Claridad necesaria en materia presupuestaria

Todos los gobiernos parecen ufanarse cada año anunciando que el suyo es el presupuesto oficial más alto de todos los tiempos. Pero la permanente ausencia de detalles significativos sobre partidas específicas constituye un impedimento a la hora de fiscalizar el cumplimiento de compromisos legales fijados en la ley que aprueba el presupuesto.

Si los rubros se presentan en forma global y las asignaciones se ilustran solo como porcentajes del total de desembolsos, es evidente que las autoridades puedan reservarse un amplio margen de libertad para efectuar los desembolsos, como ha venido sucediendo, para desnaturalizar así la genuina función del presupuesto del Estado.

Siempre me llamó la atención, durante los cinco años que tuve el honor de ocupar una curul legislativa, el misterioso proceso de elaboración, aprobación y manipulación durante el año fiscal de los presupuestos estatales.

Si la transparencia es la tónica de todo gobierno bien intencionado y si en democracia todos podemos aportar —no imponer— nuestras opiniones, es tiempo de brindar mejor información sobre el uso de fondos estatales. Recientemente se han encontrado desagradables sorpresas que, a mi modo de ver, se originan en el oscurantismo y desorden con que se elaboró y ejecutó el presupuesto nacional.

Los detalles del plan de uso de fondos públicos resultan inaccesibles a la opinión pública durante la preparación del presupuesto. Se inicia con ‘vistas presupuestarias’ en el Ministerio de Economía y Finanzas, a donde concurren jefes y directores a presentar sus aspiraciones presupuestarias; pero de esas vistas solo conocemos las protestas de quienes salen insatisfechos.

La posterior aprobación en Consejo de Gabinete se realiza también a puertas cerradas y solo se divulgan sumas globales o porcentajes asignados a sectores de interés especial —educación, vivienda, salud, agua— u obras especiales de infraestructura. En el Legislativo el paso es también expedito sin develar detalles especiales. El primer debate ha sido generalmente a puertas cerradas con ministros y directores que brindan explicaciones verbales.

Al ser sancionada como ley de la República, se revela finalmente un documento carente de información útil o práctica, como demuestra la Gaceta Oficial 27400-A. No se conocen detalles y si los rubros presupuestarios son descritos en términos tan generales sin mayor especificidad, se hace posible destinar los gastos de acuerdo a criterios subjetivos del momento.

Incluir expresamente partidas específicas en el presupuesto implicaría compromisos puntuales que debe cumplir el Ejecutivo, como podría ser, por vías de ejemplo, la inclusión de una suma específica para construir un acueducto determinado en una población determinada o una carretera de ciertas características entre dos poblaciones del interior. La ausencia de partidas en ese sentido delata la inexistencia de un compromiso formal que quedaría plasmado expresamente en la ley de presupuesto.

Esa ley contiene también ‘Normas Generales de Administración Presupuestaria’, que intentan sistematizar y ordenar su ejecución. Llama la atención la facultad de modificar las partidas presupuestarias aprobadas por la misma ley, que otorga al Ejecutivo y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea el poder para realizar transferencias, aumentos de gastos, créditos extraordinarios o suplementarios, etcétera. Todo lo cual se realiza a puertas cerradas sin explicaciones cabales a la opinión pública. Solo conocemos los hechos cumplidos.

Quizás el único control o límite que pueda haber es el fijado por la ley de responsabilidad fiscal que aprobamos en el 2008 y cuya vigilancia sea de mayor interés y relevancia para las entidades financieras internacionales y para las calificadoras de riesgos. Pero el desconocimiento público sobre detalles de partidas presupuestadas impide los frenos y la fiscalización que la opinión pública panameña pueda ejercer. Eso hay que cambiarlo.

EXDIPUTADA