¿Cambios constitucionales o nueva constitución de goma?

Eduardo Galeano, en su época de avispado periodista (1964), entrevistó al máximo líder de la UDN —Bilac Pinto—, un año después de que estos se habían opuesto a eliminar constitucionalmente el capítulo sobre los ‘inelegibles' y le preguntó por qué, contrario a lo antes actuado, su partido había respaldado la escogencia del mariscal Castelo Branco, para presidir el país, luego del golpe que los militares le dieron al presidente constitucional, Joao Goulart, siendo que aquél era un ‘inelegible' según la constitución brasileña.

Pinto respondió que las constituciones no eran fruto de reformas regulares, sino de revoluciones... o sea, le llamaron revolución ‘redentora' a un rapaz golpe de Estado, a toda luz inconstitucional. Esto es, lo que Galeano le llamó ‘Constitución de goma', meramente decorativa o si prefiere decirse, a la medida de los que tienen el poder real.

En nuestro país, se viene esgrimiendo el argumento de reformas constitucionales que ya el presidente electo se comprometió a seguir —de acuerdo al formato propuesto por la llamada ‘Concertación nacional para el desarrollo', presuntamente representativa de la sociedad civil y política panameña— haciéndolas realidad desde la Asamblea de los ‘honorables' diputados, en dos períodos consecutivos.

La actitud de las clases sociales que otrora vulneraron en Brasil su propia constitución y la hicieron a su medida para lograr de ese país el segundo de la mayor desigualdad social del continente, es muy similar a la de las clases que hoy promueven introducir reformas constitucionales en el nuestro, por la vía de actos desde la Asamblea de Diputados —y no por la vía originaria donde podría haber amplia participación del pueblo— para que estén a su medida. Constitución de goma, diría Galeano.

Al margen de la fórmula de aprobación atropellada que vienen planteando los grupos empresariales aglutinados en la Cámara de Comercio —conservadores por excelencia— el examen de quien tenga pensamiento crítico debe pasar por la pregunta acerca de ¿cómo o en qué beneficia al pueblo el ensayo de reformas ‘concertadas'?

En tal sentido, cabe preguntarse ¿en qué medida las propuestas eliminan la posibilidad de entregarle a empresas transnacionales nuestros bienes ambientales a través de los hoy legalmente admisibles contratos con la nación grotescamente leoninos contra nuestros intereses nacionales? Pensemos, por ejemplo, en las concesiones depredadoras del ambiente otorgadas a las transnacionales mineras que operan en la costa abajo de Colón y norte de Coclé.

Esto, agregado al tema de que por cada dólar de renta que reportan obtener —en realidad el Estado no ejerce ningún control que dé evidencia de que sea eso y no más de eso— con la exportación de los metales, menos de dos centavos son los entregados al fisco panameño. Son de tal magnitud las rentas obtenidas por esta actividad, que resulta fácil ‘comprometer' a los personeros gubernamentales para que no les pongan ningún orden a estos actores económicos y sigan expoliando nuestras riquezas. No resulta oficioso comprender que uno de sus defensores jurídicos haya resultado ser el vicepresidente de la República recién electo. Por tanto, poca esperanza tendremos que se aborde una modificación que, por ejemplo, eleve a rango constitucional la prohibición de actividades económicas sepultadoras de nuestra biodiversidad.

No hemos escuchado ninguna alusión a fortalecer el concepto constitucional ya existente de ‘Función social de la propiedad' —que se refiere a que ningún propietario privado puede hacer lo que le venga en ganas con su propiedad o actividad económica, si esta perjudica al resto de la sociedad— de manera que no sea vulnerado a la hora de hacerlo operativo en la práctica de las instituciones públicas, como ocurre hoy día.

Para qué hablar del concepto relativo a la preeminencia del interés colectivo sobre el interés particular, que está convertido en letra muerta cual constitución de goma, cada vez que vemos que se gestiona la salud, el agua y hasta la alimentación, como una mercancía destinada a generar rentas a los que negocian con ellas y no destinadas a satisfacer las necesidades apremiantes de la población.

Lamentablemente, estos intereses no entran en las coordenadas de los que hoy impulsan reformas constitucionales al margen de las mayorías sociales. Ojalá mi pueblo sepa sacudir el piso de las élites económicas y políticas que están dispuestas a reformar solo lo que es de su excluyente interés. De otro modo, seguiremos con una ‘constitución de goma'.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE DE LA UP.