La clara hoja de ruta constitucional

Podemos estar o no estar de acuerdo con la ruta que ha trazado el Ejecutivo para efectuar cambios en nuestra Constitución Política, pero lo cierto es que esa fue la ruta que su partido le propuso al electorado en la reciente campaña política. Podemos estar o no estar de acuerdo con las particulares reformas propuestas desde el seno de la Concertación Nacional, pero lo cierto es que el Ejecutivo tiene facultad para proponer reformas constitucionales. Esa facultad no le impide consultar con quienes a bien tenga y aceptar, modificar o descartar las sugerencias que reciba. Pero al mismo tiempo todos los ciudadanos tenemos el innegable derecho a diferir del criterio de nuestros gobernantes y a manifestar libremente nuestras opiniones, con firmeza y sin temor alguno. Es nuestro irrenunciable derecho.

La decisión política y el camino legal que ha seguido el Ejecutivo se lee en el “Capítulo II, Estado de Derecho, De Ley y Orden” de su Plan de Gobierno; una de sus 125 acciones prioritarias anuncia: “11: Promover una reforma constitucional que se concentrará en los títulos referentes a los tres Órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a las instituciones de investigación y control, así como el balance de poder entre las mismas. Dichas reformas se llevarán a cabo a través de una Nueva Asamblea que será electa el próximo 5 de mayo, mediante dos legislaturas y un referéndum, tal como dispone el artículo 313, numeral 2, de la Constitución Política de la República de Panamá”.

Debemos recordar que en el primer debate televisivo donde participaron los siete candidatos presidenciales, el candidato del CD y un independiente estuvieron de acuerdo con reformas a la Constitución, pero evitando el referéndum y prefiriendo el procedimiento de las dos Asambleas. Por su lado, el candidato presidencial panameñista, también uniéndose a la necesidad de reformar la Constitución, propuso la consulta popular para “fortalecer la institucionalidad democrática, implementando efectivamente la nueva Constitución Política… [mediante] un llamamiento a la consulta ciudadana para establecer una Asamblea Constituyente Paralela a partir de la primera semana de Gobierno”. Los restantes dos candidatos independientes apoyaron la idea de la constituyente paralela, mientras que el candidato del FAD abogó por una constituyente originaria.

Si resultara válido concluir que los votos obtenidos por las propuestas presidenciales significaron un respaldo a sus ofertas electorales, habría que concluir que el 65 % de votos recibidos por PRD y CD significaron el apoyo político a la medida que hoy implementa el Ejecutivo. La haría no solamente constitucional y legal, sino plenamente legitimada.

Quienes ahora claman por una constituyente paralela u originaria —con la que podríamos estar de acuerdo en otras circunstancias— dejan de lado la facultad legal que le asiste al Ejecutivo y el factor político que nace de la aprobación del 65 % de votantes en mayo. Si ese clamor se daña con acciones violentas e irrespeto a la autoridad, se estaría propiciando un insalubre clima de anarquía que no puede resultar en algo positivo, especialmente por la delicada situación económica, harto conocida por todos, que vivimos y aleja la posibilidad de tantos empleos necesarios.

Por tanto, no queda más que seguir la clara hoja de ruta planteada por el Ejecutivo, que exige la participación ordenada y madura de los ciudadanos conscientes ante la transcendencia del Acto Constitucional. Opinemos en favor o en contra, pero hay que rechazar la ligereza e irreverencia demostrada por algunos diputados; ella repercute adversamente en la depreciada imagen de ese Órgano. La Asamblea bien podría dedicar parte de sus recursos presupuestarios a promover la docencia con intervención de expertos constitucionalistas y científicos políticos capaces de dar luces técnicas sobre los méritos o deméritos de las propuestas.

Es muy posible que las propuestas no cumplan a cabalidad con todas las expectativas de todos los ciudadanos. Es natural, pero los diputados deben saber escuchar sabias sugerencias y comenzar por encuadrar sus propias facultades dentro del ámbito de la aprobación de leyes realmente útiles y necesarias, y fortalecer su papel fiscalizador de los otros Órganos del Estado. Podrían comenzar por reformar su reglamento interno para asegurar la transparencia que todos queremos ver en ese escenario.

Que no pierdan de vista que el resultado de sus consultas y aprobaciones será pasado por el filtro del referéndum popular. En caso de rechazo, la hoja de ruta circunvalará e ignorará la Asamblea para apelar directamente al pueblo, como ha manifestado el Ejecutivo desde el inicio. Serían los ciudadanos, empoderados, quienes tendríamos entonces que decidir lo apropiado sin tomar en consideración la opinión de los diputados.

La hoja de ruta trazada es la correcta, porque se apoya en la institucionalidad que tanto queremos ver respetada en Panamá, dejando de lado la anarquía y el caos que aparentemente a algunos les interesa propiciar.