Minería: de un contrato leonino a otro más leonino

La dinámica de producción a gran escala impone ganancias extraordinarias, acumulación, derroche y despojo, sin importar el atentado a la vida. El modelo extractivista que se ha impuesto en Panamá, como una de las principales actividades económicas de manera inconstitucional y leonina. Sin importar las consecuencias ambientales, sociales, culturales y económicas a la población que evidencian complejos conflictos de carácter socioambiental que repercuten profundamente en las dinámicas poblacionales y que son motivo de preocupación debido a los efectos que se vislumbran en las condiciones de vida, salud y el tejido social no solo de las áreas aledañas, sino también de todo el territorio nacional, el nefasto contrato ha llegado a la Asamblea Nacional para su aprobación.

Serán los diputados los que darán la estocada final, en donde medios de comunicación informan de las bolsas de dinero que corren para su aprobación por parte del grupo minero. Sin dudas, en medio del proceso electoral de 2024, los políticos tradicionales están en búsqueda de recursos para financiar su campaña de reelección a través del clientelismo. Tal como expresa el comunicado de la Alianza Pueblo Unido por la vida, “No tendrán escrúpulos para aprobar el leonino contrato”.

Tal como se sabe, la minería a cielo abierto es contraria al desarrollo nacional y social. La actividad minera sigue siendo de las ocupaciones más peligrosa, si tenemos en cuenta el número de personas expuestas al riesgo (lesiones, enfermedades y hasta la muerte). Es depredadora de la naturaleza. En el caso de Minera Panamá, se destruye la biodiversidad al ser una minería a cielo abierto, prohibida en otros países como Costa Rica.

Este contrato es peor que el de 1997, que ya era leonino a los intereses nacionales. Lo que pretenden imponer es peor, por cuanto este contrato cede nuestra soberanía. Se crea un enclave colonial en el área de Donoso y fuera de ella. La minera puede solicitar tierras en cualquier parte del territorio nacional y el Gobierno debe expropiarlas y adjudicarlas. El funcionario que se niegue a las exigencias de la empresa será sancionado. Se prohíbe el uso del espacio aéreo en el área de la minera para que la minera pueda devastar a sus anchas y abrir inmensos cráteres en esta zona del Corredor Biológico Mesoamericano. Solo seis funcionarios inspeccionarán casi 20 mil hectáreas, con salarios e instalaciones pagadas por el Gobierno nacional y actuando solo con el permiso de la empresa.

El Gobierno está obligado a socorrer jurídicamente y pagar los gastos de la defensa de la minera en caso de denuncias contra ella. Además, si se falla en contra de ella, por ejemplo, otro fallo de inconstitucionalidad, el Gobierno deberá resarcir la inversión y las supuestas ganancias dejadas de percibir por la empresa.

Además, este contrato aspira a convertirse en el marco regulatorio de otras explotaciones mineras como la de Cerro Quema. Entonces, tendremos no uno, sino varios enclaves coloniales en casi la mitad del territorio nacional.

El problema no termina aquí, en materia de suspensión de operaciones, se le otorga un periodo de 48 meses (cuatro años) a la concesionaria durante los primeros 20 años y cuatro años más durante los siguientes 20 años, sólo debe notificar al Estado y mantenerlo informado. ¿Qué sucede en estos cuatro años? Con el crecimiento económico, con los supuestos ingresos al país, y con la fuerza de trabajo. En caso de que sea el Estado el que termine con el contrato, las cláusulas son directas “el Estado pagará a la concesionaria una compensación que se ajustará al valor justo de mercado de la concesión”.

Este contrato es peor que el tratado Hay Bunau Varilla que ningún panameño firmó. El Gobierno, diputados y magistrados saben que el nuevo contrato también es inconstitucional, pero poco les importa.

Al igual que otras organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, barriales, gremiales, ambientalistas y ecologistas, llamamos a defender nuestro derecho al bienestar humano, al ambiente sano. Rechazamos el proyecto minero que atenta contra el desarrollo sostenible y la vida digna.