Nuevo procurador: las peripecias de una designación

La renuncia de Eduardo Ulloa como procurador, después de un año de designación, deja cierto sinsabor a los que estamos familiarizados día a día con el sistema de justicia penal, ya que esta renuncia causa un enorme vacío de poder y amparo institucional en la entidad encargada de perseguir los delitos. Debo señalar que no dudo de la probidad y capacidad académica del Licenciado Ulloa; sin embargo, su abrupta salida, con lánguidas justificaciones, empaña su imagen, ya que la conclusión, de la opinión general de la ciudadanía es que poderosas fuerzas (políticas-económicas) fraguaron la estrepitosa renuncia y que él tenía la obligación moral, propia de su cargo, de denunciar lo acaecido.

Cristalizada la salida del procurador, de la forma como ocurrió, se produce una afectación del Ministerio Público y de las personas que conforman el mismo, ya que se evidencia una intervención directa de oscuros personajes que tratan de maniobrar y reorientar la función de la entidad; al punto de tener la capacidad y el poder de desbancar a su máximo jefe, con el impacto intimidatorio de este acto a los restantes subalternos. ¿Qué podemos esperar de un Ministerio Público amenazado y amedrentado? Simplemente que se plegue a lo que diga el poder de turno, con la consecuente desvitalización de su función de perseguir los actos delictivos.

A la fecha asumió el rol de procurador encargado el Licdo. Javier Caraballo, el cual podemos definir como un institucional, aquel que se ha forjado y hecho carrera dentro del Ministerio Público y con una formación en la persecución de delitos de Crimen Organizado y Narcotráfico, lo cual lo dota de las aptitudes, actitudes y conocimiento necesario para hacer cumplir el rol de procurador. Sin embargo, su única debilidad es que el mismo no tiene piso político que lo soporte, y eso, como nos hemos dado cuenta, ha pesado en los últimos años en donde ningún procurador ha cumplido su periodo. Debo aclarar que el único que cumplió su periodo fue José Antonio Sosa, y cumplió justamente porque el mismo tenía “piso político”, habiendo ocupado un cargo, antes de ser procurador, como diputado (legislador, en aquel entonces), siendo también un alto jerarca de un partido político.

Siento que hacer una designación en estos momentos en que faltan solo tres (3) años para culminar el periodo que corresponde al procurador actual, traer a alguien que no conozca la institución o bien con ribetes o insinuaciones políticas, hará más daño que beneficio al Ministerio Público y el rol que este debe desempeñar; pienso que lo más sano y recomendable es mantener al procurador suplente hasta culminar el periodo o bien ratificar al mismo en propiedad.