Carencia de mobiliario inclusivo en la ciudad de Panamá revela déficit social

En el transcurso de las dos últimas décadas, ha aumentado en la ciudad de Panamá la demanda de movilidad de adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con limitación de talla o aumento de peso, mientras que otras requieren ayudas técnicas para poder desplazarse: bastones, sillas de ruedas, muletas y andaderas. Asimismo, algunos individuos se enfrentan a la discapacidad visual, auditiva, física, intelectual o visceral.

La población con discapacidad o sin ella, hace uso de la accesibilidad cuando, de manera segura: Ingresa, permanece y transita por un espacio o recinto, sin interrupciones. De ese modo, son generadas formas de inclusión en igualdad de condiciones.

Para garantizar el acceso al entorno público se exige la incorporación de los mobiliarios urbanos (ergonómicos y antropométricos), por ejemplo: bancas, contenedores de basura, fuentes de agua, semáforos, teléfonos, tapas de alcorque, iluminación y bancos de apoyo isquiático (Senadis, 2008, pp.33-41).

Este mobiliario requiere de especificaciones técnicas, según Senadis (2008): Las bancas públicas y similares deben tener una altura del asiento de 45 a 50 centímetros, y estar firmemente fijadas al suelo; las fuentes de agua se instalarán a no más de 80 cm de altura; los contenedores de agua se ubicarán a una altura de 90 cm; también se colocarán bancos de apoyo isquiático que sirven de descanso para personas con problemas en las articulaciones quienes no pueden utilizar un banco normal. Sin embargo, aún no se consigue ese objetivo básico en una urbe en la que se requiere el estricto cumplimiento de las leyes de beneficio público.

En ese sentido, en la ciudad de Panamá, adquiere relevancia la carencia de mobiliario urbano (inclusivo). Es notorio el incremento de barreras urbanísticas y las dificultades para realizar un itinerario seguro en el espacio público de la urbe y su periferia.

Por otra parte, son incumplidas las normas vigentes de accesibilidad universal: la Ley 42 de 27 de agosto de 1999 y la Ley N° 15 de 31 de mayo de 2016, que reforma la Ley 42 de 27 de agosto de 1999. Ambas legislaciones prevén la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, pero apenas se registra un 10 por ciento de cumplimiento en el ámbito municipal. Ello se traduce en una desventaja para miles de personas que necesitan ejercer cada día su derecho a la movilidad.

El reto más significativo de los gobiernos es ejecutar la aplicación de una política de inclusión social en forma sostenida. La propuesta oficial consiste en adoptar medidas para la instalación del mobiliario urbano en diferentes áreas de la ciudad de Panamá; pero, también deben promover campañas que ayuden a sensibilizar y orientar a la población en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de crear una metrópoli inclusiva, empática y accesible para todos.

Quienes toman las decisiones deberían estudiar los modelos exitosos de inclusión en ciudades como San José (Costa Rica), Curitiba (Brasil), Buenos Aires (Argentina) y Asunción (Paraguay), y poner en práctica innovaciones como la adecuada señalización -visual y auditiva- en áreas de desplazamiento y la eliminación de barreras arquitectónicas que entorpecen la movilidad y crean riesgos de lesiones.

El desarrollo de una cultura de derechos humanos, la educación y la capacitación en asuntos de discapacidad deberían desembocar en el empoderamiento de las comunidades a través de Comités para la eliminación de barreras arquitectónicas. En la actualidad, unos cinco municipios en la República de Panamá han avanzado en esa dirección, para estimular el cumplimiento de la legislación vigente. No obstante, es necesario un decisivo empuje nacional para privilegiar este tema en la agenda del Estado.