Comer: Un derecho, no un privilegio (II)

Los gobiernos ceden por miedo a que el capital huya y a que quiebren. Esta desregulación desemboca en un creciente poder de los grandes proveedores, que imponen las condiciones del mercado. Los pequeños proveedores y productores se alejan cada vez más del consumidor y encuentran cada vez menos posibles compradores. Un fenómeno conocido como ‘Walmartización’ en México.

Se ha llegado a argumentar que el consumidor se beneficia de estos modelos de superproducción, pues los precios finales bajan como resultado del abaratamiento de los costes de producción. Entre esos costes están la quiebra de medianas y pequeñas empresas, la ruina de millones de campesinos, forzados a emigrar, así como la reducción del sueldo real y del poder adquisitivo de las personas. El lema ‘precios bajos, siempre’ o ‘ahorre dinero, viva mejor’ lo pueden asumir las clases privilegiadas. Pero algunas empresas minoristas han creado sus propios bancos para que la gente con menos recursos y sus empleados (sin tener reconocido el derecho a formar sindicatos) puedan pagar sus alimentos con tarjetas de crédito que no podrán terminar de pagar. No podrán ahorrar ni vivir mejor.

Los modelos de superproducción alimentaria a costa de los más débiles encuentran su base ‘filosófica’ en la ley negativa que inspira el neoliberalismo. Como la función de la ley es ‘determinar lo que está prohibido’, la libertad se reduce a una simple ausencia de restricciones, no en un quehacer de responsabilidad y ética. Aquí no tienen cabida el bien común, el interés general y la justicia social. De ahí que algunos sostengan que si uno puede comer, los demás también, pues nada lo prohíbe. La otra cara de la moneda está en la libertad de morirse de hambre. Para poder comer, se necesita poder adquisitivo y, sobre todo, alimentos.

El derecho a una alimentación adecuada que reconoce la ONU en varios instrumentos no obedece a ningún capricho. Forma parte de un sistema de derechos para evitar conflictos sociales como los que provocaron el flagelo de grandes guerras el siglo pasado. Los Estados se comprometieron a salvaguardar esos derechos y aún están a tiempo de asumir esa responsabilidad.

*Periodista y Coordinador del CCS. ccs@solidarios.org.es