La crisis de IVM, una confrontación evitable

Desde que comenzaron a circular las noticias sobre la convocatoria, pero más específicamente sobre la metodología diseñada para el “Conversatorio sobre la Caja de Seguro Social”, empezaron a crecer las dudas de que pueda arribar a buen puerto y, a medida que se ha ido desarrollando, todo parece indicar que se están sembrando las precondiciones para una confrontación social que, por previsible, puede evitarse.

En comentarios anteriores, he señalado que no hay razón que justifique tratar, como si fueran un conjunto integrado, problemas que no son ni siquiera similares. Invertir tiempo en temas que son esencialmente gerenciales, que deben resolver la dirección general y su equipo de directores, solo sirve para retrasar, injustificadamente, la solución del tema central, que es la crisis del sistema de pensiones. Para tomar las medidas y los correctivos que se traduzcan en la atención respetuosa y eficiente de los usuarios, que eviten que se sigan perdiendo por caducidad las medicinas o que estas sean hurtadas o para comprarlas mediante un acuerdo con el Minsa, objetivamente, no hace falta ninguna mesa de diálogo; solo se requiere eficiencia y eficacia gerencial.

La relatoría que viene dando cuenta de “los avances” en el diálogo sobre las pensiones, ha explicado la metodología que se seguirá hasta culminar con la elaboración y la aprobación por el Consejo de Gabinete del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, para su posterior presentación a la consideración de la Asamblea Nacional, que deberá discutirlo y, eventualmente, aprobarlo durante las sesiones extraordinarias que se convocarán para ese fin durante el mes de noviembre.

Por las apariencias, el Órgano Ejecutivo considera que mediante ese proceso se tendrá una nueva Ley Orgánica, consensuada, para que todos celebremos durante las fiestas navideñas. Ese optimismo, por infundado, puede resultar exagerado, pues se han seguido obviando los que debieron ser los puntos de partida básicos para el diálogo: 1) Cómo se garantizará que las pensiones sigan pagándose sin interrupción y, 2) Decidir si el sistema será solidario, mixto o individualista. Seguir saltándoselos, como seguramente se comprobará, antes que soluciones, presagia confrontaciones.

En el Presupuesto recién presentado por el Organo Ejecutivo debió incluirse la partida que sirviera para responder a la primera interrogante, pero a ese tema no se refirió el ministro del Presupuesto cuando lo sometió a la Asamblea. En cuanto al segundo, si las posiciones están decantadas, tanto por los representantes de la empresa privada como por los representantes de los asegurados y son diametralmente opuestas, no es de ningún provecho esperar que puedan “amalgamarse”. Por otra parte, a estas alturas del partido, no corresponde que el Órgano Ejecutivo se margine de revelar la suya que, como también parece obvio, ya debe estar preacordada en el Consejo de Gabinete, lo que no debe sorprender, por cuanto, en sus primeras referencias al tema, el presidente dijo haberse asesorado con un “grupo de expertos” para tomar la suya, pero que antes de desvelarla, había decidido escuchar todas las opiniones posibles.

Con sentido realista, habida cuenta de que, por una parte, los sectores representativos de la empresa privada, por los intereses utilitaristas que los mueven, nunca se avendrán a la vuelta al sistema solidario, y de que, por la otra, las representaciones de los sectores que llevan la voz de los asegurados, para responder a sus aspiraciones deberán defender su pleno restablecimiento, porque es el único que responde a la esencia de la seguridad social, está más que decantado que el Órgano Ejecutivo tendrá que abandonar su aparente neutralidad, tomar posición en el conflicto y correr los riesgos que implica la responsabilidad de decidir. Su decisión, eso es previsible, puede avivar una confrontación en ciernes o puede evitarla.