Panamá pos-COVID-19

Han transcurrido más de dos meses desde que apareció el primer caso reportado oficialmente en Panamá. Analizando los resultados de esta primera etapa, muchos podríamos concluir que el balance para nuestro país es positivo. Sí, ya lo sé. Habrá quienes difieran y piensen que pudo ser mejor. No hay duda. Recordemos que a este virus nadie lo estaba esperando. Llegó silenciosamente con un impacto devastador para todos los países afectados. Y eso significa que nos ha tocado aprender a lidiar con esta pandemia, al andar. Independientemente de lo que se pudo y no se pudo hacer, el balance es positivo para los responsables del Sector Salud. Se impusieron medidas severas para asegurar el confinamiento, con el objetivo de detener el contagio y, a pesar de que los panameños somos insurrectos y no nos gusta hacer caso ni seguir las reglas, podemos decir que, dentro de todo, estamos bastante bien. Dicho de otra manera, pudo ser peor.

Afortunadamente para nuestro país, las autoridades del Gobierno nacional anunciaron que, a partir del 1 de junio, se inicia la fase dos en este largo y tedioso proceso de retorno a la normalidad. Aunque ya todos sabemos que el camino será largo y que la recuperación dependerá, en gran medida, del comportamiento de todos los ciudadanos y en el nivel de cumplimiento de las medidas sanitarias que habrá que seguir con suma rigurosidad. De lo contrario, podemos estar seguros de que habrá rebotes y estos, seguramente, retrasarían el retorno a la normalidad.

Este virus nos ha enseñado muchas cosas. Nos queda muy claro que una exorbitante cantidad de panameños no ha estado recibiendo ingreso alguno, como consecuencia del decreto que permitió la suspensión temporal de la relación laboral. No percibir ingresos significa que el Estado no ha recibido los tributos correspondientes y la misma situación afecta dramáticamente los ingresos de la CSS. De todas las actividades aprobadas a la fecha, ninguna supone de una recaudación de impuestos significativa, puesto que la comida ni las medicinas pagan ITBMS y esta situación, agrava considerablemente la capacidad de generar ingresos tan necesarios para las arcas públicas. A partir del 1 de junio esta situación empezará a revertir. Cierto es que el Gobierno nacional pudo obtener importantes sumas de dinero para hacerle frente a esta crisis por medio de exitosas colocaciones de bonos en los mercados internacionales a precios razonablemente buenos y hemos recibido, además, financiamientos importantes de organismos internacionales por la vía de préstamos y facilidades de crédito. Lógicamente todos estos recursos no vienen de forma gratuita y algún día los tendremos que pagar.

En Economía 101 nos enseñaron que el valor total de la producción de un país es igual al gasto del consumo nacional, al pago de impuestos al Estado y al monto de los recursos reservados para la inversión, con el objetivo de generar un mayor nivel de producción en el futuro. Y claro está, si la producción total genera algún excedente, esta se puede exportar hacia otras naciones para recibir ingresos adicionales. En todo caso, se dice que esta ecuación alcanza un estado de equilibrio cuando el valor total de la producción nacional es igual al consumo, al gasto de impuestos, al monto reservado para la inversión y al total de los bienes exportados.

A raíz del COVID-19 esta ecuación ha sufrido un desbalance descomunal. La producción nacional está en caída libre y de la misma manera, se ha afectado el consumo, el pago de tributos y se han detenido todos los proyectos de inversión. La única manera de volver a impulsar todos los elementos de esta ecuación es abriendo la economía cuanto antes y con las noticias anunciadas recientemente por el Gobierno ya todo parece indicar que estamos caminando en la dirección correcta. No hay que ser un genio para saber que entre más demoremos, más difícil será la recuperación. Si bien debemos aceptar que debemos ir perdiendo el miedo causado por esta pandemia, es obligante asegurar que cumplimos con todos los protocolos de seguridad y de higiene para garantizar que el retorno a la normalidad no se vea impedido ante un eventual rebrote. Y como ya hemos visto en otras naciones, esa posibilidad es muy factible. Dicho esto, imploramos a ser pragmáticos. La tramitología diseñada por las autoridades para lograr el visto bueno y posterior autorización para operar, es muy compleja y burocrática. Hay quienes piensan que, en vez de facilitar, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. En pocas palabras, hay que sentarse a conversar, revisar los procedimientos y actuar con celeridad para poder avanzar.

A corto plazo, nuestra querida Panamá tiene por delante una maravillosa oportunidad, que todos debemos aprovechar, para lograr un verdadero acuerdo nacional en la tan esperada reforma constitucional sobre un tema fundamental: la corrupción. Lamentablemente, debemos reconocer que este cáncer se ha propagado por todos los sectores de nuestra sociedad y nos ha contagiado de manera indiscriminada con mucha más fuerza que el propio COVID-19. Y sus efectos no solo alcanzan a los sectores políticos, sino que también se han esparcido con mucha habilidad en el sector privado, empresarial y hasta el laboral. El juegavivo, la evasión fiscal, el mirar para el otro lado, usar influencias para lograr canonjías o el “¿qué hay para mí?”, son factores que, al final del camino, lo que han generado es un inmenso malestar en nuestra sociedad, pero, sobre todo, más pobreza y una vergonzosa desigualdad. Es por ello que sentimos que este es el momento preciso. Debemos aprovechar el sentimiento nacional para que, juntos, podamos elaborar un nuevo contrato social con reglas claras que nos permita regir los destinos de la República en una suerte de nuevo amanecer, con el único objetivo de realmente corregir el rumbo y salvar a Panamá de una explosión social a la que sí debemos tenerle miedo y que seguramente pocos quieren.

Con estas nuevas reglas del juego, los ciudadanos debemos tener la seguridad de que habrá certeza del castigo para todos los que infrinjan la Ley y paguen por sus delitos. Sin distingo de clase social o de las preferencias ideológicas o del color del partido al cual pertenezcan. A los funcionarios hay que limitarles el poder y todas las relaciones contractuales de los Gobiernos de turno tienen que forzosamente estar sometidas al escrutinio del público, para que no quede duda alguna de la transparencia de todos los actos oficiales. Solo así los ciudadanos tendremos la seguridad de que los bienes de todos los panameños se administran con el rigor necesario, para que podamos tributar sin temor y nos garanticen que los dólares que, con tanto esfuerzo, nos toca producir serán utilizados responsablemente.

En esta etapa pos-COVID-19 lo que, sin duda alguna, hará falta son los recursos económicos. La empresa privada ha sido, y debe seguir siendo, el motor del crecimiento económico, pero la nueva realidad nos vaticina que la participación del Estado será muy significativa y necesaria, para poder recuperar los niveles de crecimiento que nos permitan garantizar empleos dignos y bien remunerados para todos los ciudadanos. Al final del camino, lo que muchos anhelamos es una sociedad más igualitaria, menos conflictiva y ojalá, que libre del peor cáncer del cual padecen nuestros países: la corrupción.

Termino con un pensamiento de alguien que manifestó este deseo en alguna ocasión: La mejor sociedad es aquella que pueda garantizar que un número cada vez mayor de sus ciudadanos logre alcanzar el mayor grado posible de bienestar y, por ende, de felicidad. Adelante la pica y la pala. Nos queda mucho por hacer. Para mañana es tarde.