El Bogotazo

Han transcurrido 73 años desde que se produjo el denominado Bogotazo, el 9 de abril de 1948, consistente en disturbios ocurridos en la capital de Colombia, como resultado del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Desde esa época, Colombia se mantiene en una vorágine interminable de violencia, causada por grupos armados campesinos, guerrilleros, sicarios al servicio de carteles de la droga, así como la vigencia de políticas oficiales que han profundizado la desigualdad social y la pobreza.

Cabe señalar, al respecto, que con la excusa de combatir la siembra y mercadeo de sustancias ilícitas en ese hermano país, el presidente Álvaro Uribe Vélez, hace 12 años, firmó un acuerdo para que EE. UU. usara siete bases militares en ese territorio: Palanquero, Apiay, Bahía Málaga, Tolemaida, Malambo, Larandia y Cartagena. Para nadie es un secreto que tal objetivo no se ha logrado, puesto que el mayor mercado de la droga es, precisamente, EE. UU.

Advertimos que, para organismos regionales y mundiales, lo mismo que para la comunidad internacional, es un escenario donde son normales la muerte violenta, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados, que no merecen la mínima atención de nadie, mientras que los actores principales cuentan con el aval de Gobiernos, presuntamente, adalides de valores democráticos y de los DDHH, liderizados por la bestia (666) genocida imperialista.

En ese teatro de horror permanente en que se ha convertido Colombia, la lentitud en la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), propició la creación de grupos irregulares, así como al asesinato sistemático de excombatientes comprometidos por la paz del país.

El Instituto de Desarrollo para el Estudio de la Paz (Indepz), señaló recientemente que, en menos de cuatro meses del presente año, 43 líderes sociales y defensores de DDHH han sido asesinados, lo mismo que 14 excombatientes.

En ese hermano país también se han perpetrado 23 masacres hasta la fecha, siendo los departamentos de Norte de Santander, Cauca y Antioquia, los epicentros de estos luctuosos hechos. Según el organismo, de continuar esta dramática situación, Colombia superará la cifra de 91 masacres perpetradas durante el año 2020.

Indepaz aseveró, además, que el número de 15 000 desplazados en 65 eventos masivos contabilizados en apenas tres meses de 2021, representa un aumento en la tendencia sobre ese fenómeno al compararlos con el número total de 2020, donde se presentaron 106 registros de desplazamientos masivos.

A raíz del Bogotazo, según datos oficiales, murieron entre 500 y 3000 personas. Esa fecha no solo marcó un hecho histórico en Colombia, sino que también generó una serie de consecuencias para el país. En 1958 se firmó un acuerdo entre liberales y conservadores, para dividirse el poder en las tres ramas del Estado, y turnarse entre los dos partidos la Presidencia durante 4 períodos (1958 y 1974).

Debido a ese sistema excluyente de acceso al poder, nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), cada grupo de diferentes tendencias.

De acuerdo con los historiadores, en 1974 se ubica el conflicto armado interno en Colombia o período de guerra de guerrillas, el cual, una década más tarde, traería como consecuencia la entrada de un tercer actor armado en el conflicto: los grupos paramilitares. De ahí en adelante, la guerra se intensificó por la comisión de actos violentos como secuestros de civiles, toma de poblaciones, reclutamiento infantil y todo lo que conlleva la degradación de una guerra de baja intensidad, sostenida en el tiempo.

En los años 80, se realizaron las primeras conversaciones de paz con varios grupos armados. La década de 1990 vio la dejación de armas del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el movimiento armado revolucionario Quintín Lame y parte del ELN.

Además, en 1985, se formó el movimiento político Unión Patriótica (UP), como resultado de los primeros acuerdos entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC para ampliar la participación política a sectores marginados. En relación con el genocidio de la Unión Patriótica (1984-2002), el Centro Nacional de Memoria Histórica, aseguró que “la UP enfrentó retos de diversa índole, tanto en su organización interna como por presiones de sus opositores y de sus victimarios”.

En 1986, en su participación en las primeras elecciones políticas, la UP ganó 14 curules para Cámara y Senado, 18 diputados y 335 concejales. Jaime Pardo Leal, candidato a la Presidencia alcanzó el 10 % de la votación del país, convirtiéndose en la más alta de la historia en Colombia por un partido independiente, lo que generó, de inmediato, un plan de exterminio contra sus miembros.

La violencia contra la Unión Patriótica hizo que muchos de sus dirigentes tuvieran que exiliarse. El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 4153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas en lo que se conoce como el genocidio más grande del país.

En 2011, se creó la Ley 1448, que declaró el 9 de abril como el “Día de la Memoria Histórica y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado”, día que también se recordará como El Bogotazo: Asesinato del líder popular liberal Jorge Eliécer Gaitán, que partió la historia del país en dos, mientras sigue la barbarie institucionalizada en ese territorio hermano, sin que el presunto adalid de la democracia y los DDHH, la bestia (666) imperialista y la ONUI digan nada y la ciudadanía mundial mire hacia otro lado.

Fraternal saludo y adelante, siempre adelante, desde nuestro masacrado e intervenido Corinto Bolivariano: Panamá.