Lealtad a la patria

En ceremonia de despedida como jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el 29 de septiembre de 2023, el general Mark Milley expresó una frase que debe ser el norte y guía de todo servidor público: “no juramos lealtad a un rey, o a una reina, o a un tirano o a un dictador”, dijo. Y añadió, “juramos cumplir la Constitución, y juramos lealtad a la idea de lo que es Norteamérica”.

La frase en su discurso de despedida estaba dirigida a Donald Trump, expresidente de EU, quien en el ejercicio del poder (y aún hoy día) se comportó como si fuera un rey que estaba por encima de la Constitución y la ley. Milley había tenido diferencias con Trump que llegaron a un punto álgido cuando este intentó usar a las fuerzas armadas para consumar su pretendido golpe en enero de 2020 contra las elecciones que dieron el triunfo a Joe Biden.

En respuesta al evidente intento de Trump, Milley convocó a los jefes de las cinco fuerzas armadas del Estado Mayor Conjunto y les presentó un proyecto de declaración pública que estos firmaron, en rechazo a las pretensiones del expresidente. En un comunicado de dos páginas, dijeron categóricamente que, como venía ocurriendo por más de 200 años, iban a seguir defendiendo la Constitución de EU. Esto dio por terminado el absurdo intento de Trump, pero este jamás perdonaría la lealtad de Milley. Como diría Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) hace más de un siglo: “La lealtad a la patria todo el tiempo; la lealtad al gobierno, cuando la merezca”.

Igual que en EU, en Panamá al tomar posesión de sus respectivos cargos, tanto el presidente como el vicepresidente de la república (igual que otros altos funcionarios) juran cumplir la carta magna. “Juro a Dios y a la patria cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República”, reza la frase contenida en el artículo 176 de la Constitución. Y concluye: “El ciudadano que no profese creencia religiosa podrá prescindir de la invocación a Dios en su juramento”.

Pero en nuestra querida patria, los políticos suelen jurar en vano y “vender” su lealtad al poder económico, a un “buen postor” y, ¡ojalá fuese en pocos casos!, a figuras vinculadas al crimen organizado. Lamentablemente, en Panamá los electores con poca formación académica y cívica, seducidos por dinero o dádivas, siguen eligiendo a políticos de ese signo, para luego protestar porque los recursos públicos se disipan en bolsillos ajenos, sin atender sus legítimas aspiraciones. En este caso, el peor enemigo del elector es su propia actitud.

¿Qué hacer para elegir a figuras que, como el general Milley, cumplan su juramento ante el sagrado altar de la patria? Los menos agraciados por la formación académica, deben comprender que mientras sigan canjeando sus votos por dinero o dádivas, no verán satisfechas sus necesidades de agua potable, buenos servicios de salud, y educación y centros educativos de calidad. Parecerá cínico, pero nuestro consejo práctico es que acepten las dádivas, pero que voten por ciudadanos decentes (independientes).

En un país tan chico como lo es Panamá, prácticamente es imposible engañar a los ciudadanos. Al elector con algo de sentido común no le resulta difícil diferenciar entre un político corrupto, charlatán y mentiroso, de un ciudadano honrado y bien intencionado. ¿Qué autoridad tiene un alto funcionario, sea vicepresidente, alcalde, diputado o concejal, para hacer promesas, si no las ha realizado en su actual gestión? Y lo que es peor, si resulta evidente, que se ha dedicado a acumular fortuna y bienes materiales.

Una de las mejores ofertas electorales que recuerdo la hizo en 2009 el entonces candidato de la alianza Panameñismo-Cambio Democrático, Ricardo Martinelli. “Entran limpios y salen millonarios”, decía en su campaña contra la corrupción. También censuraba el exagerado poder presidencial. Fue tan convincente, que me convertí en fan de su campaña. ¿Y qué hizo durante su gestión? Justamente lo contrario. No es casual que hoy enfrente casos penales no solo en Panamá, sino en Estados Unidos, España y otros países.

Propuestas más o menos parecidas nos hicieron en los años siguientes el anterior y el actual presidente Juan C. Varela y Laurentino Cortizo. ¿Y qué nos devolvieron? Más corrupción, opacidad en la gestión pública, irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, deterioro de la educación y los servicios de salud, descuido en el programa de pensiones, y creciente desempleo. Tal ha sido la irresponsabilidad que hoy día Panamá enfrenta el riesgo de perder la calificación de grado de inversión.

El menú de la mesa para las próximas elecciones está servido. Viejos políticos haciendo promesas que nunca cumplieron, versus nuevos ciudadanos intentando enderezar los entuertos. Corresponde a los ciudadanos elegir “más de lo mismo” o a nuevas figuras sin vínculos con el pasado político, plagado de corrupción y deslealtad hacia la Patria.