El negocio de la vida urbana

La progresiva mercantilización de los espacios urbanos ha reconfigurado las dinámicas sociales de la ciudad. Siguiendo la lógica del capital, los lugares que no generan beneficios directos tienden a desaparecer. Los espacios residenciales, antes destinados al encuentro, la conversación y la contemplación, han sido progresivamente reemplazados por áreas cuyo único propósito es incentivar el consumo.

Esto impacta directamente en las interacciones humanas: los espacios que antaño permitían la convivencia sin mediación económica se ven reemplazados, cada vez más, por áreas donde la presencia está condicionada al consumo. A su vez, la gentrificación y la transformación de los centros urbanos en espacios de consumo exclusivos generan una ciudad fragmentada, donde el lugar de residencia y el lugar de trabajo están cada vez más alejados, tanto física como simbólicamente.

Un efecto particularmente preocupante de este modelo de ciudad es la reproducción de la desigualdad. La arquitectura y el diseño urbano, al estar moldeados por el capital, perpetúan dinámicas de clase. Las áreas comerciales de las ciudades suelen estar diseñadas para una élite consumidora, excluyendo a la clase trabajadora, los desempleados y los grupos vulnerables. En un mundo donde la capacidad de consumo se convierte en un criterio de pertenencia social, aquellos que no pueden participar son marginados, no solo económicamente, sino también socialmente.

Para contextualizar, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Censo de 2023 indica que la población efectivamente censada en la República de Panamá aumentó de 3.405.813 a 4.064.780 personas en la última década, lo que representó un incremento de 658.967 habitantes. De estos resultados, la provincia de Panamá mantiene la mayor concentración de población con el 35,4 % del total, aunque presentó una tasa de crecimiento medio anual negativa de -1,37 %, debido en parte a la segregación territorial tras la creación de la provincia de Panamá Oeste, que ahora concentra el 16,1 % de la población y presenta un crecimiento anual medio de 2,7 %.

El crecimiento urbano en la Ciudad de Panamá y la provincia de Panamá Oeste ha estado guiado por una lógica predominantemente inmobiliaria y de grandes proyectos de infraestructura comercial. Sin embargo, este enfoque ha generado diversas externalidades sociales, como la especulación del suelo y la exclusión de sectores vulnerables, limitando el acceso equitativo a la “ciudad” y a sus beneficios.

La política habitacional del Estado panameño se ha centrado en garantizar las “unidades de vivienda” y en subsidiar al sector de la construcción, especialmente a partir de la crisis económica de la década de 1980.

En el contexto actual que atraviesan la Ciudad de Panamá, sus periferias y, en particular, la provincia de Panamá Oeste, el problema central es que los subsidios a la vivienda se han otorgado sin controles adecuados que verifiquen tanto la calidad de las viviendas como la del entorno construido. Esto ha llevado a la creación de urbanizaciones con viviendas de dudoso confort, situadas en espacios aislados, fragmentados y carentes de servicios básicos, sin acceso adecuado a oportunidades de trabajo, educación y esparcimiento.

Además, los actores involucrados no han planteado proyectos de transformación que aborden los problemas estructurales derivados de la continua expansión de una ciudad que ya no puede crecer más. En el caso concreto de la Ciudad de Panamá, la actual administración municipal carece de un plan de desarrollo urbano más allá de la inversión desmedida del sector privado, lo que agrava el problema. Hemos escuchado al alcalde actual hablar repetidamente sobre macroproyectos en sectores como Punta Pacífica, Bella Vista y áreas aledañas. No obstante, para los barrios populares y las periferias, sus únicos proyectos consisten en reparar vías de acceso y, simbólicamente, permitir que los niños y niñas de la comunidad suban a una Cybertruck. A pesar de que es evidente la necesidad de un cambio en el modelo urbano, se ha perdido la ambición de impulsar una verdadera transformación.

Por otro lado, el ejemplo de la provincia de Panamá Oeste, en particular el distrito de Arraiján, ilustra cómo diversas administraciones durante más de 35 años no han sabido planificar y desarrollar una “ciudad”. Esto ha provocado que sus habitantes pierdan gran parte de su tiempo diario en el tráfico hacia y desde la Ciudad de Panamá.

Para lograr una ciudad más inclusiva, es imperativo rediseñar el modelo urbano desde una visión holística. El derecho a la ciudad, entendido no solo como acceso físico a sus espacios, sino también como participación en la toma de decisiones, debe ser el eje central de cualquier proceso de planificación. Esto requiere una reorientación de la legislación urbanística, que deje de priorizar el mercado, el consumo y el crecimiento desmedido, para enfocarse en asegurar un desarrollo urbano sostenible y equitativo, en el que todos los sectores de la sociedad se beneficien.

El futuro de las ciudades panameñas debe basarse en principios que promuevan el desarrollo urbano por encima de cualquier interés privado o puramente económico. Repensar el modelo de ciudad es, en última instancia, una oportunidad para redefinir el tipo de sociedad que queremos construir, una sociedad que sea más inclusiva, democrática y sostenible.