Un modelo obsoleto

Cuando se formó la República a principios del siglo pasado, se repartieron las tierras y entonces los fundadores decidieron inventar un modelo de país donde no pagaban impuestos. Establecieron la Zona Libre de Colón, instituyeron el sistema bancario, dieron exoneraciones de 20 y 30 años al turismo, constituyeron zonas francas y centros logísticos bajo concesión, otorgaron exenciones a universidades y escuelas privadas, impulsaron la construcción exonerando las ganancias que se reinvertían, y crearon muchas otras iniciativas para el desarrollo del país. Pero al final, lo que diseñaron fue un modelo de privilegios.

Panamá tiene actualmente alrededor de 130 incentivos fiscales, según declaraciones del ex ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia. Por un lado, del Puente de las Américas hacia el interior casi no se paga impuestos. La agricultura está exenta, las canteras pagan una bicoca y las minas las hemos regalado con respecto a lo que generan. Y por el otro, en torno a esta masa de canonjías, se creó una estructura de empresas ‘off-shore' que no pagan impuestos y posteriormente promovimos para que multinacionales se establecieran aquí y pagaran menos impuestos. De nuevo, un modelo donde legalmente se pagan pocos impuestos.

Esta realidad ha contribuido a que Panamá tiene una de las estructuras fiscales más débiles del continente y su presión fiscal de 12 % (relación entre los ingresos tributarios y el PIB) es una de las más bajas del mundo. Lo cual crea un problema, al tiempo que la economía crece a tasas elevadas y la capacidad de las finanzas públicas del Estado queda rezagada.

En su oportunidad, tanto Martin Torrijos como Ricardo Martinelli trataron de paliar el temporal. Torrijos creó el CAIR y mejoró la eficiencia de la DGI para recaudar. Y Martinelli aumentó el impuesto de consumo a 7 %, metió los servicios profesionales al paquete tributario, introdujo Cobranzas del Istmo, modificó la Ley de Responsabilidad Fiscal y separó varias instituciones del Sector Público No Financiero, que aunado al uso de proyectos ‘llave en mano' y en medio de la ampliación del Canal, fueron medidas que permitieron aparentar unas finanzas públicas fuertes, tanto así que obtuvimos niveles de inversión pública en 2013 hasta del 9 % del PIB. Como referencia, esa cifra se encuentra este año en 5.5 % y seguirá bajando, de acuerdo a las estimaciones del MEF.

Hemos llegado entonces a un punto en que el Gobierno está en una encrucijada, porque claramente se quedó sin dinero. Y no solo eso, sino que está endeudadísimo en un momento en que precisamente tiene que enfrentar varias situaciones que requieren de cuantiosos recursos: reestructuración de la Caja del Seguro Social, aumentos a educadores, adecuación del sistema de salud, modernización del Idaan, construcción de líneas de transmisión eléctrica, mantenimiento de infraestructuras, etc. Pero lo crítico, el Gobierno además está en medio de serios cuestionamientos por el uso indebido de dineros públicos y su ineficiencia para administrarlos.

Ante lo expuesto, Panamá es un país lleno de privilegios fiscales que limitan la capacidad financiera del Estado para enfrentar las inversiones necesarias, y su gente desconfía de los Gobiernos y no quieren darles más recursos. Con lo cual, podemos aseverar que el modelo colapsó y la única salida implica dos acciones heroicas. La primera, el Gobierno debe hacer un sacrificio y comenzar a dar el ejemplo con medidas reales de austeridad. Aquí es urgente reducir la planilla estatal, eliminar la publicidad gubernamental, frenar la compra de vehículos innecesarios, minimizar los viáticos de lujo, cerrar instituciones inoperantes que no hacen nada (ej. Antai), clausurar consulados que no rinden cuentas, prescindir de las planillas fantasmas en la Asamblea, eliminar subsidios absurdos que alientan el paternalismo, etc.

Y lo segundo, hay que eliminar muchos de los privilegios fiscales que fueron concebidos por pura politiquería y que actualmente no incentivan las inversiones ni promueven el desarrollo. Cualquier persona que devenga un salario debe pagar impuestos, desde el que cobra el mínimo hasta el que recibe millonarios dividendos, porque todos, absolutamente todos, abusan de la ubre del Estado. Únicamente después que todos aportemos al saneamiento de las finanzas públicas, podremos caminar por el riel del progreso. ¡No antes!

Estamos, pues, en un punto muy delicado en el que debemos sincerarnos con nosotros mismos. ¡O enfrentamos la realidad y cambiamos de raíz el modelo obsoleto que tenemos, o nos vamos todos al despeñadero! El país no aguanta más y el Gobierno tiene que dar el ejemplo para acabar el relajito.

EMPRESARIO