No hay peor ciego que el que no quiere ver

Este refrán puede aplicarse al pie de la letra a la publicidad oficial de la que se abusa de manera extraordinaria en Panamá porque no es más que simple propaganda. Publicidad que tiene como objetivo convencer a la población y en última instancia al electorado de que el gobierno es lo mejor y de que sus candidatos lo son también. El raquítico 5,8% de los votos que logró el candidato oficial en las últimas elecciones, el peor resultado desde hace más de tres décadas debería, al fin, convencernos de la inutilidad de dicha propaganda y hasta de su nocividad para los que la patrocinan y la pagan con el dinero de todos los contribuyentes.

En mi libro titulado Reflexiones sobre Panamá y su destino de 1990 a 2022 que incluía un ensayo sobre “Propaganda versus educación” (publicado en la prensa nacional el 25 de julio de 2019) sostenía que los millonarios fondos destinados a la propaganda oficial tenían un resultado opuesto al deseado por las autoridades. Añadía que si esos fondos se destinaran a la educación cívica, tendrían mucho mejor uso y quizás los ciudadanos lo reconocerían. Pero esa advertencia pareció haber caído en oídos sordos. El 1 de diciembre de 2023, recordé los mismos argumentos en un artículo que apareció en La Estrella de Panamá en el que preguntaba: “¿Debemos cambiar la publicidad estatal?

En los últimos 34 años, desde la administración presidencial de Guillermo Endara hasta la de Laurentino Cortizo, todos los candidatos del oficialismo perdieron las elecciones, a pesar de la pesada carga de la propaganda gubernamental, hasta de centenares de millones de dólares la más costosa, que nunca cambió de naturaleza y de objetivo y que se añadía a la propaganda de los partidos políticos involucrados. Es un hecho que al menos debe hacer reflexionar seriamente a las autoridades que gobernarán en adelante.

En realidad, las inmensas y crecientes parcelas de insatisfacción de los ciudadanos en todos los gobiernos enfrentan la propaganda oficial que queda rápidamente en desventaja. Entre más lujosa y ruidosa sea en los medios, el efecto es aún peor porque el ciudadano siente que no sólo lo engañan, sino que también lo hacen con descaro e insolencia mayor frente a sus problemas reales o imaginarios. El asunto es más el mensaje mismo, siempre parecido, que los medios utilizados.

Para 2023, año preelectoral, el presupuesto de la publicidad estatal fue de 11,4 millones de dólares en un país lleno de necesidades y con una deuda estatal astronómica. Sin embargo, el 13 de septiembre en La Estrella de Panamá la periodista Eliana Morales Gil registraba que “El ministro de la Presidencia José Simpson solicitó un crédito adicional de $5 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para sufragar parte del plan de comunicación del gobierno de Laurentino Cortizo. Con ese dinero, explicó, se costeará la publicidad correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de septiembre de este año...” La Comisión de Presupuesto, por supuesto, lo aprobó sin chistar, a pesar de las sanas advertencias del diputado Juan Diego Vásquez. No sabemos todavía cuánto se gastó en 2023 y cuánto se ha presupuestado en este rubro para 2024 que debió corresponder con la época electoral.

Muchos estamos convencidos de que el gran problema de fondo de Panamá con efectos devastadores en todo el cuerpo social y su futuro es la baja calidad educativa que desde hace varias décadas reciben los estudiantes de todos los niveles, desde los primarios hasta los universitarios, sobre todo en el sector público, patrocinada por lo que llamo el ministerio de la Mala Educación.

Educación sometida también a la institución rectora de la educación superior y principal formadora de docentes, la Universidad de Panamá, que ocupa el puesto 4.000, casi ínfimo en el rango mundial por el nivel de excelencia, pero también en el regional, ya que según el “QS World University Rankings: América Latina y el Caribe 2024”, está en la posición 191-200 entre 430 universidades consideradas, situándose muy lejos de las mejores universidades de los dos países vecinos: Colombia (puestos entre 12 y 16) y Costa Rica (puesto 20). Además de la Unachi, costoso modelo de mediocridad y clientelismo político (puesto en la cola, 401 regional), totalmente ausente en la clasificación mundial. Educación cuya insuficiencia se manifiesta también en la caída del sentimiento cívico y de la convivencia pacífica entre todos.

Por eso proponía públicamente, desde 2019, destinar esos recursos malgastados en propaganda oficial, a un gran programa de educación cívica por los medios más apropiados: la prensa escrita, la radio y la televisión en primer lugar y, naturalmente, presente en todas las escuelas. Ojalá el nuevo gobierno que se instaló el 1 de julio reflexione sobre la real función de sus oficinas de comunicación y decida elevar pronto y de verdad la calidad de la educación panameña que sufrió más que nunca en el último quinquenio.

Si las máximas autoridades en los tres órganos del Estado, realizan una acción positiva y relevante, los medios informativos nacionales, especialmente los privados, con mayor audiencia, serán los primeros en cubrir las noticias que surjan sin ningún costo para el gobierno.

Nunca es tarde para repetir que las autoridades deben comprender que la sana comunicación oficial no debe confundirse con la inútil propaganda gubernamental y todavía menos con el culto a la personalidad de los gobernantes, manera muy anacrónica de abanicar egos supremos, en verdad muy ausentes, irrelevantes y finalmente pasajeros.