El contrato minero

Las muchas voces presentes en el recién iniciado debate sobre el Contrato Minero entre el Estado y Minera Panamá hablan muy bien de la democracia panameña. Aquí no solo se dice lo que se debe, sino lo que se quiere, de la forma que cada quien estima y con los instrumentos que considere, sin restricciones ni persecuciones.

El debate apunta hacia el futuro, o hacia el retroceso, dependiendo de la posición que se adopte, pero en ambos casos lo que está en juego es el bienestar del país, las posibilidades de desarrollo de la Nación, pero sobre todo el enfoque honesto, aunque en el inicio del debate prevalece un ambiente de descalificación que con una argumentación inexacta parece convocar un odio taxativo y mezquino, entre las mayorías, en lugar del razonamiento fresco, sereno y productivo. ¿Es necesaria tal condición en lo que debe ser un debate de altura?

Hay quienes tratan de justificar agresiones verbales en la supuesta traición al país que, según ellos, implica el documento, y en los primeros argumentos que han aflorado en la Comisión de la Asamblea donde se discute, pareciera subyacer un intento inamovible por imponer una agenda, no solo al gobierno sino a la sociedad.

Cuando el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen tomó en sus manos la posibilidad de ordenar jurídicamente la relación con la empresa minera, habían pasado 24 años desde que se aprobara el contrato que en 1997 dio paso legal a la actividad. Después ha pasado mucha agua bajo el puente. Desde empresas y discreciones, explotaciones en firme, intereses particulares y hasta los cuatro gobiernos que siguieron.

También creció a siete mil el número de empleados, y a casi 40 mil las plazas indirectas, sin contar con el enjambre de proveedores que se ha constituido. Las compras de la minera fueron exoneradas, condición extensiva hasta a sus empleados.

La administración Cortizo tomó el asunto en sus manos después que, tras cuatro años de impugnado, la Corte declaró inconstitucional el convenio en diciembre de 2021, dando paso a una negociación para la cual el gobierno designó un equipo que en cuatro meses produjo un primer borrador y con el cual, en apariencia, Minera Panamá estuvo de acuerdo. Pero después pasó casi un año sin que la empresa honrara con su firma el documento. Es decir, la primera que se opuso a la posición del gobierno fue la Minera. Ahora hay nuevos y viejos invitados al debate, con posiciones similares o diferentes. La única posición que se mantiene intacta es la del gobierno.

¿Qué argumentos destacan? Unos indican que el gobierno regala un contrato por 40 años cuando el de 1997 solo daba 15. Esas son unas de las inexactitudes en la que basa la convocatoria al odio y la descalificación. El contrato actual tiene una duración de veinte años desde el año 2021, con una única prórroga de veinte años, mientras que el de 1997 duraba 20 con derecho a dos prórrogas consecutivas. De acuerdo con la cláusula Segunda del nuevo contrato, cualquier periodo adicional requiere la negociación de nuevos plazos, términos y condiciones.

También se argumenta que el contrato entrega a la transnacional 13 mil hectáreas de territorio panameño “como si fuera soberana”. Aunque esta última jerga no aparece en el convenio, ha sido utilizada con el evidente intento de generar rechazo en una población a la que tal término trae recuerdos amargos.

Pero el contrato no otorga dominio sobre el área de concesión a Minera Panamá, tampoco traspasa título alguno de propiedad a favor de la concesionaria. En cambio, está sujeto a las leyes de la República de Panamá.

En un debate serio carecen de fuerza, diatribas e insultos que en el peor de los casos permiten recordar la jerga que en su momento usaron contra los tratados Torrijos Carter, quienes se oponían, o aquellos que sin argumentos serios tiraron abajo en 1979 una reforma educativa y cuyos costos aún paga la sociedad panameña.

La administración Cortizo ha dado muestras suficientes de ser respetuosa de la democracia que vive el país. En sus cuatro años y medio ha desarrollado una política de puertas abiertas y búsqueda de consenso, y no veo nada que indique que esa conducta vaya a variar.