Quedó evidenciado un esfuerzo corporativo exitoso, es decir, un arrojo colectivo que generó grandes réditos, en el cual se realizó una laboriosa y artera campaña para convertir el hartazgo ciudadano en ira popular como avenida con alfombra roja para una muy identificable línea política. No se trata de desconocer los 25 artículos constitucionales que fueron violados, pero exclusivo de cándidos es soslayar lo que se forjaba tras la tormenta. Los accionistas de esta corporación mantuvieron el anonimato con acciones Al Portador. Su Junta Directiva no pudo inscribirse en el Registro Público porque su principal característica fue la diversidad en su composición. Nadie se atrevió a ejercer abiertamente su presidencia. Nadie dio la cara como tesorero, pero en financiamiento de que costó, costó. Secretario sí hubo y muchos. Desde dirigentes sindicales, estudiantes, docentes, economistas, abogados y originarios. Varios políticos intentaron ganarse ese puesto, pero la marejada les impidió subirse a la ola. Algunos de ellos no pudieron deshacerse de sus lastres.

Pisotearon la racionalidad. Era más fácil denigrar que explicar la conveniencia de mantener un sector muy productivo como potencial enorme para contribuir al éxito del proceso de transición energética que constituye hoy por hoy una aspiración crucial de la humanidad entera. El estribillo de “vende patria” se esparció en el ambiente sin fundamento real. La CSJ no establece entre las inconstitucionalidades nada que implique comprometer nuestra soberanía. Quien firmó los Tratados más patrióticos que hemos conocido en Panamá, reconoció que “quedamos bajo el paraguas del Pentágono”. Cuando se construyó el Canal se ocasionaron serios daños ambientales y su ampliación afecta recursos hídricos estratégicos para el consumo urbano. El crecimiento de la ciudad causa lo mismo. Las carreteras no se quedan atrás. Pero el indiscutible y notorio avance tecnológico que existe en la actualidad para mitigar esos daños, no estuvo en las consignas que vociferaban durante las protestas.

Muchos se espantan del monto de la deuda pública, pero esas personas no dudaron en provocar el debilitamiento de la capacidad de pago del país. Miraron a un lado cuando en el mundo, según CEPAL, las tasas de crecimiento marcaban en promedio un descenso de 3.5% a 2.9% y las tasas de interés en países como el nuestro subían de 5.2% a 8.5%, en 4 años. Justo cuando se incrementó el costo del financiamiento público externo (nuestras emisiones de deuda soberana en 2021 se hacían con una tasa promedio de 3.6% y en 2023 de 6.3%). Ignoraron que la región transita por una época de reducida creación de empleos, de baja productividad e inversión y limitado espacio de políticas fiscal y monetaria. No les importó que la recuperación económica por la pandemia aún no termina. Despreciaron la independencia e imparcialidad en los Fallos de los Tribunales llamando al chantaje de “vigilias” en las escalinatas de la CSJ y profiriendo amenazas. En un Estado de Derecho, tales conductas son injustificables, indebidas.

Se orquestó un masivo engaño para explotar una legítima preocupación de todos los que amamos el verdor de nuestra tierra destinado a exacerbar un sentimiento de extenuación acumulado de este pueblo que en forma espontánea puso el pecho para ser escuchado. Los primeros en acudir fueron los oportunistas, interesados más en los votos que en Panamá. Las masas tragaron sin masticar. “El ignorante afirma, mientras que el sabio duda y reflexiona” (Aristóteles).

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