Nuevo modelo de la Autoridad Marítima de Panamá

El presidente electo, José Raúl Mulino, el 14 de junio, ha designado como Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) al ingeniero Luis Roquebert, conocedor del sector de hidrocarburos y con experiencia en el sector portuario.

Es importante destacar que la AMP además de incluir la dirección portuaria, a nivel nacional, incluye la marina mercante que ofrece servicio a la comunidad internacional.

Los entendidos conocen que el presupuesto de la AMP para el año 2024, es de 220,678,583.00 dólares. Esta suma importante de divisas e ingresos para el país, sus recaudaciones en los últimos años, ha ido en descenso.

El gobierno saliente ha demostrado falta de coherencia no solo al perderse el honrado ranking de ser el mayor registro de naves (por cantidad y tonelaje) mercante internacional por más de 20 años, sino que desde el 2023, entró y por primera vez en más de 10 años, en la lista gris del Memorándum de París. Por ello, ahora, las naves mercante de registro panameño al ingresar a puertos en Europa, Asia o en Estados Unidos, no son bien vistas por los agentes portuarios y son inspeccionadas con mayor exigencias, por esos puertos rectores.

Al armador o administrador de naves, no le gusta esta imagen complicada y prefieren cambiarse de registro para la competencia, pues estos otros, son administradas por empresas privadas conocedoras del sector marítimo, como lo es Liberia y las Islas Marshall.

Para el desarrollo efectivo del sector marítimo y su coherente estrategia nacional, Panamá, no solo debe atender el sector internacional arriba señalado que incluye la dirección de Marina Mercante, la dirección de Gente de Mar o la dirección del Registro Público de Naves, con sus 14 oficinas técnicas de Segumar o sus consulados privativos, sino que hay que armonizar los intereses y prioridades de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Ya es hora de atender, dentro de la misma estrategia marítima, el uso y la administración del agua, los puertos, la industria logística con sus servicios conexos, y otros factores. Y toda esta gama de elementos que integran el sector marítimo, los conoce el presidente electo, José Raúl Mulino. Él conoce las oportunidades y la necesidad del cambio de timón. Solo así se crearán empleos bien remunerados para los técnicos dentro de la AMP. Y de paso, vendrán mejores salarios al personal calificado dentro de una nueva reingeniería.

Y estamos conscientes que la modernización se va a dar. Y así confiamos que pronto será una realidad la creación de la nueva sociedad anónima tipo Tocumen S.A. que aglutinará exclusivamente el sector internacional con la emisión del 100% de las acciones a favor del Estado.

Todos los estudios previos demuestran que esta ruta permitirá recuperar la mística hoy perdida. Por ello la dirección de Puertos debe separase de la AMP de una vez por todas y proyectar su crecimiento bajo un nuevo orden legal, con dirección y personal ejemplar y concesiones transparentes.

Ya se ha discutido el tema de la competencia de la Autoridad de Canal de Panamá y se ha analizado a nivel de la Corte Suprema de Justicia, si tiene o no capacidad para extender sus acciones más allá del tránsito de naves. Ya no existe duda jurídica, si los puertos adyacentes y sus aguas y riberas son parte de su jurisdicción.

Ya tenemos un precedente de la Corte Suprema de Justicia y desde el 11 de marzo del 2019, que confirmó que la demanda de inconstitucionalidad de la firma Cochez Martínez y Asociados en contra del Artículo 1 del Acuerdo No. 269 del 2014 emitido por la ACP, ha sido declarado que no es inconstitucional. Y además tanto la ACP y todas aquellas instituciones y autoridades de la república vinculadas al sector marítimo, forman parte de la estrategia marítima nacional, que señala el artículo 317 de la Constitución con la finalidad de que Panamá se convierta en un centro integrado de servicios marítimos y logístico, de tránsito y trasbordo y de excelencia y que estas actividades generen valor agregado al comercio nacional e internacional.