Una ayuda que aún no llega

Los programas alimentarios en Panamá conforman un conjunto desarticulado y fragmentado de acciones que implementan el Gobierno Nacional, las empresas, los clubes cívicos y las organizaciones religiosas, entre otros. Las superposiciones, duplicaciones de esfuerzos, carencia de criterios para definir los beneficiarios y, principalmente, el clientelismo político desembozado hacen que muchos que no necesitan ayuda la reciban mientras que, dramáticamente, otros que deberían mejorar sustancialmente su nivel alimentario no sean alcanzados. Estos programas cuestan anualmente algo más de 50 millones de dólares, sin contar lo que de forma desprendida muchos ciudadanos anónimamente invierten a través de las campañas dentro de sus propias parroquias o directamente participan a través de juntas comunales y organismos no gubernamentales. Pese a este esfuerzo fiscal y económico significativo, el país ha carecido históricamente de un sistema que garantice la seguridad alimentaria principalmente de niños, madres y ancianos en riesgo.

En el orden nacional, existe desde el año 2004 la Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Senapan), cuyo Plan 2009-2015 involucra a más de 30 instituciones gubernamentales, académicas, gremios profesionales, laborales, sindicales y agencias de cooperación internacional. Del plan se derivan varios programas enfocados a reducir la vulnerabilidad nutricional de las poblaciones más pobres, prevenir la desnutrición infantil, reducir la mortalidad materna, mejorar los conocimientos sobre nutrición y alimentación, incentivar la agricultura familiar, y establecer un sistema integrado de vigilancia y evaluación nutricional.

Sumado a esta atomización de esfuerzos, el Gobierno Nacional ahora intenta implementar la campaña 5 al Día , con el interés de crear conciencia acerca de los beneficios que brinda el consumo de frutas y verduras. Esta iniciativa se realiza con la participación de los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Agropecuario, el IMA, productores nacionales y la Acodeco, y empezará en 95 escuelas primarias de la región metropolitana, donde se ha detectado altos niveles de sobrepeso y obesidad debido al consumo de frituras y golosinas.

Se estima que la inclusión de por lo menos 5 porciones diarias de frutas y verduras a la alimentación habitual reduce sensiblemente la mortalidad por enfermedad arterial coronaria, accidente cerebro-vascular y cáncer, así como la incidencia y prevalencia de sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial y diabetes, todos factores de riesgo de la enfermedad arteriosclerótica. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la sustitución de alimentos altos en calorías, ricos en grasas no saturadas y abundantes en azúcares de absorción rápida, por frutas y vegetales, es crucial para combatir las enfermedades crónicas.

Pero si el Gobierno no cambia el enfoque, independientemente de sus buenas intenciones, seguirá el malgasto de recursos y la nutrición de toda la población será cosa de sueños. Por tanto, se presupone que Senapan defina, compartidamente con la sociedad civil, los criterios para identificar los beneficiarios, asignar los recursos a las áreas más necesitadas y diseñar mecanismos de auditoría, seguimiento y evaluación de los programas.

Para la ejecución de estos programas, no se necesitan más recursos de los ya existentes. Lo que realmente se requiere es unificar las acciones dentro de un esfuerzo único, para evitar superposiciones y asegurar que las instituciones gubernamentales, productores y agencias de cooperación internacional se sincronicen con los mecanismos establecidos.

No se trata, entonces, de que el Gobierno Nacional tenga el propósito de centralizar la política alimentaria, sabiendo que Panamá es un país deficitario en cuanto a su producción de alimentos. Tampoco se trata de generar un sistema vertical y autoritario, puesto que lo que se está haciendo es firmar acuerdos alimentarios. Y un acuerdo es, por definición, un consenso como mínimo entre dos partes libres. Los panameños tienen la obligación de saber el destino final de los recursos que el Gobierno está designando para ayuda social, así como respetar que los recursos lleguen a donde deben llegar. Mecanismos de auditoría deben ser realizados por organismos independientes y por inspectores de Contraloría, según corresponda los procedimientos diseñados para tal propósito. En definitiva, se pretende aumentar la eficiencia conjunta de las acciones alimentarias introduciendo elementos de cooperación y no de competencia estéril, y terminar así con programas fragmentados entre los distintos niveles burocráticos. Asimismo, se promueve la participación de diferentes organismos de la sociedad civil en la programación alimentaria a nivel nacional.

Es importante igualmente destacar que la propuesta de organizar un sistema consistente de programas para aumentar su eficiencia y para que los alimentos lleguen efectivamente a quienes los necesitan ha sido siempre una recomendación hecha en varios estudios realizados por los equipos técnicos de anteriores administraciones. Entonces, las diferencias entre el Gobierno y las demás instancias, si las hubiese hoy, no son técnicas, sino políticas. La cuestión no es la centralización, sino la transparencia misma de la política alimentaria. Una de las maneras de reconciliar la política con la ética es finalizar con el uso político-clientelar de la ayuda alimentaria. Tratándose de una inversión social crucial para toda la sociedad panameña, los gobernantes deberán entender que lo que está en juego es un imperativo moral para con los hogares más vulnerables de nuestro país y que, en este sentido, lo que aquí también debe minimizarse definitivamente es la política folclórica, típica de la frase del que reparte y comparte le toca la mejor parte. Solo así comenzaremos a construir ciudadanos y no súbditos.

*Empresario.lifeblends@cableonda.net