Ley 254: afectación al ejercicio de la abogacía panameña

Han transcurrido más de seis semanas de su promulgación y la jurisdicción panameña se encuentra moral y jurídicamente confinada al descrédito de las listas grises y negras del GAFI y la OCDE por su supuesta conducta encubridora de aquellos infractores del orden económico mundial.

La intención de promulgar la siniestra e impropia norma llevada a la Asamblea consistía en el deseo de emerger a Panamá a la normalidad financiera mundial del país de Vasco Núñez; posición totalmente errática de la clase política, donde la intención en verdad se centraba: en censurar la formación de sociedades anónimas “offshore” e incriminar simultáneamente la función del noble agente residente.

Para las Instituciones Financieras Internacionales, les pareció un desacierto e ignoraron la Ley 254, que en cualquier país civilizado el proponente de la ley hubiera dimitido; la Asamblea cobarde no quiso implementar la cláusula resolutiva de extinción de la Ley. Sin embargo, para la Ley de Extinción de Dominio, los diputados apelaron a la cordura, sensatez profesional del sector abogadil para justificar su inconveniente e inadaptabilidad de dicha Ley.

Resulta que en las últimas semanas se han visto allanadas firmas de abogados en virtud de la aplicación de la Ley 254, ley debatida en 3 sesiones consecutivas, cuyo aporte al mundo internacional fue despreciado y tratado con desdén; dentro de las incursiones vemos el irrespeto a la dignidad del abogado, a su confidencialidad, así como a generalizar la presunción de culpabilidad, principio este importado de “gringolandia” y que uno los observa claramente en los Thriller de TV de “La ley y el orden”, que son ciertamente la negación de todo garantismo judicial que tiene lugar en las calles de “Panama City”.

Esta Ley ha criminalizado de mala fe las actividades corporativas de los abogados; por otra parte, ha pretendido cercenar la voz de los abogados mercantilistas en franca violación al Estado de derecho; estamos viviendo un “parajudicialismo o un autoritarismo judicial”, rayando en fascismo represivo y basado no en el Derecho, sino en la fuerza; tal vez con esta Ley lo que se quiere es distraer al Gaffi y a la OCDE para que no se indague a los actores reales financieros implicados en el crimen fiscal internacional y, en contrapartida, someter al escarnio a la profesión de abogado.