La reforma judicial en México, ¿mal precedente para la región?

La pasada madrugada del miércoles 4 de septiembre de 2024, se marca en el calendario, para algunos, como una fecha nefasta para la región, con la aprobación por parte del Congreso mexicano de la polémica reforma judicial -propuesta por el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador-, reunidos en unas instalaciones deportivas ante el bloqueo al Congreso, donde se destaca elegir por voto popular a jueces y magistrados y a los ministros (magistrados de la Corte sería en Panamá) de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), así como la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina.

Como egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde realicé estudios de derecho procesal y que mantengo estrecha amistad con varios trabajadores del poder judicial en México, por medio de un grupo de Whatsaap al que pertenezco, seguí de cerca los acontecimientos, estando gran parte de ellos en paro indefinido de labores en protesta, exigiendo un diálogo abierto y calificando como lamentable esta aprobación, sin siquiera escuchar a asociaciones empresariales, etc. que estiman que las mismas puedan afectar el mercado e inversiones, siendo el punto más polémico del recién aprobado proyecto de ley la elección popular de más de 1.600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.

Esta reforma prevé que las elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en dos fases: en el 2025 se elegiría tanto a los ministros de la Suprema Corte como a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración, y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; y, en 2027, se culminaría con la mitad restante, siendo las elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Independientemente de los cambios aprobados, algunos positivos y otros discutibles, como es la composición de 11 a 9 ministros -magistrados- de la Corte, del período que es determinado por el número de votos populares obtenidos por cada “candidatura” y de los beneficios (pensión, seguro de vida, prima vacacional y bono de riesgo), consideramos el peligro que existe de tener operadores de justicia que ocupen cargos por elección popular, como algunos han opinado en Panamá para los cargos del máximo Tribunal de Justicia. Ya la experiencia en países como Estados Unidos han demostrado que la elección de jueces -supremas cortes locales-, como la de otros puestos de elección popular, permiten donativos de grupos de interés, elevándose el costo de las contiendas de los juzgadores cuando se ve polarizado. Los donadores están dispuestos a invertir más en candidatos si sienten que tienen más posibilidades de recibir sentencias favorables. El ejemplo más reciente ocurrió el año pasado en Wisconsin, con la elección de la liberal Janet Protasiewicz, derrotando al conservador Dan Kelley en la contienda por un escaño en la Corte Suprema estatal (superando los $45 millones, considerada como la elección judicial más cara en la historia), haciendo que el más alto tribunal del Estado de Wisconsin se incline en dirección progresista por primera vez en 15 años. A manera de ejemplo, la prohibición del aborto en Wisconsin es una ley que se remonta a 1849.

Al final, cualquiera que sea la forma de designación de los magistrados y jueces, en los diferentes métodos de selección conocidos en el mundo, incluso la elección popular, es una cuestión intrínseca del propio juez, como ser humano que es, debe tener presente sus fuertes convicciones democráticas con valentía, honestidad, ética, transparencia, conocimiento y amor de Patria. En este sentido, ya en Panamá pasamos por una reforma judicial (Ley de Carrera Judicial) que, en su implementación, algunos con algo de timidez en corrillos, expresan sus falencias y la falta de un verdadero equilibrio en sus concursos judiciales. ¡Amanecerá y veremos!