Mulino y la catástrofe que nos amenaza

Es un hecho conocido que el sistema solidario de pensiones de la CSS se encuentra en una muy delicada situación. El origen de la problemática, como también es sabido, se encuentra en el contenido de la Ley No 51 del 27 de diciembre de 2005. Esta Ley, basada en las concepciones de Dino Mon y otros con igual pensamiento sesgado, al convertir en un grupo cerrado a los cotizantes del sistema solidario (al que esta Ley denomina SEBD), generó la destrucción de este modelo de pensiones, poniendo en riesgo, de manera irresponsable, los futuros ingresos de prácticamente dos generaciones de trabajadores y trabajadoras, que tienen la esperanza de jubilarse.

Se trata de una situación que puede ser calificada de catastrófica, la cual va en camino de profundizarse por la presencia de un gobierno aliado a los sectores dominantes en general y al capital financiero en particular. Es, entonces, fundamental poner en claro las reales intenciones del Sr. Mulino y la naturaleza de su escurridiza narrativa. También es el momento de mostrar el camino para salvar el sistema solidario de pensiones, sin incrementar los sufrimientos que ya soporta la población asegurada.

Para comenzar, se debe partir señalando que estamos frente a un gobierno poco confiable frente al tema. En efecto, pese a que el programa de gobierno del señor Mulino no menciona para nada la problemática de las pensiones, él mismo dejó claro, luego de las elecciones, que contaba con un grupo de personas que estaban preparando una “solución a la problemática”. ¿Cuál fue la causa de ocultar ese hecho durante el período electoral? ¿Por qué el señor Mulino no muestra cuál es el pensamiento y dirección ideológica de su grupo asesor?

En este contexto, la afirmación del señor Mulino de que no se realizará una privatización de los fondos de la CSS debe ser analizada con el criterio de la duda científica, ya que existen formas de privatización enmascaradas. En este sentido es claro, como se desprende de diversas presentaciones y publicaciones relacionadas con el Conep, que los sectores económicamente dominantes proponen que las cuentas de los cotizantes se manejen en el Siacap o una institución semejante. Se trata de una forma que, obviamente, se amolda a los criterios de un gobierno, que como el actual, está sesgado hacia los intereses de la cúpula empresarial.

El Siacap, si bien es una institución pública desde el punto de vista legal, la misma se encuentra corroída por dentro, por la privatización. En la misma, las cuotas aportadas, el cálculo de las pensiones y el pago de los beneficios los hace una empresa privada, denominada entidad registradora y pagadora. Además, en esta institución dos terceras partes de la capitalización la realizan empresas privadas. No es menos cierto que en el Siacap los riesgos financieros son del cotizante, lo cual llevó a que en el 2023 los rendimientos fueran negativos, de manera que el fondo de cada uno de ellos disminuyó.

El señor Mulino, por otra parte, ha estado vendiendo la idea de que los platos rotos los tendrán que pagar todos los contribuyentes. En la medida que él mismo, ni por casualidad, llama la atención sobre la evasión que el sector corporativo privado practica anualmente, por un monto de cerca de $7,800.0 millones, simplemente excluye a los evasores del costo que significa el problema. Es prácticamente evidente que la propuesta oculta del Ejecutivo incluye la elevación muy significativa del ITBMS, lo que afectará más aún al nivel de vida de la población.

En forma más bien burda que sutil, el señor Mulino ha dejado de hablar de los cambios paramétricos. Estos, obviamente, pese a esto, estarán presentes en su plan de solución. Esto es claro si se tiene en cuenta que tanto la persona que designó como director general de la CSS, como al que nombró como ministro de Economía y Finanzas, ha abogado de manera reiterativa en favor de las medidas paramétricas.

Frente a esto existe una forma de enfrentar la catástrofe que nos amenaza. El análisis científico, apoyado en una herramienta cuantitativa construida para tal fin, muestra que reduciendo en apenas 1.5 puntos porcentuales la evasión tributaria (que actualmente llega al 10.2% del PIB), eliminando la evasión de cuotas vinculadas con los llamados trabajadores informales de las empresas formales, elevando en unos 2.0 puntos porcentuales la rentabilidad de los fondos de IVM de la CSS y haciendo un pequeño esfuerzo por vincular a los trabajadores por cuenta propia a la CSS, es posible resolver el problema financiero de las pensiones ¡Sí es factible volver al sistema solidario y darle una base sana de financiamiento sin privatización y medidas paramétricas¡

Esta posibilidad, sin embargo, tiene como condición la toma de conciencia por la población, su organización en defensa de la solidaridad y la movilización decidida de los sectores sociales.