Panamá y el contrabando de cigarrillos

Panamá sigue siendo líder en el contrabando de cigarrillos. Los hechos y las autoridades así lo dejan en evidencia. “Este es un rubro que ha venido en crecimiento”, reconoció el pasado 14 de enero la directora de la Autoridad de Aduanas (ANA), Tayra Barsallo, durante una entrevista televisiva en referencia al contrabando de cigarrillos.

Esto es corroborado por el Estudio de Mercado Ilegal de Cigarrillos en Panamá realizado por NielsenIQ -líder mundial en información, datos y análisis de audiencias- realizado en 2021, que detalla que de cada 100 cigarrillos que se consumen en Panamá 87 provienen de contrabando. En 2019, este mismo estudio revelaba que de cada 100 cigarrillos que se consumían en Panamá en ese entonces 80 provenían del mercado negro.

Con esto se demuestra que, pese a los ingentes esfuerzos que lidera la ANA para controlar la situación, la regulación extrema contra los productos derivados del tabaco, lejos de disminuir su consumo, ha disparado su contrabando.

Pero lo que es aún peor es que en Panamá se están diversificando los mecanismos para introducir y distribuir estos productos ilegales que además del impacto negativo que generan en el erario representan un inminente riesgo a la salud de quienes los consumen y por ende una carga al sistema de salud.

Antes de la Navidad de 2021, entre el 16 y 23 de diciembre, Panamá reportó el decomiso de 1199 cajas de cigarrillos que representan 5.3 millones 230 mil unidades y que en el mercado podrían tener un costo de 317 mil 250 dólares.

Estos productos de contrabando, de acuerdo con las autoridades, fueron transportados en un camión desde la Zona Libre de Colón, provincia de Colón, hasta Paso Canoas, provincia de Chiriquí, en la frontera de Panamá con Costa Rica. No por nada la Zona Libre de Colón es el “Disneylandia del contrabando”, según Daniel Rico, experto colombiano en economías criminales. “Whisky, cigarrillos, medicamentos… de todo”.

Pero además de informar sobre este decomiso, las autoridades daban cuenta de que en los últimos decomisos se ha detectado que los transportes traen documentación donde se declara que el contenido es mercancía como partes y accesorios de autos, llantas y luces, entre otros, pero cuando se realiza la revisión lo que vienen son cajas de cigarrillos.

Con el nuevo año, los contrabandistas vienen con nuevos bríos y el pasado 27 de enero se reportó la retención de un camión que transportaba 230 pacas de cigarrillos (2 millones 300 mil unidades) de presunto contrabando valorados en más de 170 mil dólares, que iban mezclados entre gallinaza, estiércol. Nuevamente, el articulado procedente de la provincia de Colón.

Ante el evidente incremento de estos productos en las calles de Panamá, queda demostrado lo inadecuadas y obsoletas que están nuestras políticas públicas sobre este tema, que no solo propician el lavado de dinero a través de nuestro sistema financiero o mediante el lavado de bienes, basado en intercambio comercial, sino que, a su vez, pone en riesgo la seguridad de los consumidores e incluso su salud al adquirir estos productos de dudosa procedencia.

La realidad actual evidencia que las acciones de decomiso por parte de las autoridades se convierten en una “curita” con la que se busca tapar el gran hoyo que provoca el contrabando de cigarrillo en el erario y la salud de toda la población.

Este mismo efecto se tiene con los cigarrillos electrónicos. Mientras se mantiene la prohibición total sobre estos productos, se genera no solo un 100 % de contrabando de cigarrillos electrónicos -porque la realidad es que, pese a que están prohibidos, para nadie es un secreto que los consumidores pueden adquirirlos a través de diferentes plataformas-, sino que también se condena a los fumadores, que no puedan dejar de fumar, a utilizar solo cigarrillos de combustión, que son el producto de nicotina más dañino actualmente.

De allí nace la necesidad de abrir un debate basado en la evidencia científica, que permita a los ciudadanos la oportunidad de acceder a alternativas de riesgo reducido, para dejar de fumar y reducir los daños a su salud, la de su familia y del resto de la población por el consumo de cigarrillos de combustión.

Este debate científico es el que han adelantado el Reino Unido, Nueva Zelanda y Uruguay, países con las más altas calificaciones en políticas públicas de tabaquismo y donde se han adoptado los dispositivos electrónicos de nicotina como herramientas de reducción de daños para aquellos fumadores que no dejan de fumar.

Como país debemos avanzar hacia una discusión integral y científica del tema que no solo nos ayude a frenar el contrabando, sino también a disminuir el impacto negativo en la salud de todos y en nuestro sistema de salud. Este es el momento de actuar, no hay tiempo que perder.