De impugnados, reelegidos y otros demonios

La decisión del Tribunal Electoral de aceptar las demandas de impugnación de las elecciones del 4 de mayo en diez circuitos electorales, y de autorizar la realización de nuevas elecciones, con la participación de los impugnados, puso en evidencia, una vez más, la fragilidad del sistema electoral en el país.

Esta decisión, lejos de ser un acto de ‘rectificación electoral’ conducente a la modificación del estado de cosas y sentar las bases para enmendar profundamente los vicios evidentes del sistema, ha pasado realmente a ser, apenas, una simple reprimenda o regaño a los responsables de utilizar los fondos públicos para apoyar sus candidaturas.

En forma más directa, podríamos decir que el Tribunal Electoral ha aplicado sanciones en las que aparentemente ha prevalecido una alta dosis de ingenuidad, misma que le impidió prever las consecuencias, incluso a corto plazo. Manejándose dentro de los límites de un supuesto ‘respeto a la institucionalidad’ (algunos preguntarían ¿cuál institucionalidad?), no se tomaron las decisiones que el pueblo esperaba y que suponían un castigo ejemplar a los que se les demostró el delito electoral. Como ya se aprecia, las consecuencias están rebasando el ámbito puramente electoral para situarse, poco a poco, en el centro de agrias desavenencias políticas y de amenazas a la gobernabilidad que seguramente saldrán a flote en los próximos meses.

La euforia y desbordado entusiasmo con que los máximos dirigentes del partido afectado han recibido los resultados de los procesos de reelección circuital, van más allá del cálculo político que representa aumentar la cuota en la Asamblea Nacional; de hecho, es la expresión de que nada ha cambiado y que las reglas del juego siguen vigente, e incluso que se han reforzado.

Para los amplios sectores de la atemorizada clase media urbana del país, principal respaldo político de la vieja guardia de la Cruzada Civilista, ahora reforzada por neo y pseudocivilistas, el comportamiento de los votantes que han favorecido la reelección de los diputados impugnados, pareciera incomprensible. Para muchos, podría ser visto como un acto de descortesía, de falta de educación, de ignorancia e incluso de mal agradecimiento con actores claves de la sociedad civil que han luchado contra la corrupción y el desgobierno.

Sin embargo, lo cierto es que nadie puede tener cortesía por movimientos que no han mantenido una comunicación permanente con las bases populares, tanto en las áreas rurales como en los centros urbanos más poblados y empobrecidos del país. Si esta comunicación sostenida se hubiera mantenido, no solo para derrocar a Manuel Antonio Noriega en 1989, sino como un mecanismo permanente para profundizar la democracia después de la dictadura y como una plataforma inclusiva, con amplia participación popular para el rescate democrático del país, otro sería el panorama.

En cierta manera no debería responsabilizarse solo al Tribunal Electoral por la complejidad de la situación planteada y las decisiones tomadas. El mismo Tribunal ha reconocido el desgaste del sistema, cuando admitió que se encontraban frente a un inédito vacío legal para proceder con mayor energía, o lo que es lo mismo, en esa materia, el sistema llegaba a su límite. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Solo una nueva constitución que responda al clamor de las grandes mayoría puede garantizar la reconstrucción del Estado panameño y la vigencia de principios democráticos para las actuales y futuras generaciones.

*SOCIÓLOGO Y CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.