Nicaragua disuelve una ONG dirigida por antiguo asesor de Ortega y otros 7 organismos

La disolución de esas asociaciones, con lo que suman más de 5.660 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018, fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral unas siete ONG, entre ellas la Cipres -que dirigió Orlando Núñez Soto, un antiguo asesor para asuntos sociales del presidente Ortega- por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro y por incumplimientos a las leyes que los regulan, y otra porque solicitó su disolución voluntaria.

La Cipres obtuvo su personalidad jurídica el 5 de abril de 1990 por el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que también encabezó Ortega, y que creó cientos de organismos entre el 25 de febrero de ese año, cuando el líder sandinista perdió las elecciones, y el 25 de abril, cuando entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro.

Entre las ocho ONG canceladas se encuentra también la Asociación Centro Cristiano Siloe, la Asociación Asamblea de Iglesias Pentecostales de Jesucristo, la Asociación de Educadores para la Formación Integral Técnica y Profesional, la Asociación Evangélica Ministerios Unidos Elías, la Fundación Román y Reyes o Fundación Santiago, el Ministerio Evangelístico el Dios de los hechos, y la Asociación Ministerio Interdenominacional Monte de Sion.

Con el cierre de estas ocho ONG suman más de 5.660 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.

Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas.