Despidiendo al turbio de la Contraloría

Al final de la gestión de cinco años de Gerardo Solís, es preciso que volvamos a la necesidad de tener un buen contralor. Su legado, por más que lo trate de pintar como ejemplarizante y beneficioso para el país, y por más cuñas que paute en la televisión para acrecentar su egocentrismo, no ha sido el mejor. Más que un contralor, ha sido un encubridor, y en el camino deja la duda de si ese puesto fue para hacer gente rica o para fiscalizar los sagrados recursos del Estado.

Pensemos en el gobierno de Cortizo con un contralor independiente como exige la Constitución, que establece en su artículo 279 que la Contraloría General de la República debe ser “un organismo estatal independiente”. Quizás no estaríamos viendo toda la porquería que emana de esa entidad, precisamente por convertirla en un feudo privado y no en un ente fiscalizador de los recursos públicos.

Ninguno de los últimos tres contralores ha tenido el perfil para ejercer el cargo con la independencia que señala la norma constitucional. Martinelli designó como contralora a quien hacía igual trabajo en sus empresas. Varela promovió al cargo a un aspirante presidencial que pensaba que, tapándoles todo a los diputados y representantes, estos le apoyarían en su propósito de ser presidente de la República.

El PRD buscó para el cargo al polifacético abogado Gerardo Solís, excandidato presidencial seudoindependiente, que terminó acompañando al candidato presidencial PRD en el 2014. Comenzó su carrera pública al final de la dictadura como abogado de la Zona Libre de Colón, donde, al terminar los lúgubres años de la dictadura, fue denunciado por corrupción por su sucesor en ese cargo, Harry Díaz. Quizás todo quedó en nada porque su padre era socio del bufete del presidente Endara y mantenía vínculos familiares con el nuevo contralor. La Contraloría no hizo nada.

Durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, además de su secretario privado, fue director del FIS, antecesor del PAN y ministro de Vivienda. Simultáneamente a su estancia en el FIS, fue presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) donde, tomando B/.10.000 de las partidas circuitales de 27 diputados (B/.270.000), como si fueran fondos propios de ellos, logró remodelar con dinero del Estado el edificio de ese gremio privado. Un clarísimo caso de peculado. No se pueden usar fondos públicos para actividades privadas. Ese hecho está plasmado en una placa de bronce de reconocimiento en la entrada del CNA, evidencia del delito perpetrado. De allí, fue fiscal electoral y sumó 10 años como magistrado del Tribunal Electoral. Infructuosamente, quiso ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Con esa trayectoria pública, muy embarrada de política partidista y de dudosa ejecutoria, al menos en su paso por Zona Libre de Colón, evidentemente Solís no llenaba el perfil requerido para ser contralor. No era independiente. Para lograr el cargo pactó con Benicio Robinson: era indispensable obtener el apoyo de los diputados. Nombró a parientes de estos en la Contraloría y tapando casi todo lo cuestionado que encontró. Cada día que pasa salen más bellezas a relucir: la de un contrato minero refrendado al día siguiente de ser firmado, a pesar de 25 violaciones a la Constitución. La confirmación de lo que era vox populi: de gente beneficiada con millones por su “ayuda legal” para gestionar cobros y extrañas adendas en la Contraloría desde una lujosa oficina en Costa del Este.

Nos pasamos echando la culpa al Ejecutivo por su inacción y falta de toma de decisiones. O al Judicial por todo lo malo que se cocina dentro de ese órgano del Estado o de la Asamblea Nacional con todas sus botellas y negocios turbios. Pero ¿habremos pensado en todo lo que en Panamá se hubiera podido parar de tener un contralor verdaderamente independiente, tal como exige la Constitución?

Además de considerar que ese sería uno de los primeros cambios que demanda una nueva Constitución, tenemos que preguntarnos si el próximo contralor, electo por la aplanadora RM, CD, Panameñista y PRD, sin que nadie pudiese hacer una sola pregunta, será lo independiente y diligente que se exige en el cuido de los tesoros públicos.

En la medida que la clase política se siga burlando de la población, en la misma medida se seguirá fomentando su desesperanza y frustración, lo que no son buenas consejeras para nadie.