No más cierres

Con el más profundo sentido de solidaridad hacia los familiares de las víctimas de la pandemia y el mayor respeto hacia nuestras autoridades sanitarias, lo único más agresivo que la tasa de contagio de la COVID-19 es su capacidad para destruir empleos.

El coronavirus “no vino con un Manual de Instrucciones”, pero en una economía como la panameña, donde 70 % de sus empleos son presenciales, las cuarentenas y toques de queda han tenido un impacto laboral devastador, que aún no termina. Mientras haya restricciones de movilidad y miedo, seguirá aumentando el desempleo. Las repercusiones económicas y sociales de la pandemia serán MUY superiores a su impacto sanitario.

Según el Instituto de Estadística y Censo (INEC), en el 2020 se perdieron 288 951 empleos, sin embargo, la planilla estatal aumentó, por lo que la totalidad del impacto laboral de la COVID-19 lo está sufriendo el sector privado, que perdió 37 % de sus empleos formales, acelerando la tendencia contractiva que viene ocurriendo desde el 2013, cuando los asalariados privados representaban 53 % de la fuerza laboral del país, para disminuir a 33 % en el 2020, una caída de 20 puntos en siete (7) años.

La contracción del consumo es de unos $600 millones mensuales, las cotizaciones a la Caja de Seguro Social (CSS) cayeron 40 % en el 2020 y los ingresos fiscales disminuyeron 27.9 %. Cuatro (4) de cada cinco (5) de los empleos perdidos afectaron a trabajadores con ingresos inferiores a los $750 mensuales y escolaridad inferior a los 11 años. La crisis laboral y social originada por la pandemia impacta principalmente a trabajadores humildes.

En este contexto, “ideologizar” la reapertura de la economía con la discusión de “ricos vs. pobres”, “buenos vs. malos”, o, contraponer “empleo vs. salud”, no tiene sentido. La COVID-19 arruinará a mucha más gente que la que va a enfermar y matará a muchos más de hambre que de la enfermedad. Las estadísticas son claras, contundentes y concluyentes.

Hay nuevas mutaciones del virus, pero ninguna es inmune al uso de la mascarilla y el distanciamiento social. No podemos “infantilizar” a la población. Cada uno se debe cuidar. La destrucción de la economía y miles de empleos no puede ser el precio a pagar por la irresponsabilidad de unos cuantos.

El lado más perverso del daño económico de la COVID-19 es la masiva destrucción del empleo formal privado, lo cual, si bien es una tendencia mundial, en Panamá ocurrió de manera drástica entre el 2013 y 2020.

Cada $1 de salario privado contribuye $0.23 a las finanzas del Estado (ISLR, Seguro Educativo, CSS), proveniente de actividades que aportan a la expansión de la economía. El salario del funcionario también, pero al ser el Estado el empleador, es “sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro”. Los informales, por su parte, aportan poco al financiamiento del funcionamiento estatal.

Hoy tenemos menos asalariados privados y casi el doble de servidores públicos que los que había en el 2004. Actualmente, dos (2) de cada tres (3) trabajadores son informales o funcionarios. Más aún, entre el 2010 y 2020, década durante la cual se amplió el Canal y hubo enormes inversiones en infraestructura, el 92 % de todos los empleos generados fue informal. Esto no es sostenible.

En el marco de los parámetros sanitarios pertinentes, necesitamos eliminar las restricciones de movilidad e inyectar unos $10 mil millones a la economía. Con la grave estrechez fiscal, el alto grado de endeudamiento del Estado y la aguda descapitalización del sector privado, luego de casi un año de cuasiparalización económica, el reto es enorme.

La banca y la Inversión Extranjera Directa (IED) parecen las opciones obvias a corto y mediano plazo. El financiamiento bancario es el “aceite del motor de la economía”, particularmente para un sector privado descapitalizado, por lo que deben simplificar y agilizar los procesos para que la actual liquidez en el sistema bancario llegue a quien la necesita.

Por otro lado, al margen de las iniciativas del Gobierno, como la Ley SEM, Zonas Económicas Especiales y la reciente Ley EMA, 70 % de la IED proviene de la reinversión de utilidades de empresas extranjeras que operan en el país, por lo que usar las experiencias de estos inversionistas como aliados en una estrategia para “vender” Panamá como destino seguro para la IED y atraer dinero fresco tiene sentido.

En resumen, no más cierres, y a trabajar todos juntos para crear confianza e inyectar liquidez a la economía, a fin de echar Panamá hacia delante. Un solo país, un solo equipo, una sola agenda. Manos a la obra.