De dietilenglicol y justicia

Desde aquel fatídico día en que el país supo que se había producido una cantidad de medicinas en el laboratorio de la Caja de Seguro Social que contenían dietilenglicol lo que iba a dejar un alto saldo de muertos y afectados, el país ha pedido que se haga justicia. Justicia, después de las decenas de muertos y afectados con insuficiencia renal por la fatídica medicina. En resumen, la ciudadanía exige dos cosas: indemnización para los afectados y responsabilidad a los culpables. En los dos aspectos, los gobiernos han fallado.

No se ha indemnizado correctamente a los afectados ni a los que perdieron la vida, ni a los que continúan enfermos producto de la negligencia del laboratorio del Seguro Social. Peor aún, tampoco se ha hecho justicia. Mientras en China pagó con su vida el responsable del envío del material venenoso, en España la empresa intermediaria procedió a cerrar operaciones, sin que el gobierno nacional de Panamá demandara como se esperaba a ambas empresas extranjeras. En cambio, se ha vivido una tragicomedia de arrestos y libertades, donde ha prevalecido la proyección política y no el deseo de una verdadera justicia. Así, en su momento fueron arrestados los directores de la Caja, obviamente con fines políticos y buscando calmar la falta de culpables, para liberarlos rápidamente. También pasó sus noches de cárcel la directora del laboratorio, tras vigilias de sus compañeros, liberada.

La cadena de responsabilidad podía romperse por cualquier eslabón. Está por supuesto el importador, empresa que vende al Seguro Social en licitación. Está aduanas, que recibe el material y permite su introducción al país; está el jefe del depósito del Seguro que lo almacena; luego los laboratoristas que utilizan el material; y el propio laboratorio de calidad, que debe vigilar... su calidad. Muy distantes, por supuestos, están el director general de la institución, el ministro de salud y presidente de la Junta Directiva y los que financian la operación.

Como Panamá es y será Panamá, por supuesto que el clamor inicial de la ciudadanía fue que se arrestara al ministro de Salud, cosa que veo absurda; al director de la CSS, cosa también para mí absurda, y no a los que tenían la responsabilidad directa de verificar el material y no haberlo utilizado. ¿Qué hubiésemos pensado si el daño fuese por usar material vencido o dañado? ¿De quién sería la culpa? Una vez liberados directores, exentos los ministros y liberados los laboratoristas, ante el clamor de la falta de justicia, procedimos a cometer la más grande de las injusticias. Arrestar al encargado de la empresa financiera que simplemente prestó el dinero de los impuestos de introducción, poco menos de $18,000.00. Por absurdo que parezca, hoy Teófilo Gateno Hafeitz sigue detenido, poco más de dos meses después de su arresto, en un caso donde su responsabilidad está por debajo de todos los liberados. Es como si responsabilizaremos al banco que preste para comprar un carro y el carro queda involucrado en un accidente.

Los deseos de justicia en este caso no pueden pasar por la injusticia, Gateno debe recibir una justicia expedita ante el abuso de un sistema que responde más a imagen y percepciones que a justicia imparcial. Lo más probable es que el hoy arrestado nunca vio ni los tanques del producto ni mucho menos sospechó su contenido. La operación de financiar un producto químico no hace al financista ni químico ni laboratorista. Pero, sí, al parecer, chivo expiatorio.

*Ingeniero y analista político.marognoni@cwpanama.net