¿La Corte Suprema politizada?

El 21 de octubre leí una noticia en el diario La Estrella de Panamá en la cual Arturo Hoyos, quien fue en una ocasión magistrado de la Corte Suprema de Justicia (respondiendo a una entrevista), comentaba que la Corte se politizó y los culpables son los dirigentes actuales.

Bueno, el doctor Hoyos fue profesor mío de derecho laboral y desde entonces tengo mucho respeto por él; además de mi admiración por su aporte a la ciencia jurídica con sus escritos e investigaciones que han sido valiosos aportes a la ciencia del derecho; pero bien, el doctor Hoyos, como hombre de ciencia, comprenderá mi crítica.

A decir verdad, la Corte Suprema siempre ha sido un ente político y eso no se puede evitar, porque es un órgano de gobierno y el gobierno siempre se orientará por la política; por otra parte, el doctor Hoyos, y todos los panameños, sabemos que a los magistrados los nombra el Ejecutivo de la República en acuerdo por mandato constitucional (artículo 203), y lo ratifica la Asamblea de Diputados, por lo que, por condición sine qua non, el nombramiento es político.

Pero bien, el problema no lo veo como que haya problema por eso, para las finales es inevitable que los magistrados sean políticos aunque los nombre la divina providencia. El problema es que algunas veces se deslizan por la politiquería, y entonces sí hay una situación crítica que causa un grave dolor a nuestra sociedad, porque la política es una ciencia. Nicolás Maquiavelo, considerado el padre de la ciencia política (1469-1527) la define como “el arte de gobernar”, y Aristóteles en la antigua Grecia (384 - 322 a. C.) decía que la política “es una forma de mantener a la sociedad ordenada con normas y reglas”. Pero la politiquería es una degeneración social. Según el Diccionario de la Lengua Española, politiquería es: “Hacer política de intrigas y bajezas”. Entonces, cuando las autoridades entran en estos niveles, crean crisis en la sociedad y tal vez esta es la situación a la que nos quiere llevar que concluyamos el doctor Hoyos. Creo que sí, es probable que esto pase entre algunos magistrados y jueces cuando tienen que atender algunos negocios que los conduce por la necesidad, o por la complicidad, a la politiquería. Con esto de la corrupción rampante se han visto muchos ejemplos, y no sólo en lo penal, sino también en lo civil, cuando hay empresas de poderosos involucrados.

Pero esto siempre ha sido común, y mientras no se extermine la corrupción no se soluciona este problema.

Ahora bien, yo pienso que el mayor mal que está sufriendo el Órgano Judicial no es el problema de la politización y la politiquería, sino una gran ignorancia inexcusable de la ley que los jueces y magistrados deben aplicar en sus procesos. Hay muchos jueces, tanto en el ramo civil, penal como en los demás, que hacen de la administración de justicia como a ellos les parece, y resuelven sin considerar que sus resoluciones violan la ley aplicable al caso. Esto puedo probarlo, sólo que se necesita tiempo para ser explicado técnicamente, pero de ser necesario lo pruebo ante un tribunal serio. En muchos juzgados hay prueba de esto; incluso a un juez en David le despidieron por cosas como estas. Esto fue noticia.

Los llamados jueces de garantías imputan cargos sin siquiera ver las pruebas y esto de administrar justicia sin ver pruebas es cosa contraria al principio judicial de que la prueba es la reina del proceso. Estos jueces alegan que ellos no se pueden inmiscuir en la investigación, pero es absurdo, porque un juez no puede resolver sin la elemental prueba.

Pues bien, ese mal de la ignorancia inexcusable sólo el pleno de la Corte Suprema lo puede corregir, pero no les interesa. En una ocasión le envié una carta a la presidenta magistrada María Eugenia planteándole esta inquietud, y me contestó que si yo tenía una queja contra un juez, que le interpusiera en la instancia. Esto la Corte debe estar revisándolo constantemente sin que nadie se lo diga (artículo 87, numeral 7 del Código Judicial). Pero no hacen nada. Para mí no hay nada más grave en el Órgano judicial que los jueces actúen con ignorancia, pero, sumado al argumento del doctor Hoyos, entonces estamos frente a un Estado fallido con un Estado de derecho que ignora el derecho.