La verdad de las migraciones en Panamá

Según las estadísticas de la ONU, en treinta años hasta 2019 la inmigración permanente creció en nuestro país de 2,54 % a 4,39 % de la población total. En 2019 se estimaba que 24 % de esos inmigrantes eran colombianos, 11 % chinos, mientras que alrededor de 8 % estadounidenses y casi otro tanto, en cada caso, nicaragüenses y venezolanos.

El censo de 2023 confirma con precisión el cambio cuando se empadronaron en Panamá 4.064.780 habitantes entre los cuales había 249.201 “extranjeros residentes habituales”, 6,1 % del total, lo que desmorona el mito xenófobo de inventar a millones de extranjeros que nos harían competencia desleal.

La inmensa cantidad de esos inmigrantes, por mitad (51 %) colombianos y venezolanos, se localizaba en cuatro municipios del Gran Panamá Metropolitano: 30.073 en el sector oeste (5,4 % de la población total), en los distritos de Arraiján y La Chorrera, y 169.504 en el sector este (12,5 % de sus habitantes), en el distrito de Panamá, y un poco menos en el de San Miguelito.

Entretanto, en 2021 la situación había cambiado dramáticamente al convertirse nuestro istmo en lugar de paso para más de 100.000 “inmigrantes temporales” que tenían como destino final Estados Unidos. Migrantes que vienen de Colombia, pero que se originan sobre todo en Haití y también en Cuba y en Venezuela, países con graves problemas económicos y políticos, carentes de democracia real, y de Ecuador.

Al abrirse la frontera con Colombia después de lo peor de la crisis del COVID-19, en 2021 pasaron por Panamá más de 133.000 inmigrantes temporales que arrostraron la precariedad y la violencia del Darién selvático y trataban de llegar a la frontera con Costa Rica para avanzar hacia el norte. De 800 en enero pasamos a 30.000 en agosto de 2021.

A principios de 2022 bajó un poco esta inmigración irregular por Darién, pero después el fenómeno se incrementó: más de 103.000 migrantes temporales se registraron en los primeros nueve meses del 2022, en su mayoría venezolanos, seguidos de haitianos, ecuatorianos, senegaleses y cubanos. Finalmente, esos inmigrantes por el Darién fueron 248.284 en 2022 que se duplicaron el año siguiente.

Hubo más de 520.085 migrantes temporales por el Darién en 2023, cifra récord que descendió 42 %, en 2024, para alcanzar 302.203 (69 % venezolanos). Aproximadamente 20 % eran niños y adolescentes, la mitad menores de 5 años.

La presencia de niños migrantes ofrece un cuadro desolador de penurias en esta población aún más frágil, víctima de toda clase de atropellos, de muertes y desapariciones (casi 270 desde 2019), robos y violaciones, cometidos por bandas organizadas y grupos armados, además de los “coyotes” que cobran a los migrantes centenares de dólares por “ayudarlos” a atravesar la frontera con Colombia y luego pasar por la peligrosa, difícil y mortífera selva tropical, por montañas y ríos, plagada de animales ponzoñosos y de temibles bandoleros. Después de atravesar en lancha el golfo de Urabá, el migrante llegaba al territorio panameño y comenzaba otra travesía infernal de aproximadamente 60 kilómetros por tierra en rutas diversas, que podía durar de cuatro días hasta una semana, verdadero calvario para encontrar un poblado con acceso a carretera.

En tres años, cerca de un millón de inmigrantes temporales que huyeron en su mayoría de la tiranía y la miseria en Cuba, Haití (muchos en tránsito por Ecuador) y Venezuela, pasaron a Panamá desde Colombia en ruta al Eldorado estadounidense.

Fenómeno migratorio temporal que tiene un alto costo para Panamá, tanto por el mantenimiento de fuerzas armadas en la región darienita como por el transporte por carretera, el alojamiento y alimentos en albergues temporales y cuidados médicos durante su paso hasta la frontera tica. Hemos gastado ya más de 70 millones de dólares en atender a los migrantes temporales que atravesaron el tapón del Darién en los últimos cuatro años, y les hemos brindado una acogida generosa y humana.

El tema es muy complejo y multilateral puesto que trata de países emisores a causa de la pobreza, la inseguridad y la falta de democracia efectiva (como Cuba y Venezuela), países de tránsito como Panamá, y países receptores finales, Estados Unidos, y, en mucho menor escala, Canadá. Conversaciones diplomáticas con los gobiernos involucrados, incluyendo los Estados emisores o repulsivos y el principal receptor de inmigrantes, Estados Unidos, tratarían de frenar este movimiento migratorio de paso, temporal, favorecido por una estructura ilegal y perversa de trata de personas que se asienta sobre todo fuera del istmo panameño.

El presidente, José Raúl Mulino, desde que se instaló el 1 de julio de 2024, decidió cerrar más la frontera de Darién, poner más orden y organizar mejor una ruta para canalizar migrantes desperdigados en la selva y cayó 93% el tránsito (poco más de 2.200 personas) en enero de 2025. Acordó con autoridades estadounidenses medidas para facilitar la repatriación de inmigrantes peligrosos a sus países de origen en decenas de vuelos.

También es ahora un grave problema geopolítico. El presidente Donald Trump lo convirtió en prioridad en su campaña política y tomó duras acciones calificadas hasta de violación de derechos humanos para repatriar, si se puede, más de 11 millones de extranjeros indocumentados en Estados Unidos, acción con inmensas consecuencias económicas y sociales en su país y en su política con Latinoamérica y el Caribe. Política estrenada por choques con los mandatarios de Canadá, México y Colombia que se añaden a otros desencuentros con aliados muy estrechos de la superpotencia como Panamá. Problemas que deben resolverse pronto mediante la buena diplomacia, puesto que provocan conflictos, inseguridad e inestabilidad tanto en el norte como en el sur del continente.