Estamos mal y las cosas no pintan bien

Este gobierno no tiene una varita mágica para resolver el desgreño financiero acumulado desde el año 2000. Esa práctica de no pagar cuentas viene desde el gobierno de doña Mireya Moscoso. Se ha ido deteriorando y extendido a las fórmulas mágicas de cuadrar las finanzas del Estado. Hemos sido demasiado liberales con las finanzas públicas y bastante irresponsables al pasar leyes carnestolendas. A quién se le ocurre fijar en 7 % del PIB como presupuesto para el área de educación. Alguna viabilidad presupuestaria tiene una obligación de esa magnitud sin conocer los ingresos del Estado.

Tantas nuevas instituciones y ministerios creados en un país donde habitan menos de 5 millones de habitantes. ¿Habrá alguna consideración racional para fortalecer las instituciones públicas existentes antes de crear nuevas? Este gobierno no la tiene nada fácil. Y yo pensaría que una reforma fiscal es una necesidad impostergable. Igualmente, alguien debe cargar con el déficit del programa de IVM del Seguro Social.

Este tema abarca mucho más a la morosidad en los pagos de los empresarios o el tamaño de la corrupción en el país. La gente vive más. La cobertura de seguridad social se extendió hace décadas sin previsión sobre el aumento en la esperanza de vida.

Y, además, la institución que administra el programa de IVM carece de la necesaria confianza de la población por ser identificada por la pobre facultad de prestar servicios médicos, el atrincheramiento de los grupos agremiados dentro de la institución y el temor de los sindicatos de perder las conquistas sociales (alergia a las medidas paramétricas). Ninguna solución puede existir sin alinear a todos los sectores.

Y como si fuera poco, sin una solución al tema minero no hay posibilidad de inversión extranjera que ayude a generar el chenchén prometido.

Este tema de la mina de Donoso tiene 27 años de existencia. Un proyecto iniciado con empresarios panameños. Cuando entre panameños era legal otorgarse prebendas, incentivos y beneficios. Todo cambió al momento de entrar una empresa extranjera en la ecuación. Entonces surgieron los problemas. Por la sencilla razón de que las prebendas, incentivos y beneficios entre panameños es legal, pero al entrar una empresa extranjera el panorama cambió.

Es injusto, ilegal, inconstitucional que una empresa extranjera se monte en la estructura contractual creada y continuada por cinco gobiernos distintos y reclame el respeto contractual y todos sus beneficios y prebendas. Quien no entiende esto no entiende la política criolla. Pero esta visión localista tiene un inconveniente. Hay otras esferas jurisdiccionales donde se puede llevar esta controversia y existen muchos grupos e inversionistas de distintas nacionalidades con capacidad de presionar a sus respectivos gobiernos y entidades financieras para imponerle al país una solución comercial. De no ser así, las cosas no pintarán muy bien para los panameños.

Siempre hay una fórmula para resolver los problemas. A la Milei es una. Aumentar los impuestos, reducir los gastos, congelar los salarios públicos, aplicar medidas paramétricas como aumentar la edad de jubilación. Pagar la inversión efectuada en la mina y cerrarla. No perdemos el grado de inversión, nos apretamos el cinturón y en cinco años volvemos a ser el Dubái de las Américas.

La población no resistiría esto. A mí me ha tocado recuperar varias empresas insolventes o quebradas en mi vida profesional y déjenme decirles lo cauteloso y medido que amerita ser para sostener la empresa, atender a los acreedores, administrar racionalmente los recursos y mantener el recurso humano unido e informado.

No existe en estos momentos la necesaria conciencia política y popular para entender la gravedad de los retos. Esto tendrá sus repercusiones de no atenderse con la medicina amarga que todos debemos ingerir. La fiesta se acabó y toca pagar los platos rotos.