¿Y las medidas de retorsión?

Desde mediados del año 2013, el Estado de Colombia, castiga a los exportadores de la Zona Libre de Colón (ZLC), al aplicar cargos tributarios que son violatorios de los tratados y acuerdos que están suscritos y avalados por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Esa situación genera una afectación en las reexportaciones hacia Colombia, que está por encima de los $450 millones, generando una grave afectación de las reexportaciones, cierre de negocios, paralización de empresas, embargos, destituciones de empleados, eliminación de claves y otras situaciones que en esencia han desmejorado sustancialmente el otrora beligerante emporio comercial en la costa atlántica.

El peor período de la ZLC data del año 2013, hasta noviembre del presente año, cuando se volvió a ratificar el fallo de la OMC, favorable a Panamá, que debió haber generado la suspensión inmediata de las decisiones de Colombia. El arancel mixto que aplicó Colombia afecta el comercio de la ZLC.

Los integrantes de la Asociación de Usuarios de la ZLC han insistido ante el Gobierno actual para que se negocien acciones que permita que se pueda retornar al modelo que exigió la OMC, pero que no se ha cumplido, pese al daño que ya hemos mencionado que en el plano económico se ha generado contra la ZLC.

La instancia de los empresarios no ha encontrado eco, toda vez que las acciones del Gobierno nacional, han sido muy parcas, casi imperceptibles, pese a conocer los indicadores de afectación de la medida en el área de reexportación.

Han sido dos los ministros de Comercio, los que tímidamente se refieren al caso, al parecer esperando que por ‘combustión espontánea' se solucionara el impasse que nos afecta como país. Pese a los dos fallos emitidos por la OMC, Colombia expide dos decretos nuevos que refuerzan los anteriores, que aplicados nos siguen afectando ahora en mayor nivel que los anteriores.

Ante la pasividad con que las autoridades nacionales han manejado el asunto, ya organismos como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), actuando en nombre y representación de sus agremiados y del país, está planteando que se aplique lo que establece la Ley 48 de noviembre del 2016, que subroga la Ley 58 de 2002, que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras en contra de Panamá.

La solicitud de la Apede va de la mano con otra que le exige al Gobierno Nacional, a través del Consejo de Gabinete, que aplique medidas más enérgicas y directas que levanten la alicaída situación económica que atraviesan las empresas nacionales en la ZLC, para que exista un equilibrio entre lo que nos aplica Colombia y las medidas de retorsión que debió haber aplicado Panamá desde mediados del 2013.

Ya no solo son la Apede y la Asociación de Usuarios de la ZLC los que están planteando que se apliquen medidas de retorsión a Colombia, sino varios sectores de la vida empresarial, comercial, organizaciones cívicas y políticas las que se han unido en un bloque para que el Gobierno actual deje de nombrar comisiones y estudiar un caso que ya es de ‘vieja data', que nos tiene enormemente afectados, sin que al parecer se vislumbre que exista una solución a corto plazo, tomando en cuenta el daño económico que ya se ha generado.

Para hoy está anunciada la visita a nuestro país de la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Claudia Lacouture, para negociar con el Gobierno panameño algún tipo de solución que resarza en parte la millonaria afectación que han padecido los empresarios de la ZLC.

Se habla generalmente de las ‘excelentes relaciones' que como nación mantenemos con nuestra vecina y hermana Colombia, por lo que no se entiende el trato discriminatorio que nos dispensa y que su Gobierno nos aplica, sabiendo que esa afectación ya supera los $450 millones. Si la ministra María Claudia Lacouture llega con buenas intenciones, que venga. Que no traiga un discurso dilatorio que sostenga en el tiempo la afectación en detrimento de una ZLC, que se marchita a medida que pasa el tiempo.

PERIODISTA