familias “emplanilladas” en el gobierno, devengando salarios por encima de los diez mil balboas ($10,000.00) Por ejemplo, la familia Colamarco/Amado percibe 13 mil dólares mensuales. Los Alcaldes de Panamá, Colón y San Miguelito ganan más que el Presidente de la República, esto es, el nepotismo se ha apoderado del gasto público, mientras el pueblo sufre la muerte y el hambre de la COVID-19.

La “cerecita” de la trilogía del mal del gobierno de la República en manos de pillos de saco y corbata lo constituye la exclusión de la mayoría de la población por la inequidad en el reparto de los bienes y servicios del Estado. Por ejemplo, a través de la demagógica Ley 152 se introdujo la moratoria en el pago de los servicios públicos desde marzo a junio del presente año, pero el gobierno al reglamentar la Ley en clara “desviación de poder”, estableció requisitos - para que las personas fueran sujetos del beneficio de la Ley- no contemplados en la Ley; peor aún, el pasado 16 de julio de 2020, el honorable diputado Juan Diego Vásquez, presentó el Anteproyecto de Ley 035, Proyecto de Ley 377, “Que prorroga los efectos de la Ley 152 que establece una moratoria en servicios públicos” hasta diciembre de 2020.

Sin embargo, ni el propio autor del Proyecto de Ley se ha dignado informar al panameño de a pie, golpeado por la “peste” y por los efectos económicos de la misma, cual ha sido el destino de esta iniciativa legislativa. Y, podríamos mencionar un número plural de proyectos de Ley de carácter social, en el marco de la pandemia, que “duermen el sueño de los justos” o, en brazos del emperador del taburete o, en el palacio de los lumpen diputados, ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político.