Lucha contra la corrupción en tiempos de la COVID-19

La semana pasada, en el contexto de la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción para el 2020, IPC 2020, Transparencia Internacional publicó un anexo dedicado a contestar la pregunta “¿Por qué es importante luchar contra la corrupción en tiempos del covid-19?”.

Los autores comienzan subrayando que “la corrupción y las emergencias se retroalimentan, creando un círculo vicioso de mala gestión y crisis más profundas. Las grandes sumas de dinero necesarias para hacer frente a las emergencias, la necesidad de urgencia en el desembolso de la ayuda o los paquetes de estímulo económico y el riesgo de una influencia indebida sobre las respuestas políticas forman una tormenta perfecta para la corrupción, ya que pueden aumentar las oportunidades de que ocurra, al tiempo que debilitan los mecanismos establecidos para prevenirla. Esto, a su vez, socava las respuestas justas, eficientes y equitativas a las crisis”.

Aunque no encontré en el informe información verificable sobre actos de corrupción en nuestro país, me preocupó muchísimo que este año nuestra calificación no ha mejorado. Obtuvimos un índice de 34/100, por debajo de la media mundial de 43, y quedamos en la posición 111 de 180 países, muy lejos de las mejores; lo que indica que existe una percepción de corrupción, según los expertos que fueron encuestados. De acuerdo con TI, estos datos pueden indicar que, aunque se han producido ciertos avances, continuamos sin abordar con suficiente eficacia la corrupción.

Pero no es mi interés analizar en este artículo la veracidad de la valoración que se hace de nosotros, así como las acciones requeridas. Esa es materia de los poderes del Estado y de la sociedad organizada y espero que actúen en consecuencia, porque lo que no podemos hacer es quedarnos callados como si la cosa no fuera con nosotros.

Dicho eso, me limitaré a compartir, para el bien de la ciudadanía y nuestros gobernantes, las recomendaciones que ofrece el IPC 2020 para controlar la corrupción y garantizar una respuesta justa y eficaz a las emergencias, como la doble crisis económica y de salud provocada por la pandemia de COVID-19. Deben ser de suma importancia y aplicación práctica para nuestras autoridades, empresarios, sociedad organizada y ciudadanía; pues, la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de todos.

Para comenzar, el informe señala que la transparencia, la responsabilidad, la integridad y la participación de múltiples partes interesadas deben integrarse en todos los programas, planes y políticas relacionados con la lucha contra la COVID-19. Esto incluye la realización de análisis de riesgo de corrupción como parte de evaluaciones más amplias de fortalecimiento del sistema de salud y ejercicios de planificación sanitaria nacional.

No menos importante será incrementar la transparencia en la contratación pública. Esto incluye la publicación oportuna de los datos de contratación en formato abierto y su publicación en plataformas centralizadas, diseñando reglas y protocolos explícitos para emergencias y velando por su cumplimiento. También es fundamental documentar adecuadamente los procedimientos de contratación pública durante la crisis. Las evaluaciones de riesgo también pueden resultar útiles para enfocar recursos en áreas o procesos más vulnerables a la corrupción.

También subraya la necesidad de fortalecer las instituciones de auditoría y supervisión. Estas deben ser independientes y contar con los recursos adecuados para poder desempeñar sus funciones. Deben implementarse y activarse metodologías específicas y herramientas tecnológicas que permitan la auditoría en tiempo real en emergencias cuando sea necesario. También podría valer la pena reservar recursos suficientes para auditorías “ex-post” de los fondos de emergencia y comunicar la decisión de realizarlas, como una forma de disuadir comportamientos potencialmente corruptos.

Hace un llamado a proteger el espacio cívico, para que las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas puedan ser un freno adicional a la corrupción. Especialmente durante las emergencias, estos grupos pueden ayudar a monitorear cómo se desembolsan los fondos y si la ayuda llega a sus beneficiarios previstos.

Finalmente, se recomienda hacer cumplir los controles y contrapesos, pues un sistema sólido de controles y contrapesos es una medida sistémica clave contra la corrupción, y cualquier poder de emergencia asumido por el Ejecutivo debe seguir las mejores prácticas y el debido proceso, ser proporcional y respetar los límites de tiempo y los derechos humanos fundamentales.

Para finalizar, es obligatorio señalar que, al inicio de su gestión, el presidente reconoció que la corrupción es un cáncer que nos afecta a todos, especialmente, a los más necesitados y está presente tanto en el sector privado como en el público. En ese sentido suscribió el Reto Transparencia 2019, por medio del cual se comprometió a reducir la corrupción e impulsar la transparencia. Pero, cuando nadie lo esperaba, surgió la epidemia de COVID-19, que ha puesto en pausa muchas de las intervenciones formuladas en el Plan de Gobierno. Aunque reconozco que hemos avanzado, también parece evidente que tenemos asuntos pendientes, pues no han sido pocas las denuncias de sobrecostos en las compras, contrataciones y construcciones. Muchas sin fundamento, pero siguen permaneciendo como asuntos sin resolver, en el imaginario colectivo de los panameños. Pero, como dije antes, esto es un asunto de todos.