Derecho a la salud y acceso a los medicamentos

Ahora que el vital asunto del acceso a los medicamentos esenciales ocupa nuevamente los titulares de nuestros medios y es motivo de angustia y desesperación para los pacientes que los necesitan, considero obligatorio recordarles a nuestras nuevas autoridades que, el acceso a los medicamentos es un componente fundamental de la plena realización del derecho a la salud y no podemos ponerle obstáculos, sino facilitarlo. No es posible que olvidemos que la atención médica en caso de enfermedad y la prevención, así como el tratamiento y el control de las enfermedades, dependen en gran medida del acceso oportuno y adecuado a medicamentos de calidad.

Es igualmente obligatorio tener presente que abunda la literatura, decretos, leyes, mandatos y compromisos para garantizar el acceso expedito a los medicamentos para todos, superando los obstáculos que impiden el acceso a medicamentos de buena calidad, de forma asequible y oportuna.

Esta falta de acceso - nos recuerda Naciones Unidas - desafía la dignidad humana y la base de todos los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud y el desarrollo de todas las personas. Agregando que, el acceso a los medicamentos está intrínsecamente ligado a los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, participación y responsabilidad, y; está íntimamente relacionada con la pobreza y la realización del derecho a la salud.

En ese contexto, antes de entrar en materia, también es obligatorio subrayar que, entre la CSS y el Minsa tendrán un presupuesto aproximado a los 450 millones de balboas anuales para comprar las medicinas que necesita la población y, como consecuencia directa de la ineficiencia de ambas instituciones, la población - si no se compone esta situación - tendrá que gastar de sus bolsillos, cerca de 175 millones de balboas anuales para comprar las medicinas que el sector público de salud deja de proporcionarles. No me cabe duda de que esta erogación “directa” ha afectado la economía de muchas familias, limitando su desarrollo y en no pocos casos generando pobreza.

Dicho lo anterior, le dedico el resto de esta glosa a recordarles que hace casi tres años, 30 mil panameños de todas nuestras provincias y comarcas - aprovechando la plataforma del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, y sin vínculo alguno con el gobierno de turno - identificaron la necesidad de avanzar hacia una cobertura universal de salud para que todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a servicios de salud integrales y garantizados, lo cual incluye lógicamente el acceso a medicamentos a lo largo de toda su vida, con calidad y sin dificultades financieras.

Para ello, la ciudadanía ofreció una propuesta para el reforzamiento del marco legal que permita desarrollar la cobertura universal mediante la estrategia de Atención Primaria de Salud, APS y Redes Integradas de Servicios de Salud, en un sistema de salud público en su financiamiento, público en su gestión administrativa, y público en la provisión de la atención de salud.

Aquel clamor ciudadano - cuya atención plena está pendiente - también subrayó la necesidad de garantizar el acceso equitativo a los medicamentos de calidad y a precios justos que necesita la población. Allí se describe claramente: mejorar el marco legal regulatorio; suplir aquellos renglones permanentemente desabastecidos; superar los problemas en la cadena logística de abastecimiento, definiendo claramente los procesos, sistemas de información y plataformas tecnológicas requeridas; vencer los problemas con las farmacias estatales, especialmente lo relacionado con las restricciones en los horarios en la entrega de medicamentos, desaparición de farmacias comunitarias, receta electrónica se aplica en un número muy limitado de farmacias, entrega de medicamentos restringida a las instalaciones de salud.

Especial énfasis se hace en este punto, sobre la necesidad de recomendar la firma de convenios con agencias del Sistema de Naciones Unidas; o llamar a licitaciones internacionales, para compras directas en el exterior como el primer paso a una solución expedita al desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médico-quirúrgicos y afines, reactivos y otras tecnologías sanitarias, que crónicamente permanecen desabastecidas o en caso de desabastecimiento crítico. Siempre manteniendo los criterios de calidad, seguridad, la eficiencia, eficacia y efectividad.

Finalmente los acuerdos proponen incentivar la fabricación nacional de medicamentos, tomando en cuenta las recomendaciones de los estudios especializados existentes para crear incentivos fiscales u otros (con compromiso de resultados), e introducir al país tecnología de punta que permita fabricar medicamentos con calidad, seguridad, eficiencia, eficacia, y efectividad.

Para concluir, hago votos porque estos acuerdos se retomen y se conviertan en lineamientos de política de Estado que contribuyan a asegurar la disponibilidad de medicamentos en el país en todo momento, en las formas y cantidades necesarias y a precios asequibles.